Economistas reclaman una reforma laboral para que el paro no llegue al 20%

Confidencial.- Ponerse de acuerdo no es fácil en el mundo académico; pero, por una vez, la élite de la ciencia económica -desde luego, no toda la profesión- ha coincidido en una reflexión: es urgente una reforma laboral.

El manifiesto fue presentado ayer en público Fedea, y está suscrito por algunos de los economistas con mayor proyección internacional de España (Salvador Barberá, Samuel Bentolila, Andreu Mas-Colell, Luis Garicano o Xavier Vives), y sostiene que “con una tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 20% durante los próximos meses, es urgente atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa”.

En su opinión, “ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo”. Y recuerdan que la tasa de paro en la eurozona se sitúa en el 8%, casi la mitad que en España. 

Según su análisis, crear “un nuevo modelo  productivo y requiere un sistema de ciencia y tecnología más favorable a la innovación y un sector educativo que produzca trabajadores más cualificados, reduciendo las alarmantes cifras de fracaso escolar”. Pero también “instituciones laborales que faciliten la reasignación de trabajadores de los sectores obsoletos a los emergentes”.

El documento lo suscriben, en total, 96 economistas, entre los que también se encuentran Michele Boldrin, Julio Segura, Ángel de la Fuente, Juan José Dolado, Rafael Domenech, Francisco Pérez, Simón Sosvilla, o José Antonio Herce), y propone actuar en cuatro frentes: la temporalidad en el empleo, la negociación colectiva, el sistema de protección de los parados y las políticas activas de empleo.

► TEMPORALIDAD. Para acabar con la dualidad laboral (empleos fijos y temporales), los firmantes del documento sugieren “simplificar el actual menú de contratos de trabajo con indemnizaciones por despido tan diferentes”. Y, en concreto, proponen que se limite a los contratos de sustitución de trabajadores en baja temporal. El resto de contratos temporales debería desaparecer. Simultáneamente, se  introduciría un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente en función de la antigüedad. La introducción de este contrato unificaría las causas del despido, manteniendo la tutela judicial para los despidos por razones discriminatorias.

En su opinión, el hecho de que los contratos temporales tengan una indemnización de 8 días y los fijos de 33 o 45 -según los casos- “es el factor inductor de la excesiva rotación laboral”, ya que los empresarios despiden para rebajar el coste de las indemnizaciones. De la misma forma, se podría estimular el contrato a tiempo parcial.

¿Y cuál sería la nueva indemnización? Se propone que sea creciente en función de los años trabajados, pero evitando un aumento de los costes laborales medios con respecto a la situación actual. Como ejemplo, proponen  “empezar con una indemnización ligeramente superior a la actual para los contratos temporales y aumentarla progresivamente hasta alcanzar un valor alrededor de la media europea [en torno a 20 días], por debajo del nivel actual más común para los despidos improcedentes (45 días)”.

► PROTECCION DE LOS PARADOS. Los firmantes del manifiesto parten de que “el gasto en prestaciones por desempleo debe seguir creciendo mientras persista la situación de crisis y seguramente será conveniente alargar la duración de las prestaciones”. Pero dicho esto, aclaran que esta medida “debería tener carácter transitorio, revirtiéndose cuando la situación económica mejore”. 

En su opinión, es preferible aumentar el nivel de las prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración. Y al mismo tiempo, proponen la revisión de los topes máximos para la cuantía de las prestaciones, “pues al ser relativamente bajos dificultan hacer frente a decisiones de consumo ya comprometidas y a la vez implican un perfil escasamente decreciente que reduce los incentivos para la búsqueda de trabajo”.

En cuanto a las cotizaciones que financian las prestaciones, respaldan el llamado modelo austriaco, que supone que una parte del desempleo se acumule en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso en caso de quedar parado, para financiar sus actividades de formación o, si lo desea, para acumularlo en un fondo de pensiones de jubilación.

Igualmente, se plantea una rebaja de las cotizaciones para las empresas que menos despidan, mientras que, por el contrario, se subirían las cargas sociales para las que hicieran más ajustes de empleo.

► NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  Para los 96 economistas, la estructura de los convenios sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a las necesidades productivas de cada momento y suponiendo un freno a los aumentos de la productividad. Una medida que se propone es que  los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos que se alcancen entre los empresarios y los comités, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior. Con la regulación actual, acuerdos como los que han alcanzado algunas grandes empresas para mantener el empleo “solo son posibles bajo condiciones muy restrictivas”.

► POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. En su opinión, es necesario orientarlas hacia determinados colectivos y mejorar su gestión. Las políticas activas deben concentrarse en los trabajadores con menor cualificación, que son los que sufren los periodos más largos de desempleo, a fin de evitar el paro de larga duración. Y su gestión debe coordinarse con la protección por desempleo.

Tanto la provisión de las actividades de inserción y formación como su financiación deberían tener en cuenta la situación particular de cada trabajador parado y generar “las oportunidades e incentivos para elevar la salida del paro al empleo”. Y en este sentido, se propone una evaluación rigurosa -y no rutinaria- de las actividades realizadas en este campo, “hoy prácticamente inexistente”.

Los formantes del escrito, por último, reclaman que se permita que empresas de intermediación laboral y agencias privadas “adecuadamente acreditadas” puedan colaborar con las agencias públicas en su provisión y gestión.



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