Economía prepara otra oleada de privatizaciones: hospitales y trenes en el punto

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El Consejo Consultivo de Privatizaciones  -un organismo creado en la primera legislatura de José María Aznar- vuelve a cobrar vida. El Ministerio de Economía ha acelerado en los últimos meses la petición de nuevos informes sobre el papel del sector público en la actividad económica. Uno de los últimos informes -entregado ya al Ministerio de Economía- tiene que ver con la colaboración público-privada en la construcción y gestión de hospitales, lo cual es todo un aviso para navegantes. El informe tiene 31 folios y ofrece propuestas para unificar los contratos e impulsar este tipo de actuaciones. Aunque los hospitales públicos pertenecen a las comunidades autónomas, las trabas administrativas frenan su desarrollo, por lo que habría que hacer modificaciones en la Ley de Contratos del Estado.

 

La gestión privada de servicios extrahospitalarios ha sido hasta ahora fuertemente criticada por el Partido Socialista, de manera principal en Madrid y la Comunidad de Valenciana, las regiones en las que se ha ido más lejos en la colaboración entre el sector público y el privado. En el caso de Madrid, siete de los ocho hospitales construidos durante el mandato de Esperanza Aguirre funcionan con este sistema, ampliamente utilizado en el Reino Unido. En estos casos, la empresa concesionaria es la encargada del diseño, la construcción, el mantenimiento y explotación de la obra pública. La prestación de los servicios sanitarios, sin embargo, permanece en el ámbito de la Administración.

 

La solicitud de este informe ilustra de qué forma ha cambiado la consideración del Gobierno sobre el papel del sector privado en la actividad económica, lo que explica que en los últimos meses haya incrementado la petición de nuevos dictámenes. El ex secretario de Estado de Economía, David Vegara, reclamó los primeros dictámenes, pero ninguno llegó a buen puerto por la oposición de Moncloa a iniciar una nueva oleada de privatizaciones. Eran los tiempos en los que los ingresos públicos crecían por encima de lo presupuestado y no había ninguna presión para vender lo que aún quedaba en manos del sector público.

 

Sin embargo, ahora los tiempos han cambiado y el Consejo Consultivo de Privatizaciones -un organismo que preside el profesor Juan Ramón Cuadrado- ha sido requerido por Economía en diversas ocasiones para elaborar informes confidenciales sobre materias como la financiación de las televisiones públicas (al final se hizo todo lo contrario a lo que propuso el consejo) o el transporte de mercancías por ferrocarril. Además, ha realizado un informe sobre el funcionamiento de los organismos reguladores (CNMV, Comisión Nacional de la Energía) o Correos con el objetivo de aumentar su independencia.

 

Organismos reguladores

 

Este informe fue, precisamente, el que sirvió de  base para los cambios que incorpora la Ley de Economía Sostenible (LES), que establece un máximo de cinco miembros en cada uno de los consejo de administración. Los informes del consejo de privatizaciones son a petición de parte –el Ministerio de Economía y en ocasiones de la Sepi-, y son confidenciales salvo aquellos en los que se informa de forma preceptiva sobre una determinada oferta pública de venta de acciones (OPV).

 

Además de los informes citados, el consejo de privatizaciones ha elaborado en los últimos meses sendos dictámenes sobre la gestión de las estaciones de tren y la administración de los puertos españoles. En el primer caso, lo que ha propuesto el consejo es convertir las estaciones de ferrocarril  en centros de atracción comercial, en particular aquellas que se ubican en el centro de las ciudades, como sucede con la estación de Atocha, en Madrid, o Valladolid. La gestión de las vías seguiría en manos del operador, mientras que las tiendas podrían ser explotadas por empresas privadas. En la recámara continúa en vía muerta el viejo proyecto de crear competidores de Renfe en el transporte de mercancías.

 

El informe del consejo de privatizaciones ha servido también de base para la futura reorganización de AENA, que como ya ha adelantado el ministro de Fomento, José Blanco, tiene como ejes la participación de las comunidades autónomas en su gestión y la privatización del 30% de su capital, tal y como le propuso el organismo consultivo especializado en la enajenación de bienes públicos. El proyecto lleva ya más de dos años empantanado.

 

En contra de lo que suele crearse, el Estado todavía mantiene en su poder algunas participaciones significativas con las que podría hacer caja en unos momentos en los que Hacienda no pasa, precisamente, por sus mejores momentos. En su poder permanece, además de AENA, el 20% de Red Eléctrica, el 5% de Enagás, el 5,49% del conglomerado aeronáutico EADS, el 5,16% de Iberia o el 8,45% de Ebro Puleva, entre las cotizadas.

 

Entre las sociedades que no cotizan en ninguna bolsa de valores se encuentran Grupo Navantia (naval), Hispasat (7,41%), P4R, dedicada al comercio exterior (11,87%), RTVE o Sodian, además de compañías como ENUSA (que suministra combustibles  a las centrales nucleares), Equipos Nucleares (suministro y montaje de centrales), Cetarsa (tabacos), Tragsa, Mercasa, la agencia Efe o incluso el hipódromo de Madrid; además de otras que siguen en el sector público por razones extraeconómicas. Este es el caso de Hunosa o Minas de Almadén, hoy por hoy imprescindibles en sus respectivos territorios.

 

Desde que se creó el Consejo Consultivo de Privatizaciones en los tiempos de Rodrigo Rato como vicepresidente económico, el Estado ha vendido su participación (total o parcial) en el capital de 61 empresas. El volumen de ingresos generados por tales operaciones de privatización alcanzó, a finales de 2007, la cifra de 33.949 millones de euros. O dicho en euros constantes (descontada la inflación), el sector público ha ingresado nada menos que 44.920 millones de euros, equivalentes al 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que refleja claramente su importancia desde el punto de vista de la recaudación.