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Chincheta Autor Tema: PALPITO-NO SALDREMOS DE LA CRISIS HASTA EL 2020  (Leído 165810 veces)

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Las dobles subvenciones a los cortometrajes del cine español

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La financiación pública destinada a las películas convencionales no es la única línea de subvenciones públicas que recibe el cine español. También los cortometrajes reciben abundantes ayudas públicas y, en línea con la industria del largometraje, acaparan estas subvenciones tanto antes de acometer el proyecto como una vez está realizado.
El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, dependiente del departamento dirigido por la ministra González Sinde, ha distribuido un millón de euros entre las productoras que realizan cortometrajes en España, a pesar de ser un mercado que apenas tiene espectadores en consonancia con el conjunto del cine español.
Estas subvenciones públicas se dividen, como ha quedado dicho, en dos fases. La primera consiste en entregar dinero a los beneficiarios antes de rodar sus creaciones. Después, si finalmente se rueda el cortometraje y al margen de que sea o no exhibido en las salas de proyección, el beneficiario puede recibir una ayuda adicional cuyo conjunto completa el millón de euros previsto.
Por si eso fuera poco, el ministerio de Cultura ha destinado una cantidad adicional de 750.000 euros para aquellas personas o entidades que realicen cursos, seminarios, publicaciones y cualquier otra actividad que vaya destinada a elevar la cultura cinematográfica del cine español, con lo que esta remesa de fondos públicos para la financiación de un sector tan minoritario se acerca a los dos millones de euros.
La subvención más cuantiosa a los cortometrajes "sobre proyecto", es decir, antes del rodaje, ha correspondido a la productora "Dok Films", dirigida por el francés Alain Fournier, para el corto "Requiem por los Modlin", por un total de 22.750 euros.
En cuanto a los cortometrajes ya realizados, la palma subvencionadora se la lleva el corto "Uniformadas", de Irene Zoe Alemeda, cuyo argumento gira en torno a la "construcción de género". La protagonista, una niña que acude a un colegio de monjas, quiere ser hombre de mayor, lo que provoca algunos conflictos con su entorno. Con tal argumento no es de extrañar que haya sido el cortometraje más subvencionado de la temporada con 43.000 euros.
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Cataluña triplica en 8 años sus organismos públicos

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Los organismos públicos dependientes de la Generalidad, incluyendo entidades de diversos tipos, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones se han triplicado en ocho años, pasando de 88 en 2003 a un total de 268 en el año 2011.
Así consta en la documentación de los diversos Presupuestos de la Generalidad, de manera que en 2003, todavía con el gobierno de CiU, eran 88; en 2005, ya con el tripartito, aumentaron a 203, y en el último año de gobierno de José Montilla se elevaron a 245 entidades y organismos, informa Europa Press.
En 2011, el crecimiento del sector participado total o parcialmente por la administración pública catalana siguió creciendo y se colocó en 268, según consta en la documentación de los presupuestos, es decir 23 entidades más.
De las 268 entidades que constan como última información disponible, un total de 28 son entidades que han sido calificadas contablemente como SEC, a pesar de que la Generalidad no tiene el control mayoritario, y se clasifican de manera técnica como AP-SEC. El crecimiento y la reordenación del sector público catalán ya había sido identificado como uno de los problemas por el anterior consejero Economía, Antoni Castells (PSC).
Castells anunció en junio de 2010 que desaparecerían 63 entidades del total de 247 que había en ese momento en sector público catalán, pero la realidad es que en los Presupuestos del 2011 no sólo no había 63 entidades menos, sino que había 21 entidades públicas más. Castells anunció que este proceso iba a afectar a 6 entidades de derecho público, 23 sociedades mercantiles, 11 fundaciones y 18 consorcios, de los que el 24 % se iban a disolver y el 25 % se integrarían en otros organismos.
Portavoces de la consejería de Economía no han podido concretar por qué no se produjo finalmente este recorte de organismos públicos ni si en este hecho influyó el calendario electoral, con elecciones en noviembre de aquel año.
Su sucesor, Andreu Mas-Colell (CiU), ha puesto el acento en que se han de reducir las políticas de gasto público, hecho es la única consejería de Economía autonómica que ha presentado una reducción del presupuesto del 10%, como hizo en las cuentas públicas de 2011, pero no ha explicado cómo va a reordenar el sector público catalán, en un momento en que desde el Gobierno central se pretende acotar y limitar el gasto autonómico.
El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas en 2010.
No todo el crecimiento del sector público se debe a un aumento del gasto, sino que una parte del mismo se debe a que la normativa contable SEC ha ido aumentado año tras año el número de entidades que debían contabilizarse como parte del gasto público, con lo que la deuda que acumulaban debían tenerse en cuenta como parte del endeudamiento de la Generalitat y no podía centrifugarse fuera del presupuesto.
Precisamente, una de las quejas recurrentes del actual gobierno catalán que encabeza Artur Mas es el alto endeudamiento de algunas de esta entidades y empresas públicas.
Este es el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que debe 1.500 millones de euros, de ellos 1.300 millones a la banca y otros 200 millones a proveedores diversos, y ante esta situación la Generalitat ha optado por subir el canon del agua un 8,5% y privatizar la gestión de la sociedad Aigües del Ter-Llobregat.
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La actividad del Fogasa se dispara un 400% y su plantilla reclama personal


