En un comunicado hecho público hoy, el TAS "afirma su jurisdicción para decidir sobre la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Ciclista Internacional (UCI) contra la decisión adoptada por la Federación Española de Ciclismo de no abrir procedimiento disciplinario contra el corredor español Alejandro Valverde".
El texto añade que "no obstante el TAS ha suspendido el procedimiento durante un máximo de seis meses para permitir a las autoridades legales españolas tomar una decisión sobre la petición de prueba (bolsa de sangre ''no.18'') que está actualmente en su poder".
"La primera petición informal del TAS no fue aceptada por el magistrado encargado del caso. Una segunda petición ha sido enviada por el TAS a través de los canales oficiales, a las autoridades españolas competentes", agrega el texto del tribunal que entiende que este proceso puede durar "varios meses".
En septiembre del año pasado el TAS estimó un recurso de Valverde contra la decisión de la UCI de impedir la participación del murciano en los Mundiales de Ciclismo de Stuttgart, por considerarlo sospechoso de estar implicado en la Operación Puerto, que destapó una trama de dopaje en el ciclismo.
La UCI y la AMA acudieron al TAS para recurrir la decisión de la Federación Española de no abrir procedimiento disciplinario contra Valverde por su posible implicación en la Operación Puerto, lo que provocó la primera petición al juzgado que lleva el caso en España de una bolsa de sangre que podría ser una prueba contra Valverde por parte del TAS.
El rechazo inicial del juzgado español llevó al TAS a hacer una segunda petición, a la que aún no ha recibido respuesta.
El 8 de marzo de 2007 el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano, decretó el "sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones", así como el levantamiento de las medidas cautelares relacionadas con el procedimiento de la Operación Puerto al entender que no había delito contra la salud pública.
En su auto el magistrado-juez afirmó que "los hechos denunciados", por los que fueron imputados, entre otros, los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino, y los directores Manuel Sáiz y Vicente Belda, "no son constitutivos de infracción criminal".
El pasado 14 de febrero la sección número 5 de la Audiencia Provincial Audiencia de Madrid decidió reabrir el caso al estimar parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado y de la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas.
La Sala entiende que puede haber indicios de delito en aspectos como la obtención, transporte, conservación e identificación de las bolsas de sangre localizadas durante la investigación, y establece que se continúen las diligencias que correspondan a partir del informe del Instituto Toxicológico y la propuesta de la Abogacía del Estado.
La Audiencia Provincial de Madrid justificó su decisión en la necesidad de investigar si hubo riesgo para la salud de los ciclistas a los que trataron los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres.
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