España pone fecha de caducidad al P2P: primer semestre de 2010
Los ministerios de Cultura e Industria fijan el periodo de presidencia española de la UE como límite para tener un nuevo marco jurídico que frene el intercambio gratuito de contenidos
ANA TUDELA - MADRID - 10/07/2008 18:05
El Ministerio de Cultura y el de Industria cabalgan juntos de nuevo. Después de pactar los precios y dispositivos afectados por el llamado canon digital, se acaban de poner un nuevo reto: "la definición de un marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como en el seno de la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010". Así lo aseguran hoy en un comunicado tras la reunión de la Comisión Intersectorial que ha presidido el ministro de Cultura, César Antonio Molina.
Y ese reto, reducida drásticamente la venta ilegal de contenidos en forma de top manta, equivale ahora a poner coto a los programas de intercambio de archivos (P2P) como eMule o BitTorrent. Por eso, en el comunicado se habla expresamente de la necesaria colaboración de las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de acceso a Internet.
Líneas maestras del plan
La Comisión Intersectorial ha definido una serie de medidas maestras para lograr su objetivo de luchar contra lo que definen en general como "piratería". El foco principal de las actuaciones será "la lucha contra los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno digital". Para suplir por negocio lo que se quiere eliminar, además se impulsará "la consecución de acuerdos entre la industria de los contenidos y los operadores de Internet en la búsqueda de nuevos modelos de negocio que [...] ofrezcan mayor valor añadido e interés para los consumidores".
El objetivo es conseguir acuerdos entre la industria de los contenidos y los operadores
Además, se difundirá un Manual de Buenas prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, que ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura, Justicia, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía General, las entidades de gestión de derechos (entre ellas SGAE) y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Cultura destinará 2,26 millones de euros a una campaña de sensibilización en los medios entre noviembre de este año y marzo de 2009.
fuente:elpublico
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