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CCOO ha anunciado este lunes que la plantilla del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de abonar a los trabajadores de empresas en quiebra los salarios e indemnizaciones correspondientes, iniciará movilizaciones el próximo mes de septiembre por la enorme carga de trabajo que soporta y la falta de soluciones a este problema por parte del Ministerio de Trabajo, informa Europa Press.
"Con una plantilla ridícula de 400 personas es imposible dar salida a más de 100.000 juicios, a más de 170.000 expedientes que afectan a un cuarto de millón de trabajadores de 70.000 empresas", alega CCOO.
Según el sindicato, actualmente están pendientes de resolver cerca 70.000 expedientes y, a pesar de ello, "el Gobierno no busca las soluciones necesarias para evitar un atasco de tal magnitud que puede hacer quebrar la gestión del Fondo de Garantía Salarial".
La situación de caos que, según CCOO, reina en el organismo, se ha agravado en los meses de verano, por las vacaciones de parte de la plantilla. "El trabajo se acumula hasta límites insoportables y el retraso es de tal envergadura que provoca la desorientación de todos los gestores", explican.
Además, según el sindicato, Trabajo calcula que en 2012, tras asumir el Fogasa el abono de los 8 días de despido, se alcanzará una acumulación de 200.000 expedientes. "El trabajo de un año y medio si tenemos en cuenta la plantilla actual", añade CCOO.
"El Fogasa es en la actualidad un circo donde se han buscado soluciones demenciales a la falta de plantilla, transgrediendo elementos que debieran garantizarse con especial cuidado desde una Administración Pública. Se han cerrado acuerdos de colaboración para que los penados de algunas cárceles trabajen gratis en el organismo, también se externalizan tareas a través de talleres protegidos o centros especiales de empleo que acogen a personas con alguna discapacidad pero sin cuidar las condiciones de trabajo de estos últimos", explica el sindicato.
Para CCOO, la incorporación de la plantilla necesaria es "ineludible", pues las cargas de trabajo se han incrementado un 400% y "no se ha hecho nada", siendo los trabajadores que necesitan la actuación del Fogasa los paganos de esta situación.
"Septiembre va a ser un mes desastroso para la gestión del organismo y los trabajadores del mismo consideran que ha llegado el momento de que los responsables del Ministerio de Trabajo asuman las responsabilidad que les toca y solventen los déficit del Fogasa. De no ser así, el conflicto es seguro",
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es una verguenza habria que salir a la calle a preguntar

o pedir ayuda pero se esta mucho mejor sentado con el aire dado rascandonos la barriga y mientras vemos como este pais se va al garete para que molestarse si ya tienen su jubilacion bien pagada
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Cada español aporta 6.300 euros para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal


