Re: PALPITO-NO SALDREMOS DE LA CRISIS HASTA EL 2020

Valeriano Gómez dice que "entiende y comparte" la preocupación por el paro

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó hoy que "entiende bien y comparte" la preocupación de los españoles por el paro, pero advirtió de que las reformas para afrontar el problema "no empiezan ni acaban en el mercado de trabajo", sino que es "imprescindible" culminar la modificación del sistema financiero.



 

CC OO y UGT firman hoy la salida de 700 trabajadores de Barclays

Las medidas aprobadas para la salida de los trabajadores incluyen prejubilaciones y bajas incentivadas.



Representantes de Barclays y de los sindicatos CC OO y UGT firmarán esta tarde un acuerdo con el que se articula la salida de la entidad de unos 700 trabajadores. En total, la entidad cuenta con una plantilla de alrededor de 4.500 trabajadores.
La firma del acuerdo se llevara a cabo esta tarde después de que ayer la Comisión Negociadora, integrada por CC OO y UGT, la entidad y su asesor legal, el despacho Sagardoy, alcanzaran un principio de acuerdo.
Según se indica en el citado texto de preacuerdo dado a conocer hoy por Comfia-CC OO, las medidas aprobadas para la salida de los trabajadores incluyen prejubilaciones y bajas incentivadas, unas medidas que se aplicaran de un modo gradual, desde la fecha del presente acuerdo hasta la conclusión del mismo, fijada el 31 de diciembre de 2013.
Así, podrán acogerse a las prejubilaciones aquellos trabajadores que tengan 56 años o más (cumplidos a 31 de diciembre de 2011), que cuenten con diez años de prestación de servicios en el banco y que tengan acreditados 33 años de cotización.
Los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), recibirán en concepto de indemnización por extinción de contrato, una cantidad neta que, sumada a la prestación neta por desempleo, sea igual al 100% del salario neto percibido por aplicación del convenio colectivo a la fecha de extinción.
Sobre las bajas incentivadas, el texto indica que podrán acogerse a ella aquellos empleados que no reúnan las condiciones exigidas para acceder a la prejubilación.

Los políticos morosos están blindados por ley

Una sentencia impone multas a un alcalde por no pagar a un proveedor. Pero éstas son mínimas y los políticos tienen vías para seguir impagando.



