gaceta. La asociación que preside sigue insistiendo en que los enfermos tienen que pagar por ver la televisión.
No ha tardado ni 24 horas. La AISGE, la SGAE de los actores presidida por Pilar Bardem, ha iniciado ya los trámites para recurrir la sentencia de un juzgado de Sevilla que respalda la negativa de las clínicas privadas a pagar un canon por los televisores.
Carlos Álvarez, director de recaudación de la AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión), afirma a LA GACETA que no pararán hasta que la justicia les dé la razón, porque “se trata de derechos ajenos, por los que es preciso pagar”.
Y añade: “Los medios de comunicación tendéis a politizar todo este asunto. Pero no es un tema político. Es aplicar la ley”
La AISGE, que ha recaudado 32 millones de euros, un 12% más que el año anterior, pretende cobrar a las 230 clínicas privadas de toda España (30.000 camas), un canon por la tele de las habitaciones e incluso de las zonas comunes.
200.000 euros
Tal como explicaba el semanario Época, la sociedad de derechos de autor podía conseguir unos 200.000 euros por ese concepto.
La sociedad presidida por la actriz Pilar Bardem invoca la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 108), con el argumento de que los televisores emiten grabaciones audiovisuales con interpretaciones artísticas del repertorio de la entidad.
Pero el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla les acaba de quitar la razón, al desestimar una demanda interpuesta contra la clínica Santa Isabel, que se negaba a pagar el gravamen.
El juez niega que en la clínica “se dé ningún acto de comunicación pública” —como alegaba la AISGE— y que se limita a poner a disposición de los pacientes un televisor que recibe “la señal en abierto” como “en cualquier domicilio particular”.
Carlos Álvarez cree que no se puede decir, en rigor, que la clínica sea una “prolongación del domicilio familiar” y que la ley es muy clara cuando obliga a pagar el canon.
Sin embargo, la sentencia del Juzgado sevillano viene a subrayar que la permanencia del enfermo en el centro es necesaria e insustituible. Nadie ingresa en un centro por gusto.
“Nadie va a una clínica a ver la tele, sino a operarse” explica gráficamente a La Gaceta, Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Madrid.
Y afirma que los centros no hacen negocio con los receptores, extremo que confirma la propia sentencia: “No cabe considerarlo ni configurarlo siquiera como una prestación suplementaria o accesoria del prestador de servicios médicos”.
No lo ven igual en la SGAE de los actores. Fuentes de la sociedad de derechos de autor alegan que también “se va a obligado a un hotel, cuando es por razones de trabajo”... y los hoteles pagan el canon televisivo.
Y respecto al coste de los televisores, “si tanto les supone a las clínicas, que los quiten, nadie les obliga a tenerlos en las habitaciones”.
José Luis Pérez, el abogado de la clínica Santa Isabel, le decía al letrado de AISGE coloquialmente que, dado que hay ocho asociaciones que recaudan derechos de autor, si cada una pretende cobrar un canon a los médicos “vamos a dejar de pagarles, las clínicas servirán para que los intelectuales del arte cobren. Es gravar la economía del paciente, como si ponen un canon a un periodista por usar un bolígrafo, se encarecería el producto. No se trata de negar el pan a los intelectuales que tienen otras fuentes de ingresos, sino de respetar la intimidad de la habitación de una clínica y considerar que es un ámbito cuasidoméstico, no incluido en el artículo 20 de la ley, que dice que lo sometido a tarifas son las comunicaciones públicas”.
La Federación Nacional de Clínicas Privadas cree que la sentencia de Sevilla sienta un importante precedente frente a la voracidad recaudatoria de los artistas.
Pero temen que la AISGE no cese en su empeño de seguir pleiteando, de recurso en recurso, hasta salirse con la suya.
Más presión
De hecho, el varapalo judicial no ha influido en la presión que la AISGE ha seguido haciendo a la clínicas privadas. Esta semana ha tenido una reunión con estas para estudiar las tarifas por el consumo de los televisores.
“De momento, la Justicia les ha quitado la razón, pero no dudarán en recurrir todo lo recurrible porque se amparan en la Ley de Propiedad Intelectual” señala a La Gaceta, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Subraya que esta es una ley controvertida, tranposición de una directiva europea. Y aunque fue aprobada en 2006, tiene numerosas lagunas que precisan reformas.
Favores políticos
Por esa razón, una subcomisión de Cultura en el Congreso ha requerido la opinión de expertos y profesionales (autores, actores, etcétera) para aportar ideas.
“La ley de propiedad intelectual no parece obedecer más que a la devolución de favores del Gobierno a ciertos colectivos” afirma el abogado Joaquín Moeckel, que le ganó un pleito a la SGAE y consiguió le devolviera el importe del canon digital.
La prueba es que la Ley no contó con un consenso absoluto de los usuarios. Fuentes de la Asociación de Consumidores y Usuarios se lamentan de que apenas les consultaran cuando se tramitó la Ley.
Posible abuso
Por otro lado, la Comisión Nacional de la Competencia está mirando con lupa si SGAE, AISGE y otras entidades de gestión están cometiendo un posible abuso de posición dominante, con la recaudación de los derechos de autor.
Pero, mientras tanto, la AISGE sigue reclamando el cobro y está dispuesta a meterse en la maratón judicial para conseguir que le paguen las clínicas.
La entidad presidida por Pilar Bardem, como sucede con la SGAE, no tiene ánimo de lucro pero sus cuentas demuestran que está bastante bien de liquidez. Y que puede ser un negocio floreciente.
En el último año, ha tenido unos ingresos financieros de más de 2 millones de euros y 66 millones de inversiones financieras a corto plazo.
En el último ejercicio, la sociedad que preside Pilar Bardem, ha registrado un gasto de 343.472 euros en el Consejo de Administración y diversas comisiones y órganos políticos.
Pese a estas cifras, la AISGE pretende recaudar más. Y ha dado con un filón con el controvertido canon digital. En 2007 ganó más de 7 millones gracias a la recaudación por ese concepto.
De hecho, Pilar Bardem fue especialmente beligerante en 2007 pidiendo un aumento del canon inicialmente previsto.
Llegó a enviar una carta a María Teresa Fernández de la Vega, en unión de los responsables de Egeda y Dama, otras dos entidades de derechos de autor, pidiendo ese aumento para los CD y DVD a cambio del apoyo político de los autores.
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