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El último paquete urgente de medidas aprobado el pasado viernes por el Gobierno, y ratificado este martes por el Congreso, no sólo recoge una cuantiosa hipoteca -de más de 3.000 millones de euros- para las grandes empresas hasta 2013, ni una reducción del IVA al 4% para la compra de vivienda nueva durante apenas cuatro meses o un plan para reducir el insostenible gasto farmacéutico... El citado texto introduce también una importante modificación presupuestaria para casi duplicar la aportación inicial de España al famoso Fondo de rescate europeo.
En concreto, la factura que pagará el Estado español (vía impuestos) para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal pasa de 53.900 millones de euros a un total de 92.543 millones, es decir, casi 38.700 millones más. Esta es la cuantía total (incluyendo avales) que tendrán que aportar a partir de ahora los contribuyentes españoles.
Esta cantidad equivale a 1.969 euros per cápita (por cada residente en España). Sin embargo, puesto que en la práctica dicho coste será abonado vía impuestos, los contribuyentes españoles pagarán una media de 5.247 euros para este fin, tomando como referencia los 17,6 millones de cotizantes (ocupados) a la Seguridad Social del pasado mes de julio.
De hecho, la factura asciende a algo más de 6.300 euros si tan sólo se tiene en cuenta la aportación obligatoria de los contribuyentes netos, que son los que en última instancia sostienen todo el entramado público (unos 14,4 millones de trabajadores del sector privado, excluyendo pues a los empleados públicos, receptores netos de rentas públicas).
La razón de este sustancial aumento de la aportación española al Fondo deriva del segundo rescate griego acordado el pasado julio. La denominada Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) se constituyó oficialmente en Luxemburgo el 7 de junio de 2010 con el fin de prestar dinero a los países insolventes de la zona euro. Desde entonces, Grecia, Irlanda y Portugal han precisado de ayuda exterior para evitar la suspensión de pagos.
Sin embargo, el deterioro de Grecia obligó a aprobar un segundo rescate por parte de los socios comunitarios. Para ello, los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, en sus cumbres de 11 de marzo y de 21 de julio de 2011, acordaron incrementar la capacidad inicial del Fondo para extender la ayuda a Grecia y tratar así de combatir el temido contagio financiero a otros países socios.
De ahí que los avales iniciales aportados por España pasen ahora de 53.900 millones a un total de 93.543 millones de euros. Tal y como indica el Real-Decreto:
En el caso de España, este nuevo compromiso, asciende hasta un máximo de 92.543.560.000 euros, lo cual requiere la modificación de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado con el fin de incrementar el límite de avales a otorgar en garantía de las obligaciones económicas de la FEEF. A esta finalidad responde la regulación de la Disposición final primera de este Real Decreto-ley.
¿ Y qué dice la citada disposición?
Disposición final primera. Modificación de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Los apartados Uno y Dos del Artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, relativo al importe de los avales del Estado, quedan redactados en los siguientes términos:
Uno. El importe máximo de los avales a otorgar por el Estado durante el ejercicio del año 2011 no podrá exceder de 115.543.560 miles de euros.

Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se reservan los siguientes importes:

a) 22.000.000 miles de euros para garantizar, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima primera, apartado 9, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, las obligaciones económicas exigibles al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que constituyan el activo del mismo.

b) 92.543.560 miles de euros para garantizar las obligaciones económicas exigibles a la sociedad denominada ‘‘Facilidad Europea de Estabilización Financiera’’, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así como de cualesquiera otras operaciones de financiación que realice dicha sociedad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de los Estados miembros de la Zona del Euro.

c) 500.000 miles de euros para garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de financiación concertadas por empresas, válidamente constituidas en España, que acometan inversiones en España para el desarrollo e industrialización del vehículo eléctrico o baterías para los mismos.
De este modo, los avales públicos comprometidos por el Gobierno en los Presupuestos de 2011 para financiar determinadas operaciones de deuda (para producir coches eléctricos, pagar el déficit tarifario a las eléctricas y rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal) ascienden a un total de 115.543 millones de euros. El 80% de esta cantidad se destina exclusivamente al Fondo de rescate comunitario.
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La rebaja temporal del IVA no beneficiará a los compradores particulares de pisos

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La rebaja del IVA del 8% al 4% para la compra de vivienda nueva decretada por el Gobierno hasta el 31 de diciembre, no será útil para estimular el mercado inmobiliario español.
El motivo es que los compradores de pisos nuevos en manos de la banca no podrán beneficiarse de la rebaja del IVA al 4% debido a que la adquisición de estas viviendas no tributa por este impuesto sino que lo hacen sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), según fuentes del Consejo General del Notariado. El ITP depende de cada comunidad autónoma y puede ser del 7% o el 8% del precio del piso.
Por ese motivo, será de la propia política comercial de las entidades de la que dependerá el precio que paguen los particulares. Para que la bajada de precio que supone en la práctica esta rebaja fiscal se traduzca a los pisos que venden los bancos, las propias entidades deberán recortar el precio que piden por sus casas.
Cuando un banco se queda con una vivienda nueva procedente de una promotora y la vende a un particular obligatoriamente el impuesto que éste tiene que pagar es el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que sigue sin haberse modificado, lo que pone en duda que los consumidores decidan adelantar sus decisiones de compra y que llegue liquidez a los balances de cajas de ahorro como adelantó el Gobierno al anunciar su propuesta.
Para eliminar esta diferencia en el tratamiento fiscal de la vivienda nueva respecto de la usada, el PSOE de Castilla y León ha propuesto reducir el ITP que grava las transmisiones de segunda mano, con el fin de reducir el stock en esta comunidad. Para ello plantea reducir el valor de este impuesto al 4% hasta el próximo 31 de diciembre. También, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, propuso ayer al Gobierno valenciano que baje el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7% al 3%.
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El Gobierno aprobará el viernes nuevos parches en la contratación laboral

