Campa la lía: propone el contrato único y provoca una división en el Gobierno

economista.
El Gobierno sigue buscando fórmulas que le permitan avanzar en el Diálogo Social y presentar un modelo de reforma laboral que contente a sindicatos y a empresarios.

Claro que, en esta búsqueda, el lío se lo ha montado él mismo y en su propia casa, auspiciado por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien ha destapado la caja de los truenos al plantear que desde el Ejecutivo se abandere la fórmula de un contrato único, en sintonía con las propuestas de la CEOE.

Se trataría de unificar las distintas modalidades de contratación laboral vigentes en nuestro país para incentivar el empleo y reactivar el mercado del trabajo. Una propuesta que ha levantado fuertes discrepancias en el seno del Gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente por parte de los ministros más afines al zapaterismo y por los responsables del Ministerio de Trabajo, que rechazan frontalmente una fórmula que no sería mal vista por el ala más moderada de los miembros del Consejo de Ministros.

Al rechazo frontal al contrato único en el seno del Gabinete se suma también la fuerte oposición de las centrales sindicales. Tanto UGT como Comisiones Obreras han advertido ya que jamás aceptarán una reforma en este sentido y amenanzan con movilizaciones sociales, a las que se sumaría también la prolonganción de la vida laboral hasta los 67 años como eje central de las motivaciones para la protesta que podría desembocar en una huelga general.
El Manifiesto de los 100

Pero la posición de José Manuel Campa en favor de una reestructuración de las modalidades de contratación que fije un contrato único para reducir la temporalidad, promover la formación, mejorar la protección por desempleo y la negociación colectiva, no es nueva. Esta propuesta para la creación de empleo la formulan expertos de Fedea (Federación de Estudios de Economía Aplicada) y la suscriben varios integrantes del conocido Manifiesto de los 100, firmado en la primavera de 2009 por ese número de economistas. Incluido el hoy secretario de Estado de Economía, quien la semana pasada habría amenazado con presentar la dimisión si no se llevaba a efecto.

La propuesta, avalada en su origen por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se concentra en la creación de un contrato único para los nuevos empleos que permita una indemnización por despido creciente según la antigüedad del empleado.

Es decir, la compensación variaría. Sería de 12 días por año trabajado si se tiene un año de antigüedad. Iría aumentando a razón de dos días por cada año de antigüedad hasta los 36 días, con una indemnización máxima de 12 años.

Como aseguraba recientemente el economista José Ignacio García "este contrato único beneficia a los más jóvenes, el colectivo de entre 16 y 35 años, y a los parados. No afecta los derechos adquiridos por los trabajadores indefinidos. Ni supone un coste significativo en caso de despidos para las empresas".

Por su parte, el profesor Florentino Felgueroso, otro de los defensores del proyecto, aseguraba que el contrato único "ofrece mayor seguridad laboral a los trabajadores". Además, "la temporalidad frena el crecimiento del consumo, el ahorro, la tasa de fertilidad y dificulta la salida del desempleo de los parados de larga duración".

Pero como advierten también algunos analistas no todo es positivo. Los trabajadores con contratos indefinidos pueden verse parcialmente afectados. Se reduciría su indemnización entre un 0,1% y un 12% si son despedidos después de 10 años, puesto que al encontrar otro empleo estable, la contratación se pactaría mediante el contrato único.

Desde la patronal CEOE se insite tambien en la necesidad de introducir reformas para eliminar la rigidez de la jornada laboral, y en concreto el contrato único que aseguran está orientado a los parados. "Si se implantara el contrato único se produciría un aumento de los salarios de los que están en paro, y mientras no se introduzca veremos un número creciente de parados cuyo salario será cero", afirman.
Oposición sindical

La principal razón de la oposición de UGT y CCOO al contrato único es porque desaparecería el tutelaje judicial sobre los despidos.

En la modalidad que proponen los 100 y defiende la CEOE, la Magistratura de Trabajo es la que decide si un despido tiene o no causa justificada. De que lo sea o no, depende la cuantía de la indemnización y el tipo de despido, que a veces puede ser declarado nulo.

El contrato único establecería una igualdad en los despidos, de forma que no importaría si la salida del trabajador de una empresa tiene causa justificada o no la tiene.

Este aspecto exaspera a los sindicatos, para quienes la desaparición del papel de la autoridad laboral en las relaciones entre trabajadoresy empresa es muy importante. La presencia de los jueces en el mercado laboral se remonta a varias décadas atrás y los sindicatos la consideran la garantía principal de protección efectiva hacia el trabajador.

Además, UGT y CCOO aseguran que no se pueden equiparar todos los despidos, en cualquier sector, en cualquier empresa y en cualquier situación.

CEOE, por el contrario, defiende que, cuando una empresa prescinde de un empleado, no lo hace por capricho y, que en la mayoría de los casos, obedece a causas justificadas, sobre todo, a causas económicas. En todo caso, la pelota está en el tejado del Gobierno. Impelido por las circunstancias a llevar a cabo reformas en el mercado laboral español, considerado uno de los más rígidos de la Unión Europea, debe contentar a ambas partes para que no vuelva a ocurrir la espantada del pasado mes de julio.

Lo que parece claro es que será muy difícil alcanzar un acuerdo referente a una reforma laboral en primavera, concretamente en el mes de abril, como desearía el Gobierno para culminar la presidencia de la Unión Europea con algo sólido que presentar. Ahora, sus principales aliados, los sindicatos, están empezando a distanciarse. Demasiadas medidas a un tiempo.