Cinco millones de internautas, en el punto de mira de la SGAE

Cinco millones de internautas, en el punto de mira de la SGAE

Si usted es usuario de eMule o de Bit Torrent, las dos principales redes de intercambio de archivos en Internet –conocidas como peer to peer (P2P)–, sus días felices de descargas gratuitas de estrenos de cine y canciones tienen los días contados.  El Gobierno ha asegurado que antes de 2010 habrá un marco legal que permitirá  frenar las crecientes cifras de piratería.

Cada segundo se realizan casi 2.000 descargas ilegales desde ordenadores situados en España. En 2007, más de cinco millones de internautas de nuestro país, una cuarta parte del total, utilizaron las populares redes P2P para bajarse más de 1.200 millones de películas, canciones y videojuegos sin la autorización de los propietarios de los derechos de autor.

“Hay que tomar medidas ya. No podemos seguir pagando la factura del desarrollo de la sociedad de la información”,  aseguró a Metro José Manuel Tourné, director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).

Tanto esta asociación como la Sociedad General de Autores (SGAE) aseguran que la forma más efectiva para luchar contra la piratería on line es el modelo de los tres avisos. Este sistema consiste en advertir al usuario de que está realizando descargas ilegales hasta en tres ocasiones antes de penalizarlo. “Desde su implantación en Estados Unidos, Francia y Reino unido se ha demostrado que sólo en el 8% de los casos es necesario un segundo aviso, y únicamente el 1% fue sancionado”, explicó Tourné. Los castigos que se contemplan en esta medida varían entre el corte temporal de la línea –se habla de un año–, la reducción del ancho de banda para dificultar las descargas o el bloqueo del acceso a determinadas páginas de Internet que permiten acceder al material ilegal.

Sin embargo, esta propuesta cuenta con un gran inconveniente: las compañías que ofrecen acceso a Internet son reticentes a espiar a sus clientes. Fuentes de Telefónica aseguraron a este periódico que las operadoras no son “policías ni fiscales”. “Es imposible saber qué contenidos intercambian los usuarios, y menos si son legales o no”, afirman. Este mismo argumento es el que esgrimen los internautas para defender sus derechos. Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), “la SGAE pretende controlar las comunicaciones digitales, criminalizar a las operadoras e ilegalizar algo que  no es delito”.

Fuente:http://www.diariometro.es