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Una tasa de desempleo juvenil de más del 40% en España ha convertido a este colectivo en el principal problema del país. Las estadísticas dejan en un mal lugar al Ministerio de Trabajo que se ha apresurado a tomar medidas para sacar de las listas del paro a una gran cantidad de jóvenes mediante un nuevo plan de programas de formación.
Concretamente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este martes que en el Consejo de Ministros del próximo viernes incluirá en sus propuestas "adaptaciones en las modalidades de contratación" para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y su formación.
Según informa el diario el Economista los planes del Ejecutivo consistirán en una modificación en los contratos de formación de los jóvenes que se centrarían en ampliar la edad máxima de contratación desde los 25 vigentes hasta los 30 años. Hay que recordar que con la entrada en vigor de la última Reforma Laboral se produjo una nueva política de contratación que ampliaba esta edad de los 21 hasta los 25 años.
Además, para fomentar la contratación de formación, el Ministerio de Trabajo eximirá a las empresas de pagar las cuotas de la Seguridad Social en este tipo de convenios. Otra medida de Valeriano Gómez será la ampliación del  tiempo de formación del 15% actual al 25% o 30%, y la duración de los contratos del máximo de dos años vigente a una variación de entre dos y tres en función de las necesidades formativas
El pasado mes de julio, Trabajo anunció otro plan de formación que contribuiría a sacar de las cifras oficiales del paro a cerca de 600.000 jóvenes sin estudios (el 12% de los desempleados). El proyecto consistirá en programas formativos que cualifiquen a los jóvenes para facilitarles el acceso a un empleo aunque es curioso que todos los jóvenes beneficiarios de estos cursillos solo por asistir quedaran automáticamente fuera de las cifras de desempleo.
Prorroga de los 400 euros otros seis meses
Zapatero confirma también que el Gobierno ha decidido prorrogar la ayuda de los 400 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones y que realicen actividades de formación otros seis meses más. Esta prestación solo podrán obtenerla aquellos que acudan a cursos de formación y estos pasarán a no considerarse técnicamente parados lo que beneficiaría de forma significativa los resultados
Otra de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados ha sido la ampliación del plazo para convertir contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, así como la prórroga del mecanismo de pago por parte del Fogasa de parte de la indemnización por despido.
De la misma forma, la norma incluirá la remisión al primer semestre de 2013 de la implantación del Fondo individual de capitalización mantenido a lo largo de toda la vida laboral previsto para casos de despido, completar la formación o, en último término, en el momento de la jubilación.
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El Gobierno aprobará el viernes nuevos parches en la contratación laboral

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Una tasa de desempleo juvenil de más del 40% en España ha convertido a este colectivo en el principal problema del país. Las estadísticas dejan en un mal lugar al Ministerio de Trabajo que se ha apresurado a tomar medidas para sacar de las listas del paro a una gran cantidad de jóvenes mediante un nuevo plan de programas de formación.
Concretamente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este martes que en el Consejo de Ministros del próximo viernes incluirá en sus propuestas "adaptaciones en las modalidades de contratación" para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y su formación.
Según informa el diario el Economista los planes del Ejecutivo consistirán en una modificación en los contratos de formación de los jóvenes que se centrarían en ampliar la edad máxima de contratación desde los 25 vigentes hasta los 30 años. Hay que recordar que con la entrada en vigor de la última Reforma Laboral se produjo una nueva política de contratación que ampliaba esta edad de los 21 hasta los 25 años.
Además, para fomentar la contratación de formación, el Ministerio de Trabajo eximirá a las empresas de pagar las cuotas de la Seguridad Social en este tipo de convenios. Otra medida de Valeriano Gómez será la ampliación del  tiempo de formación del 15% actual al 25% o 30%, y la duración de los contratos del máximo de dos años vigente a una variación de entre dos y tres en función de las necesidades formativas
El pasado mes de julio, Trabajo anunció otro plan de formación que contribuiría a sacar de las cifras oficiales del paro a cerca de 600.000 jóvenes sin estudios (el 12% de los desempleados). El proyecto consistirá en programas formativos que cualifiquen a los jóvenes para facilitarles el acceso a un empleo aunque es curioso que todos los jóvenes beneficiarios de estos cursillos solo por asistir quedaran automáticamente fuera de las cifras de desempleo.
Prorroga de los 400 euros otros seis meses
Zapatero confirma también que el Gobierno ha decidido prorrogar la ayuda de los 400 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones y que realicen actividades de formación otros seis meses más. Esta prestación solo podrán obtenerla aquellos que acudan a cursos de formación y estos pasarán a no considerarse técnicamente parados lo que beneficiaría de forma significativa los resultados
Otra de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados ha sido la ampliación del plazo para convertir contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, así como la prórroga del mecanismo de pago por parte del Fogasa de parte de la indemnización por despido.
De la misma forma, la norma incluirá la remisión al primer semestre de 2013 de la implantación del Fondo individual de capitalización mantenido a lo largo de toda la vida laboral previsto para casos de despido, completar la formación o, en último término, en el momento de la jubilación.
esto es bueno no??
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aquí tienes la respuesta Versus