España cuenta con morosos de distinto calibre. Si un hipotecado deja de pagar sus cuotas lo habitual es que en el plazo de unos meses el banco o caja ejecute el préstamo y embargue la vivienda, adjudicándosela por el 50% de su valor de tasación, al tiempo que el particular tendrá que seguir haciendo frente, con sus bienes presentes y futuros, a la deuda insatisfecha (en caso de que el nuevo valor del bien embargado no cubra el crédito vivo).
Por su parte, las empresas con graves problemas financieros suelen entrar en concurso de acreedores, un farragoso y largo proceso del que no suelen salir vivas una vez satisfechas, en la medida de lo posible, las deudas contraídas mediante la liquidación de sus activos. De hecho, cuando una sociedad entra en concurso, el empresario no está exento de responder con su patrimonio personal al pago de deudas en caso de ser declarado culpable por no seguir una serie de pautas regladas durante su gestión.
Sin embargo, las administraciones públicas cuentan con ciertos privilegios, también en este ámbito. El cambio de poder político acontecido tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo, en el que el PP se hizo con el poder en numerosas CCAA y ayuntamientos, ha sido interpretado por los proveedores como una gran oportunidad para empezar a reclamar públicamente las decenas de miles de millones de euros que les adeudan estos organismos desde hace meses, sino años, y que hasta ahora no se atrevían a denunciar con tanta intensidad por temor a posibles represalias extra por parte de los responsables municipales y regionales -como, por ejemplo, quedar fuera de los concursos públicos-.
Pese a ello, desde el inicio de la crisis, son muchas las empresas que han acudido a los tribunales en busca de justicia para exigir el abono de facturas impagadas por parte de los ayuntamientos. En este sentido, un auto pionero emitido el pasado año recabó una gran atención al cargar directamente contra el patrimonio de un alcalde por negarse a pagar la deuda contraída con un proveedor.
El Ayuntamiento sevillano de Castilleja de Guzmán resultó condenado por sentencia firme al abono de casi medio millón de euros a una empresa acreedora que había construido la casa consistorial. Pero el Ayuntamiento seguía sin abonar la factura, ya que en los presupuestos de años posteriores suscribió préstamos a largo plazo sin destinar ni un euro al abono de dicha deuda. Es decir, el ayuntamiento no ejecutó la sentencia.
Ante tal situación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en un auto de julio de 2010 que el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), tendría que pagar las deudas contraídas con la empresa Aroa S. L. en un plazo máximo de 30 días.
En caso contrario, el alcalde y el secretario del municipio estarían obligados a responder con multas coercitivas sobre sus propios bienes personales. Ello abría una vía de escape esperanzadora para muchos proveedores. Desde entonces, numerosas empresas y autónomos han denunciado por impago a algunos ayuntamientos con el objetivo de poder cobrar.
Tras el varapalo del TSJA, el primer edil de Castilleja de Guzmán, que llegó a plantear al empresario que le pagaría en 10 años y con solares del municipio, no se dio por vencido y logró paralizar temporalmente la ejecución de la sentencia con un recurso. Sin embargo, el TSJA resolvió desestimarlo en su totalidad a finales del pasado mayo. De este modo, ratificó que el ayuntamiento tendrá que pagar la factura en un plazo de un mes, bajo la amenaza de multas a los patrimonios personales del alcalde y el secretario por cada plazo de demora en el pago.
El auto ha vuelto recabar la atención de los medios. Sin embargo, aunque a primera vista pueda interpretarse como un duro varapalo a los municipios morosos, en realidad, el alcance de esta resolución es muy limitado. Y es que, si bien el alcalde tendrá que pagar de su propio bolsillo una multa en caso de que el municipio no salde la deuda, ésta es mínima y, además, en ningún caso irá destinada a la empresa deudora.
El auto original establece lo siguiente:
Requerir al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para que, en el plazo de un mes, proceda a la ejecución plena de la sentencia dictada en el actual recurso Contencioso-Administrativo, y así mismo requerir al Sr. Secretario del citado Ayuntamiento para que practique la notificación y dación de cuenta antes mencionadas, con advertencia expresa de la imposición de multas coercitivas en sus respectivos patrimonios personales caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas, según se especifica en los Fundamentos precedentes.
¿Y qué establecen los fundamentos precedentes?
El incumplimiento de las respectivas obligaciones estipuladas [...] dará lugar a la imposición de multas coercitivas, art. 112 LJCA. Estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del Sr. Alcalde y del Sr. Secretario General. Las multas coercitivas se impondrán con periodicidad semanal hasta la completa ejecución. El incumplimiento del pago de las multas que se impongan dará lugar al embargo inmediato de la cantidad respectiva. Y, además, a la deducción de Testimonio de Particulares.
La clave radica en el citado artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), el cual se limita a imponer multas en caso de que se incumpla la ejecución de una sentencia por parte del ente administrativo.
Artículo 112.
Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el Juez o Tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala podrán:
a. Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala [...] A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48.
¿Y qué dice el artículo 148?
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.
Es decir, en la práctica, si el ayuntamiento no paga el alcalde tendrá que depositar en el Juzgado una multa mínima de 150 euros de forma periódica hasta que se ejecute la sentencia. "De estas multas sí responden las autoridades con su propio patrimonio porque estarían incumpliendo bajo su propia responsabilidad la orden de ejecución. Es más, se les puede imputar incluso un delito de desobediencia", según los expertos jurídicos consultados por Libre Mercado.
Sin embargo, "lo normal en estos casos es que tan sólo se abone el pago de la primera multa para evitar la ejecución ya que, dado el colapso que sufre la mayoría de juzgados, resulta muy complicado comprobar el cumplimiento periódico de dicha sanción. Además, esta cuantía en ningún caso va a parar al deudor sino que se queda en Juzgado".
Es decir, "en ningún caso significa que el alcalde responda con su patrimonio de la deuda principal. Responde por no ejecutar la sentencia, que no es lo mismo", y ello mediante una multa mínima, cuyo pago periódico no suele cumplirse. Multa que, al fin y al cabo, en todo caso sería sufragada por el contribuyente, puesto que el sueldo de los alcaldes procede de la recaudación de impuestos.

