El totalitarismo de la Ley Sinde y el artículo 33

El "Artículo 33" siempre me ha parecido enigmático. ¿A qué queremos aludir con esa ley imaginaria? En España se usa la expresión para referirse a situaciones en las que alguien impone su criterio autoritariamente. El empleo de una posición de autoridad para que otro realice una acción siempre está bajo sospecha, pero no en todas las ocasiones es reprochable. Un ejemplo de uso de la autoridad justificado podría ser la prohibición de cruzar la calle desacompañado que un padre impone a su hijo, pero hay infinidad de ellos. Eso sí, el empleo de la autoridad debe ser siempre convenientemente argumentado. El Artículo 33, por otro lado, implica que es utilizada de forma arbitraria. La ley Sinde es un claro ejemplo de cómo el absurdo y totalitario Artículo 33 puede formar parte de la democracia.

21-03-2011 -
No sé a ciencia cierta de dónde, ni por qué la cultura popular habrá escogido el número 33 para describir el uso insensato, desmedido e improcedente de la autoridad. El filósofo esloveno Slavoj Žižek nos da alguna pista al respecto. Žižek dice  en su libro Violence:
En la antigua Yugoslavia existía el infame Artículo 133 del código penal, que podía ser invocado para perseguir a escritores y periodistas. Criminalizaba cualquier texto que injuriase los éxitos de la revolución socialista o que “pudiese crear tensión y descontento entre el público” debido a la forma de tratar temas políticos, sociales o de otro tipo (Slavoj  Žižek, Violence. 2008: 159).
La amplitud de esta ley, por supuesto, dejaba en manos del poder su aplicación u omisión. De esta manera, se recordaba a los ciudadanos quién manda y que, además, podía también ser piadoso al no condenar al infractor. De hecho, cuando Žižek le preguntó a un político esloveno cómo podía justificar esa ley, éste le respondió: “Bien, debemos poseer alguna herramienta para disciplinar a voluntad a aquellos que nos irritan.”
Si analizamos las razones subyacentes a esta ley de la Yugoslavia comunista, podremos desvelar el porqué de la vehemencia del gobierno, la industria, los intelectuales y las entidades de gestión para sacar adelante la ley Sinde. Tengamos en cuenta que se conoce de antemano la imposibilidad de su justa administración y que, en caso de aplicarse, se hará de forma aleatoria y a cargo de una nueva KGB cultural –conocida eufemísticamente como “comisión ministerial”− ajena al sistema legal vigente. ¿Por qué entonces se aprobó la ley Sinde? ¿Cuál es la utilidad de la ley? Entiendo que el asunto aún desconcierta a muchos, y que no soy el único que se pregunta por los auténticos motivos de su aceptación.
La ley Sinde supone un puñetazo en la mesa de una democracia, una intelectualidad y un mercado puestos en duda. Supone la respuesta del miedo que tan bien explicase Fernando Fernández Savater en un artículo publicado en El País; se trata de un farol desesperado encaminado a controlar el ámbito cultural. Con la ley Sinde, el gobierno español se adjudica no sólo la capacidad de impartir justicia a sus anchas, sino también la de otorgar clemencia. Si su aplicación se ajustase a su redacción, debería cuestionar la legalidad de la mayoría de los blogs de la Red. Que unos se mantengan abiertos y otros cerrados dependerá de la magnanimidad de la KGB cultural.
¿Cuál es la respuesta que se espera de los ciudadanos ante este órdago? Por supuesto no se presupone que dejen de bajarse creaciones culturales sujetas a derechos de autor. Como bien ha recalcado la ministra, no se trata de criminalizar al usuario, sino a las páginas de enlace y a aquellas que almacenan contenidos protegidos. Así, la ministra nos perdona. Podemos vivir en libertad merced a la bondad del gobierno que nos protege de la avaricia de la industria y las entidades de gestión, esas hidras de mil cabezas que no dudarían en encarcelar a los “ladrones” que “roban” cultura.