El Gobierno suspende el límite para encadenar contratos temporales

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El Gobierno quiere suspender durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Así consta en el borrador del Real Decreto-Ley que el próximo viernes llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suspender temporalmente la regla que impide encadenar contratos temporales se debe a que, "lejos de fomentar la contratación indefinida", puede estar produciendo "efectos indeseados" de no renovación de contratos temporales.
En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que durante dos años quedará suspendido el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.
En cuanto al nuevo contrato de formación, el Gobierno explica en su borrador que se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad.
En el texto se explicita que la duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. Estos contratos no podrán efectuarse cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a un año.
Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.
El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.
El SMI será la referencia y la jornada no podrá superar el 75%
Según el borrador, el trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato.
El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.
La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contigencias y prestaciones de la Seguridad Social.
Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2013 con trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.
Asimismo, los trabajadores contratados bajo esta modalidad estarán eximidos de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.
Suplemento de crédito de 50 millones para pagar los 400 euros
El Real Decreto-Ley que irá este viernes al Consejo de Ministros prorrogará hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque sólo en los casos de despidos procedentes, al tiempo que retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización acordado por Gobierno y agentes sociales.
También se establece que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, se adoptarán las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo.
La norma prorroga además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado Plan Prepara, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Para atender el pago de estas ayudas, el decreto contempla un suplemento de crédito al servicio público de empleo estatal, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros.
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Trabajo subvenciona los "desayunos" de la Federación de Mujeres Progresistas

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El ministerio de Trabajo e Inmigración es el que más subvenciones reparte, con diferencia, de todo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión se trata de fomentar la llamada "responsabilidad social corporativa" de las empresas y autónomos a golpe de subvención y, de paso, financiar los gastos de las asociaciones, federaciones, confederaciones y fundaciones que así lo soliciten.
No estamos hablando de subvenciones directas a las empresas y autónomos para que ejerciten la "responsabilidad social corporativa", sea esto lo que sea, sino de financiar a aquellas entidades "sin fin de lucro" que de forma más o menos marginal pretenden organizar algún acto para divulgar ese concepto etéreo de la responsabilidad social.
Esta es la razón por la que la Federación de Mujeres Progresistas, entidad aparentemente poco preocupada de estudiar asuntos que tienen que ver con la economía de empresa, haya trincado también una subvención de 11.252 euros con setenta y tres céntimos para organizar unos "desayunos de intercambio de ideas sobre promoción de la responsabilidad social empresarial".
Junto a las inevitables asociaciones relacionadas con el PSOE como la antecitada, la Fundación Alternativas o la Fundación Gregorio Peces Barba, aparecen también en el listado los sindicatos, cuyo carácter ubicuo siempre que hay subvenciones en lontananza vuelve a acreditarse con el ejemplo de la UGT, beneficiaria de dos subvenciones que en conjunto superan los 75.000 euros.
El grueso de las subvenciones repartidas en esta ocasión corresponde a las muy numerosas asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales de todo tipo, cada una de las cuales acapara subvenciones en función de su relevancia y de lo ambicioso de sus objetivos. También aparecen las universidades públicas, cuyos trabajos académicos sobre la materia reciben asimismo la benéfica lluvia estatal de dinero público.
En total han sido unos seis millones de euros los que todos los españoles hemos entregado a estos grupos organizados para que fomenten la responsabilidad social corporativa, que, al parecer, debe ser la principal preocupación del empresario español en las circunstancias actuales.
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Los hechos demuestran que España es ya un protectorado del BCE