La Ley de Morosidad se incumple
Por otro lado, el Gobierno trató de poner coto a la alarmante morosidad pública (y también privada) el pasado año. Para ello, aprobó la nueva Ley de Morosidad, que establecía plazos máximos de 60 días para que la empresa pague a sus proveedores, y de 30 días en el caso de las administraciones públicas aunque, eso sí, tan sólo a partir de 2013. La norma establece un período transitorio con un plazo máximo de 85 días en 2010 y 2011 -55 días para los entes públicos- y de 75 en 2012. Pero de nada ha servido, al menos hasta el momento, a la vista de las denuncias presentadas.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denunció que más del 90% de las administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad, por la cual deben pagar en un periodo máximo de 55 días a sus proveedores. Este retraso en los pagos afecta, junto con la morosidad privada, a un 64% de los autónomos y podría hacer que 100.000 de ellos cesaran su actividad en 2011.
"De los 34.000 millones que deben las administraciones públicas, un 35% corresponde a autónomos y empresas, es decir, cerca de 12.000 millones. Por ello, pedimos a estos estamentos que contraten sólo aquellos servicios que pueden pagar", según el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
El tiempo medio de pago tanto del sector público como del privado en España se fija en 103 días, una cifra sólo superada en Europa por Grecia (125 días) y que está muy por encima de la media europea (62 días). Por sectores, las administraciones públicas son quienes más tardan en pagar a empresas y autónomos, con un retraso medio de 158 días frente a los 67 de Europa. Mientras, el periodo medio de pago del sector privado se sitúa en 101 días, cuando en Europa la cifra es de 57 días.
De hecho, el presidente de la Confederación Española de Pymes (Cepyme), Jesús Terciado, denunció esta misma semana que algunas administraciones locales y autonómicas están pagando con retrasos que alcanzan los 500 días, y que especialmente los proveedores del sector sanitario están en "serias dificultades" como consecuencia de esta morosidad.
Según esta organización, los impagos de las administraciones son responsables de la desaparición de la mitad de las 450.000 compañías cerradas desde 2008 (unas 225.000 en apenas tres años).
Autónomos y empresarios presionan para que el Gobierno ponga en marcha la Línea ICO Morosidad que contempla la Ley con el fin de que los ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con sus proveedores. Sin embargo, tal y como señaló Terciado, "eso implicaría más déficit y el Estado no quiere. Fue una línea roja que marcó el Ministerio de Economía con claridad".

El "desplome de la economía" que se nos viene encima y 'FT' culpa a los políticos



La principal noticia en el ámbito económico de este viernes no llega en los –antaño llamados- salmónidos, sino en los generalistas. El diario El Mundo advierte en su portada que "datos oficiales demuestran un nuevo desplome de la economía". Citando cifras del propio Ministerio de Economía –los indicadores sintéticos de actividad- dibuja un panorama negro para el verano, lo que avanzaría un otoño realmente incierto.
En cualquier caso, el escenario que dibuja hoy El Mundo queda aderezado con datos que asustan al resto de periódicos. Destaca Expansión, que señala que "el Estado deberá salvar las finanzas autonómicas". Explica este diario que las agencias de calificación de crédito coinciden en la ausencia de herramientas, por parte de las comunidades autónomas, para atajar su déficit y cumplir los compromisos adquiridos, por lo que se decantan por ajustes mayores por parte del Estado –caso de Moody´s y Fitch- o por inyecciones de liquidez del Estado a las CCAA, según Standard and Poor´s.
Precisamente la deuda y el déficit de las comunidades autónomas se adivina como el principal talón de Aquiles de nuestra economía. Así lo reconocía el Financial Times a primeros de semana, y en otro artículo este jueves, donde culpa de la situación de las comunidades autónomas tanto al PSOE como al PP por haber gobernado comunidades autónomas con abultados niveles de déficit.
A esta situación se une la ausencia de una reforma laboral contundente. Trabajo habla ahora de nuevas negociaciones entre patronal y sindicatos, y así lo recogen hoy los periódicos. El más contundente es el Economista, que recoge la opinión de ocho expertos sobre la supuesta reforma laboral y de los convenios colectivos que se aprueba este viernes en Consejo de Ministros y que "no ayuda a crear empleo" porque, entre otras cosas, "mantiene lo que no funciona".
En Cinco Días leemos que "Trabajo insta a seguir negociando sobre convenios pese al decretazo". La fotografía del día para Cinco Días es de Jean Claude Trichet, y esa advertencia que hacía este jueves y que adelanta una subida de los tipos de interés para junio.