Pero ¿qué extraña lógica permite que un ciudadano se descargue contenidos protegidos y, al mismo tiempo, condene a aquel que nos dice dónde se encuentran o los almacene? La respuesta podría encontrarse en asimilar nuestra democracia parlamentaria a lo que Žižek llama “regímenes piadosos”. Tales sistemas consideran el robo o la violación de la ley como algo que se puede pasar en ocasiones por alto, sin que esto signifique que el poder siga manteniendo la capacidad de actuar contra el infractor cuando le venga en gana. Así, tenemos claro que la KGB cultural no actuará contra el mayor enlazador de contenidos “ilegales” de la Red, Google, ni contra cualquier otro gigante de Internet. Pero sí podrá hacerlo contra mi blog o el de otro cualquiera.
Lo que el gobierno, el mercado y la cultura nos quieren decir es, por un lado, que el poder lo tienen ellos, y, por otro, que son benevolentes y comprensivos con la gente que se limita a jugar la partida de la corrupción. En palabras de Žižek aplicadas al artículo 133:
(…) toleran violaciones de la ley, puesto que, la manera en la que está establecida la vida social, violar la ley, sobornar y timar son condiciones para la supervivencia (Slavoj Žižek, Violence. 2008: 159)
Una vez establecido que enlazar o albergar contenidos protegidos es robar, nos perdonan por ello, eso sí, mientras les parezca. A fin de cuentas, como diría Berlusconi “todos somos pecadores”: tú enlazas canciones, yo me hago unos trajes, visito a Obiang o le pido préstamos a China y Catar, por poner algún ejemplo.
La aprobación de la ley Sinde es un claro acto de totalitarismo democrático por la forma en la que se ha elaborado, pero, sobre todo, por su mensaje implícito. Esta ley, con lo antidemocrática y bravucona que es, quiere hacernos pensar que la libertad en la Red se mantiene no porque los actos que realizamos en ella sean legales o morales, sino por la gracia y la intercesión divina de gobernantes, intelectuales y artistas que nos perdonan la vida. A fin de cuentas, ellos representan el paradigma del respeto a los valores democráticos y culturales.
La ley Sinde ha sido unánimemente apoyada por el poder cultural establecido: las grandes compañías discográficas y editoriales, las entidades de gestión de derechos de autor, la prensa tradicional, el gobierno español, la oposición mayoritaria y la industria cultural norteamericana han estado del lado de su parte. Lo revelador es que los intelectuales y artistas se hayan sumado a este acto simbólico de afirmación del poder. No querrán dejar de jugar a Hollywood, ni de intercambiarse premios, ni abandonarán la alfombra roja. Se encuentran más allá de las penurias del currante. Es triste que hace más de un siglo Emma Goldman dijese las siguientes palabras que aún hoy están cargadas de verdad:
Es cierto que la mayoría de los intelectuales se considera una clase separada y superior a los trabajadores, pero las condiciones sociales están demoliendo rápidamente el alto pedestal de la intelectualidad. Se los está haciendo ver que ellos también son proletarios, incluso más dependientes de su amo económico que el trabajador manual.(Emma Goldman, My Disillusionment in Russia. 2003: 256)
Pensé que algunos intelectuales y artistas cambiarían de opinión como lo hizo Álex de la Iglesia. No fue así. Se mantuvieron en sus trece y participaron activamente en el absurdo de La ley Sinde. Apoyaron; ese mero acto simbólico, ese ejercicio vacío de autoridad totalitaria. Todo el mundo sabe que la realidad tecnológica y social imposibilita la aplicación adecuada de la disposición adicional segunda de la ley de economía sostenible. Por desgracia, ha acallado temporalmente una de las protestas más justas, creativas y revolucionarias de las últimas décadas.

Reproducido de El blog de Ioanes Ibarra