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La historia se repite. En mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado, en contra de su voluntad y de sus principios ideológicos, a presentar un histórico paquete de recortes presupuestarios (congelación de pensiones y rebaja salarial a los funcionarios, entre otras medidas) con carácter de urgencia ante el Congreso para tratar de evitar la bancarrota de España.
Este mes de agosto acaba de acontecer algo muy similar. El Banco Central Europeo (BCE) intervino en el mercado de deuda pública de España e Italia hace ahora algo más de dos semanas para tratar de rebajar la disparada prima de riesgo que presentaban ambos países. Desde entonces, el organismo monetario ha adquirido unos 36.000 millones de euros en bonos periféricos, aunque se desconocen por el momento las cuantías exactas correspondientes a España e Italia.
Tras la primera adquisición, la prensa italiana filtró una carta enviada por el BCE al Gobierno de Berlusconi en la que imponía determinadas condiciones. Días después, Roma aprobó un plan de ajuste para tratar de reequilibrar sus cuentas públicas en línea con lo estipulado desde Bruselas.
El Gobierno español, sin embargo, echa balones fuera ante las reiteradas preguntas de los medios acerca de una supuesta carta remitida igualmente desde el BCE. De hecho, la ministra de Economía, Elena Salgado, insiste en que las últimas medidas económicas propuestas con urgencia desde Moncloa no responden a ningún mandato externo sino a una decisión "autónoma". Pero los hechos no concuerdan con tales declaraciones.
Reforma constitucional
En primer lugar, Zapatero propuso este martes, por sorpresa, reformar la Constitución para limitar el déficit público y la deuda a partir de 2018 ó 2020. Esta medida ha sido reiteradamente rechazada por el PSOE... Hasta ahora. ¿A qué responde dicho cambio? El Gobierno comenzó a plantearse la posibilidad de reformar la Constitución en la segunda semana de agosto, horas después de que el BCE anunciase la compra de bonos españoles.
La reunión del BCE en la que se trató este tema tuvo lugar el 7 de agosto, y el día 10 -miércoles- Salgado solicitó un informe jurídico a sus asesores paras saber si la modificación constitucional para limitar el déficit era posible y, en concreto, de qué modo podía llevarse a efecto, según informa este jueves El Mundo. Lo que más llama la atención es la celeridad con la que se tomó esta decisión, que carece de precedentes.
A la semana siguiente, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebraron una reunión bilateral en la que instaban explícitamente a los 17 socios miembros de la zona euro a introducir límites constitucionales al déficit antes de mediados de 2012. España ha sido el primer país en recoger tal iniciativa, que ya fue instaurada por Alemania en 2009. En estos últimos días, Zapatero aceleró los contactos políticos para poner en marcha tal reforma, alegando ante la cúpula del PSOE que "es la medida menos dura de las que se podía tomar".
Moderación salarial
Asimismo, Zapatero se reunió el pasado 17 de agosto en el Palacio de La Moncloa con los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, para abordar la situación económica y pedirles un nuevo esfuerzo de moderación salarial, según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación. Lo sorprendente, una vez más, es que tal reunión se desarrolló en secreto, según informa El País.
Pero más allá de lo que comentaron durante este encuentro, lo cierto es que la respuesta sindical no se hizo esperar y al día siguiente los dirigentes de CCOO y UGT hicieron pública una carta que habían enviado a Zapatero y que puede interpretarse como la respuesta de ambas organizaciones a las peticiones del presidente.
En aquella carta, Toxo y Méndez le expresaban su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizaban una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad. Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se mostraban dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012 -hasta 2014- a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.
El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.
Reforma laboral
También en agosto se ha gestado una nueva reforma laboral por la puerta de atrás que, en gran medida, tumba algunos de los preceptos establecidos en la anterior reforma. Así, por ejemplo, Trabajo suspenderá durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Además, estos nuevos contratos de formación en su mayoría estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2013. Estos parches laborales serán aprobados este viernes en Consejo de Ministros.
Nuevo ajuste fiscal
Por último, y al igual que ha acontecido en Italia, el Gobierno se plantea seriamente subir los impuestos a las rentas altas, una medida descartada hasta hace apenas unas semanas. Así, más allá de la hipoteca fiscal impuesta a las grandes empresas el pasado viernes, el recorte del gasto farmacéutico o la reducción del IVA al 4% para la compra de vivienda nueva, medidas todas ellas aprobadas igualmente por vía de urgencia mediante un Real-Decreto, Economía podría otorgar luz verde este mismo viernes a un nuevo aumento tributario.
En definitiva, las prisas y los bandazos ofrecidos por el Gobierno estas últimas semanas para poner en marcha nuevas medidas económicas coinciden con la intervención del BCE en el mercado de deuda nacional, lo cual implica un rescate encubierto. ¿Casualidad?
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El Ibex 35 pierde un 0,84% y peligran los 8.200 puntos

