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REDACCION | 4577 lecturas
Alberto Ruiz Gallardón indulta a dos políticos corruptos condenados por prevaricación urbanística
Fernando de Oyarbide.- Todo parece indicar que los ánimos están muy caldeados en el Ministerio de Justicia, donde el ministro Alberto Ruiz Gallardón va sumando detractores. No resulta extraño que la asociación mayoritaria de la carrera judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, que cuenta con más de 1200 magistrados, se pronuncie en contra de los planes de reforma del ministro, calificando sus propuestas de “fullera propuesta ministerial”.
El caso es que cada vez más se detectan en el ministro Gallardón maniobras en la sombra que poco pueden beneficiar a su imagen, ya de por sí deteriorada por sus cameos con el progresismo.
Recientemente se ha sabido que entre reforma y reforma, el ministro Ruiz Gallardón ha tenido tiempo de tramitar varios indultos a personajes como Tomas Gómez Arrabal, condenado por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, en sentencia de 20 de octubre de 2009, como autor de tres delitos de prevaricación urbanística, a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos electivos durante diez años por cada delito; y cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y otros cinco de prevaricación urbanística, a la pena por cada delito de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos electivos durante diez años, con el máximo de cumplimiento efectivo conforme al artículo 76 del Código Penal de tres años de prisión, por hechos cometidos en los años 2001-2004.
Lo mismo ha hecho el ministro con María Teresa Mesa Pernía, condenada por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, en sentencia de 20 de octubre de 2009, como autora de tres delitos de prevaricación urbanística y cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística, a la pena por cada uno de ellos de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos electivos durante diez años, por cada delito, con el máximo de cumplimiento efectivo conforme al artículo 76 del Código Penal de veintisiete meses de prisión, por hechos cometidos entre los años 2001 y 2004.
Ambos políticos han conseguido eludir las sentencias impuestas gracias al indulto promovido por el ministro el 29 del pasado mes de junio por un Real Decre