El gobierno de Canarias ha sido denunciado por ONGs ecologistas por rebajar la protección a cientos de especies en peligro. Como sabrán ya, en todo el territorio de España rige la Ley de Biodiversidad Estatal. Según ella, cada comunidad autónoma debe confeccionar un Catálogo de Especies Amenazadas, que categorice las especies según su grado de amenaza. Pero la reforma del Catálogo confeccionada por Canarias responde –según la denuncia- a intereses políticos y carece de fundamentos científicos.
Varias son las organizaciones ambientales que intervienen en esta denuncia: Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife. La misma se ha cursado con la Defensora del Pueblo canaria, de la cual se espere gestione un recurso de inconstitucionalidad. Según los representantes de las ONGs el Catálogo de Especies Amenazadas presenta graves graves ilegalidades, no respeta la ley nacional respecto a la protección ambiental.
Estos son los principales argumentos de la denuncia:
■las Comunidades Autónomas no pueden contradecir la ley Estatal (Ley de Biodiversidad), al legislar sobre conservación de la naturaleza.
■más de 300 especies han sido degradadas en su nivel de protección, contra lo consignado en la Ley del Estado.
■el catálogo no ha sido acompañado de una justificación científica ni ofrece información que sustenten la medida, mientras que la ley estatal obliga a publicar los datos que sustenten las modificaciones realizadas.
■Muchas especies han sido catalogadas como ‘De interés para los ecosistemas canarios’, dicha categoría les protege sólo dentro de los Espacios Naturales Protegidos (ENP). Fuera de ella no se les protege, poniendo en grave peligro muchas de ellas, especialmente los animales que no se vinculan a un territorio fijo como peces o aves. Esto también contradice la Ley estatal.
■Se vulnera el principio de la ‘prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística’ que establece la Ley de Biodiversidad.
■Se ha removido del Catálogo a muchas especies que ya habían sido reconocidas por el gobierno local como amenazadas, según el documento de Evaluación del 2009 de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
■No se ha dado participación ni a la comunidad ni a científicos en la elaboración del Catálogo.
■Existe una intencionalidad política en la confección del Catálogo. Las ONGs sospechan que se relaciona con la suspensión de las obras del Puerto de Granadilla, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por considerar que afecta a especies y hábitats amenazados.
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