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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con una caída del 0,84%, que le ha situado por debajo de la cota de los 8.300 puntos (8.299,1), en una jornada bajista en toda Europa y también en Wall Street, tras la publicación de los datos de desempleo.
Los mayores descensos fueron para Endesa (-2,1%), Gas Natural (-1,8%), Repsol YPF (-1,61%), Telefónica (-1,58%) e Iberdrola (-1,31%). El sector financiero, Telefónica se dejó un 1,58%, por delante de BBVA (-0,73%) y Banco Popular (-0,6%).
En el lado positivo se colocaron BME (+1,91%), Ferrovial (+1,71%), FCC (+1,59%), Gamesa (+0,98%) y CaixaBank (+0,8%). Banco Sabadell subió un 0,41% y Bankinter terminó plano.
El Ibex aguantó buena parte de la sesión con ganancias, pero el rumor de que Alemania podría sumarse a la iniciativa de algunos países europeos de prohibir las posiciones cortas elevó el número de estas operaciones, lastrando al índice alemán.
La caída en Francfort, que ha llegado ha dejarse un 4%, provocó el descenso en el resto de índices, a lo que también ha contribuido el signo negativo de New York tras la publicación de las peticiones semanales de subsidios por desempleo, que registraron un incremento de 5.000 solicitudes durante la semana pasada, hasta las 417.000 peticiones, informa Europa Press.
No obstante, el mercado alemán finalmente recuperó posiciones tras desmentirse el rumor y cerró con una caída del 1,71%. La moderación del descenso también alivió al resto de índices y Lisboa se dejó un 0,9%, seguido de París (-0,65%) y Milán (-0,3%).
Los inversores mantienen su atención en la conferencia que este viernes ofrecerá el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. El mercado confía en que abra la puerta a un nuevo 'Q3' que reactive la economía.
En el mercado de divisas, el euro mantiene posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,4368 unidades.
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aquí tienes la respuesta Versus

El Gobierno suspende el límite para encadenar contratos temporales

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El Gobierno quiere suspender durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Así consta en el borrador del Real Decreto-Ley que el próximo viernes llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suspender temporalmente la regla que impide encadenar contratos temporales se debe a que, "lejos de fomentar la contratación indefinida", puede estar produciendo "efectos indeseados" de no renovación de contratos temporales.
En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que durante dos años quedará suspendido el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.
En cuanto al nuevo contrato de formación, el Gobierno explica en su borrador que se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad.
En el texto se explicita que la duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. Estos contratos no podrán efectuarse cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a un año.
Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.
El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.
El SMI será la referencia y la jornada no podrá superar el 75%
Según el borrador, el trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato.
El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.
La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contigencias y prestaciones de la Seguridad Social.
Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2013 con trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.
Asimismo, los trabajadores contratados bajo esta modalidad estarán eximidos de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.
Suplemento de crédito de 50 millones para pagar los 400 euros
El Real Decreto-Ley que irá este viernes al Consejo de Ministros prorrogará hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque sólo en los casos de despidos procedentes, al tiempo que retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización acordado por Gobierno y agentes sociales.
También se establece que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, se adoptarán las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo.
La norma prorroga además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado Plan Prepara, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Para atender el pago de estas ayudas, el decreto contempla un suplemento de crédito al servicio público de empleo estatal, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros.
jajaja si es que son la ostia!
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Cataluña pide pagar menos al resto de CCAA tras exigir el aval del Estado