Las ventas de electrodomésticos caen un 15%

La industria de electrodomésticos ha registrado un descenso de la facturación del 15,31% en los cinco primeros meses.



Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (Anfel), entre enero y mayo, el sector comercializó 360.546 unidades menos que en los cinco primeros meses del año pasado, lo que representa una caída de las ventas en términos de volumen del 13,18%, informa Europa Press.
La bajada de las ventas se produjo de forma generalizada en todas las categorías de productos, pero fue más pronunciada en secadoras (-32,8%), congeladores (-19,1%) y frigoríficos (-14,9%).
Esta industria, que cerró 2010 con una caída de las ventas del 4,43%, acumula cuatro años consecutivos en negativo, en los que el volumen de ventas ha retrocedido a niveles de en torno al año 2000.

Cataluña se niega a cerrar sus embajadas en el extranjero

La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, ha expresado su rechazo a cerrar delegaciones de la Generalidad en el extranjero.



En declaraciones a EFE, Ortega ha destacado el "rigor" en el gasto previsto en los presupuestos presentados por el Gobierno para 2011, pero se ha desmarcado de algunas de las exigencias del PP para recortar ciertos gastos que los populares consideran "superfluos", como las delegaciones de la Generalidad en el exterior.
No obstante, sí se ha mostrado dispuesta a estudiar si cabe la posibilidad de reducir costes de estas oficinas, fusionándolas en un mismo edificio con otros entes de la Generalitat, como ACC1Ó, la agencia de apoyo a la competitividad de las empresas catalanas.
Sobre la negociación presupuestaria, Ortega ha contrapuesto la "responsabilidad" demostrada por el PP, al permitir la tramitación de las cuentas en el Parlamento, con el "desconcierto" del PSC, que al encontrarse a las puertas de su congreso está "actuando más en clave de partido que de país".

España pierde un 30% de competitividad frente a Alemania en diez años

Los autores del estudio destacan los problemas en el sector bancario y las escasas perspectivas de crecimiento de la economía hispana.



La economía española ha perdido un 30 % de competitividad laboral respecto a Alemania desde la entrada en circulación del euro, ya que desde entonces el coste laboral unitario de España ha ido subiendo por encima de la media europea. Ésta es una de las advertencias que el IESE ha hecho sobre la coyuntura económica europea y española, recogida en un informe que la escuela de negocios ha presentado esta semana.
El profesor del IESE Xavier Vives ha alertado de que, en los últimos años, ha fallado la disciplina interna de los estados miembros para mejorar su productividad: al no poder devaluar monedas, las economías europeas deben buscar fórmulas alternativas para ser igualmente competitivas a nivel internacional, es decir, hacer los deberes mediante la devaluación interna. En este sentido, Vives encuentra básicas las condiciones de la negociación colectiva para ganar competitividad, que en el caso español ha caído fuertemente ante la locomotora económica alemana.
Además, la Unión Europea -dice Vives- ha fallado en disciplina fiscal. Por un lado, se marcan los límites de déficit del 3 % sobre el PIB o del 60 % en el caso de la deuda pública, pero al mismo tiempo desde 1999 se han registrado 68 violaciones de estas limitaciones, incluidos incumplimientos franceses y alemanes, siempre sin sanción alguna. Y ha fallado también la cláusula europea que marca que no habrá ni rescates para países fiscalmente irresponsables ni compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo (BCE), algo incumplido con los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal.
Escasas perspectivas
¿La situación española es tan grave como en los países rescatados? No, contesta el profesor Vives, que reconoce el elevado déficit público, los problemas en el sector bancario español y las escasas perspectivas de crecimiento, pero "de menor gravedad" que en los intervenidos y aliviado de forma exponencial por un sector exportador dinámico.
La clave española -dicen en el IESE- hubiera sido abordar las reformas anteriormente porque, si bien es cierto que una dura austeridad acorta las alas de crecimiento a corto plazo, también es comprobable que para crecer es necesario haber hecho reformas en la economía.
Deuda en Grecia
La deuda griega es otra de las preocupaciones sobre la mesa. En el IESE, ni Xavier Vives ni el profesor Alfredo Pastor creen que la solución pase por salir de la Unión Monetaria. En este caso, Grecia se responsabilizaría de un día para otro de un déficit inasumible y afrontaría una recapitalización en dracmas que conduciría al pánico bancario.
Una nueva reestructuración de su deuda -aseguran los profesores- también conllevaría pérdidas para los bancos europeos y el BCE, por lo que auguran una especie de "rescate blando", más cercano a los planes de ayuda y sonoramente mejor aceptado por los mercados internacionales, informa Efe.
La Comisión Europea propuso el pasado martes a España aumentar el IVA, lo que Vives cree que no produciría una visible inflación porque los márgenes de beneficios de las empresas absorberían el incremento. Eso sí, aunque se reduzca el IVA o aumenten las cotizaciones, Vives no ve efectividad si no hay un cambio en profundidad para ganar competitividad y aliviar, por ejemplo, el aumento del coste laboral unitario respecto a la media europea y, aún más marcado, respecto a Alemania.

