Díaz Ferrán paga su chalet en Mallorca y frena el concurso en tres de sus empres

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No todo son malas noticias para Gerardo Díaz Ferrán. Según ha podido saber El Confidencial, el dueño de Marsans ha saldado la deuda de más de 750.000 euros contraída con la constructora mallorquina Jojaina para la edificación de un chalet de lujo en Calvià, al oeste de la isla. El pasado mes de octubre y ante los reiterados impagos, la empresa había pedido en los juzgados de Madrid el concurso necesario de Inversiones Grudisán, Holisan Inversiones y Limpiezas Rodas, consideradas matrices del grupo empresarial del presidente de la patronal y su familia.

 

“Se ha retirado la solicitud de concurso. Ha habido un acuerdo entre las partes”, aseguraba ayer, sin dar más precisiones, Javier Massanet, abogado que representa a la constructora. Joan Rigo, dueño Jojaina, confirmó a este diario que Gerardo Díaz Ferrán “ha liquidado la deuda y se ha dado marcha atrás en la petición de concurso. Quedan algunos flecos por resolver, algunos gastos pequeños que no se han satisfecho, pero fuera de esa de deuda principal de 750.000 euros”.

 

Según el Diario de Mallorca, que adelantó la información el pasado mes de octubre, en el chalet se habían invertido hasta entonces 4,3 millones de euros. “Puede que esa cifra fuera exagerada”, constata Rigo. En su momento, el propietario de Jojaina decidió acudir a los tribunales tras fracasar en su intento de hacer efectivos múltiples pagarés y letras de cambio entregados por Díaz Ferrán a cuenta de las deudas; los títulos fueron devueltos a la constructora. En los mensajes de móvil cruzados con Rigo, el presidente de Marsans aseguraba que él también tenía problemas para cobrar, especialmente de los ayuntamientos, y que estaba pendiente de vender “tres cosas”.

 

El frente mallorquín es el menor de los que tiene abiertos Díaz Ferrán. De hecho, los problemas en su chalet se produjeron en paralelo a los últimos coletazos de la crisis de Air Comet, que acabó con el cierre de la compañía tras meses de impagos de las nóminas a sus trabajadores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación a la aerolínea y sus propietarios por presunta estafa, al considerar que siguieron vendiendo billetes después del 18 de diciembre pese a saber que la compañía iba a bajar la persiana. En esa fecha, un juez británico ordenó el embargo de sus aviones, lo que provocó el cierre tres días después.

 

El fraude fiscal en Aerolíneas y Marsans

 

Dos sombras más amenazan el futuro de Díaz Ferrán y su continuidad al frente de CEOE. La primera afecta a Viajes Marsans. Según informó este periódico, la empresa de bandera del grupo pidió a sus bancos a finales de diciembre 110 millones de euros para seguir con sus operaciones. Entre las entidades acreedores -con Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa y Sabadell a la cabeza-, hubo acuerdo en aflojar y articular una estrategia de refinanciación de la deuda de la sociedad. Eso sí, se aplazó toda decisión sobre el dinero solicitado. La compañía admitió que negocia el préstamo de la campaña de invierno, aunque rebajó sus necesidades a 60 millones de euros.

 

La segunda tiene que ver con el procedimiento judicial abierto desde hace cinco años por la gestión en Aerolíneas Argentinas y que en cualquier momento podría llevar al banquillo a Díaz Ferrán y a su socio, Gonzalo Pascual. La Audiencia Nacional había devuelto al juzgado de instrucción número 35 las actuaciones por la querella presentada contra los propietarios del Grupo Marsans por presuntos delitos de fraude fiscal y apropiación indebida de fondos públicos de 300 millones de dólares (209,5 millones de euros). Se trata de dinero procedente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para el pago de las deudas de Aerolíneas Argentinas.

 

Según confirman fuentes judiciales, la resolución de la Audiencia, aunque sí se ha comunicado a las partes, aún no ha llegado de vuelta al juzgado número 35, lo que retrasará todavía más un procedimiento ya eterno. “El juzgado no hubiera elevado el caso a la Audiencia si hubiera visto que no hay delito. Hubiera archivado el caso. Puede hacerlo ahora, pero lo normal es que opte por la apertura de juicio oral, lo que obligaría a los acusados a sentarse en un banquillo. No obstante, a estos siempre les queda apelar presentar un auto de reforma ante la Audiencia Provincial para evitarlo”, explican a este diario fuentes jurídicas.