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El gobierno catalán ha vuelto a reclamar que existan unos límites a la solidaridad de Cataluña con el resto de las autonomías, en un momento en el que el PSOE y el PP estudian reformar la Constitución para fijar por ley el techo del déficit y del gasto de las administraciones.
La vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega, ha pedido en este sentido "poner límites a la solidaridad" de Cataluña en un momento en el que esta comunidad autónoma está haciendo un "gran sacrificio" para mantener el Estado del bienestar, por lo que ha instado a abrir un debate para poner "sobre la mesa" esta cuestión.
En declaraciones a COMRàdio recogidas por EFE, Ortega ha argumentado que "lo que no puede hacer Cataluña es tener un margen de solidaridad tan alto, que haga que sea la misma gente que no recibe aquellos servicios que tanto necesita la afectada".
"Nosotros hacemos los deberes, estamos poniendo límites a lo que es el gasto, estamos racionalizando los costes y, por tanto, también hay que poner un límite a la solidaridad", ha insistido la vicepresidenta del gobierno catalán.
Respecto a la reforma de la Constitución propiamente dicha, Ortega ha pedido de nuevo "prudencia" hasta que no se conozca la "letra pequeña" del texto que están negociando el PSOE y el PP, aunque ha insistido en que debe ser el Parlamento de Cataluña el que marque el límite del déficit.
Estas declaraciones contradicen a las que realizó ayer el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, Andreu Mas-Colell, cuando no tuvo reparos en reclamar al Estado la creación de "hispabonos" que agrupen a la deuda de todas las comunidades autónomas. La petición iba dirigida al Gobierno porque lo que pretende Mas es que estas emisiones de deuda estén avaladas por la Administración Central. "Con la falta de avales nos estamos penalizando a nosotros mismos. Con la falta de avales, la Administración central está penalizando a sus propios contribuyentes", aseguraba el consejero.
Llama la atención que el gobierno catalán califique de "desmesuradas" sus aportaciones al resto de las CCAA debido a que tienen una repercusión importante en su economía pero a su vez considere que las emisiones de "hispabonos" no implicarán una subida de la deuda pública.
"Una garantía colectiva no encarecería, al contrario. Y, por tanto, debería haber margen para que todos ganásemos" afirmaba Mas, aunque da la sensación de que solo quieren ganar unos.
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Cataluña pide pagar menos al resto de CCAA tras exigir el aval del Estado


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El gobierno catalán ha vuelto a reclamar que existan unos límites a la solidaridad de Cataluña con el resto de las autonomías, en un momento en el que el PSOE y el PP estudian reformar la Constitución para fijar por ley el techo del déficit y del gasto de las administraciones.
La vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega, ha pedido en este sentido "poner límites a la solidaridad" de Cataluña en un momento en el que esta comunidad autónoma está haciendo un "gran sacrificio" para mantener el Estado del bienestar, por lo que ha instado a abrir un debate para poner "sobre la mesa" esta cuestión.
En declaraciones a COMRàdio recogidas por EFE, Ortega ha argumentado que "lo que no puede hacer Cataluña es tener un margen de solidaridad tan alto, que haga que sea la misma gente que no recibe aquellos servicios que tanto necesita la afectada".
"Nosotros hacemos los deberes, estamos poniendo límites a lo que es el gasto, estamos racionalizando los costes y, por tanto, también hay que poner un límite a la solidaridad", ha insistido la vicepresidenta del gobierno catalán.
Respecto a la reforma de la Constitución propiamente dicha, Ortega ha pedido de nuevo "prudencia" hasta que no se conozca la "letra pequeña" del texto que están negociando el PSOE y el PP, aunque ha insistido en que debe ser el Parlamento de Cataluña el que marque el límite del déficit.
Estas declaraciones contradicen a las que realizó ayer el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, Andreu Mas-Colell, cuando no tuvo reparos en reclamar al Estado la creación de "hispabonos" que agrupen a la deuda de todas las comunidades autónomas. La petición iba dirigida al Gobierno porque lo que pretende Mas es que estas emisiones de deuda estén avaladas por la Administración Central. "Con la falta de avales nos estamos penalizando a nosotros mismos. Con la falta de avales, la Administración central está penalizando a sus propios contribuyentes", aseguraba el consejero.
Llama la atención que el gobierno catalán califique de "desmesuradas" sus aportaciones al resto de las CCAA debido a que tienen una repercusión importante en su economía pero a su vez considere que las emisiones de "hispabonos" no implicarán una subida de la deuda pública.
"Una garantía colectiva no encarecería, al contrario. Y, por tanto, debería haber margen para que todos ganásemos" afirmaba Mas, aunque da la sensación de que solo quieren ganar unos.
como????? 1º nos pide agua y luego esto??? si hombre estamos como para pagar menos!

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