Los impagos en las compras a plazos caen en abril un 10,5%

El número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de familias y empresas registró un descenso del 10,5% en abril.



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los impagos en las compras a plazos ahondan en su caída en el cuarto mes del año, tras haber registrado descensos del 7,4% en marzo, del 9,1% en febrero y del 11,3% en enero, y haber cerrado el ejercicio 2010 con un caída del 24,9%, informa Europa Press.
Con el dato de abril, la morosidad en los comercios sigue mostrando una importante corrección, manteniendo las caídas de dos dígitos que empezaron a registrarse en mayo de 2009. Durante los cuatro primeros meses del año, los impagos en las compras a plazos cayeron un 9,6%. Asimismo, el importe total de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 550 millones de euros en abril, cifra inferior en un 24% a la del mismo mes de 2010.
El importe medio de estos efectos bajó un 15,1% en abril y se situó en 1.792 euros, mientras que el porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanzó el 3,7%.
Por su parte, el importe medio de los efectos de comercio vencidos (2.136 euros) es superior al importe medio de los efectos de comercios impagados (1.792 euros). El 66,3% de los efectos vencidos en abril fueron procesados por los bancos, mientras que las cajas gestionaron el 27,7% y las cooperativas de crédito el 6% restante.
El número de efectos de comercio impagados cayó un 13,3% en los bancos y un 5,2% las cajas de ahorro, mientras que aumentó un 1,7% en las cooperativas de crédito. El importe medio de los efectos de comercio impagados fue mayor en las cooperativas de crédito, con 2.265 euros, que en las cajas de ahorros (1.998 euros) y los bancos (1.672 euros). Los bancos fueron las entidades financieras con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados (3,8%), mientras que las cooperativas de crédito fueron las que tuvieron el menor porcentaje (3,2%).
El 69,2% de los efectos que vencieron en abril eran efectos en cartera, mientras que el 30,8% restante eran efectos en gestión de cobro de clientes. El porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fue mayor para los efectos de comercio en cartera (4%) que para los efectos de comercio en gestión de cobro de clientes (3%).
Los bancos fueron las entidades financieras con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados en cartera (con un 4,2%). Las cajas de ahorros fueron además las que tuvieron mayor porcentaje de efectos de comercio impagados en gestión de cobro de clientes (con un 3,5%). El importe medio de los efectos de comercio impagados fue mayor para los efectos de comercio en cartera (1.833 euros) que para los efectos en gestión de cobro de clientes (1.669).
Las cooperativas de crédito fueron las entidades financieras con mayor importe medio de efectos de comercio impagados en cartera (2.586 euros) y los bancos los que presentaron un mayor importe medio de efectos de comercio impagados en gestión de cobro de clientes (1.894 euros).
Canarias, a la cabeza
En abril, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fue Canarias (4,6%). Por el contrario, Navarra fue la comunidad autónoma con menor porcentaje de efectos de comercio impagados, con un 2,5%. Según el importe medio de los efectos de comercio impagados, Castilla y León, con 3.222 euros, fue la región con mayor importe medio de efectos de comercio impagados en abril, mientras que Cataluña (1.227 euros) registró el menor importe.