El Gobierno frena ahora hasta 2011 la reforma de la financiación local

El Ejecutivo incumple el compromiso de solucionar el agujero municipal a la vez que el autonómico. La deuda de las ciudades supera los 32.000 millones y su déficit roza el 0,5% del PIB.

La máquina del gasto de Zapatero tiene límites. Los alcaldes disfrutarán este año de los 8.000 millones de euros del Plan E para obras municipales. Pero las calles y plazas restauradas, los nuevos polideportivos, piscinas y demás instalaciones multiusos del Fondo Local –se ha costeado con él hasta pistas de aeromodelismo y kart– seguirán sin contar con un suelo económico estable.

“Antes de 2011 no habrá un nuevo modelo de financiación local” del que dependen las más de 8.000 ciudades y pueblos de España, comunicó ayer el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el también socialista Pedro Castro.

Desde que se abrió el proceso de negociación financiera con las comunidades, el Gobierno prometió a los alcaldes una mejora de sus ingresos paralela. Pero las preferencias han cambiado, después de solucionar parte del lío autonómico.
“El marco de estabilidad parlamentaria está al límite” para dotar de nuevos fondos a los ayuntamientos, argumenta Chaves. Sobre todo, después de haber comprometido 8.000 millones para obras públicas y otros 5.000 millones en 2010 para proyectos “tecnológicos y verdes”.

Deuda desbocada
Los alcaldes no reniegan de los fondos de Zapatero. Pero saben que, en plena crisis, son tan sólo una cataplasma temporal que no tapona la sangría de recursos que están sufriendo. La deuda pública de los ayuntamientos superó los 32.000 millones de euros en 2008 y este año cerrarán con un déficit previsto de 4.000 millones.

Más de un 50% de los ingresos locales está vinculado a la actividad económica e inmobiliaria

Más de la mitad de sus ingresos proceden de su propio espacio fiscal, el cual se reduce a impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria (Bienes Inmuebles, tasas por obras, etc) y económicas (Impuesto de Actividades Económicas que grava a las empresas o de Circulación). La recesión ha dejado secas todas estas fuentes de ingresos, principalmente, la relacionada con la construcción.

Los municipios gestionan además en torno al 13% del gasto público del Estado. Y en los últimos años, han asumido competencias “impropias” como la asistencia a inmigrantes, servicios de educación infantil, etc. que han engordado con 7.000 millones de euros su factura de gastos.

La situación, por tanto, obliga a revisar el reparto de ingresos del Estado para mejorar la Ley de Haciendas Locales. Por eso, desde la FEMP se reclama elevar su Participación en los Ingresos Tributarios de las Comunidades Autónomas (conocida como PICA). Es decir, ceder a los ayuntamientos una parte de la recaudación de los grandes impuestos del Estado (IRPF, IVA y Especiales), como respalda la propia Constitución.

Castro se mostró resignado, pero cree que así se podrá negociar “sin prisas”. En el fondo, le da aire para solucionar la crisis institucional que se abrió en la FEMP después de que llamara “tontos de los cojones” a los “votantes de la derecha”, lo que provocó la rebelión de los concejales del PP. Los populares no forman parte de la comisión mixta encargada de negociar la financiación con el Gobierno.

Más cataplasmas
- El Gobierno ha incumplido la promesa de cerrar la reforma de la financiación local al mismo tiempo que la autonómica.

- Mientras se prorrogaba el debate, Zapatero lanzó un Fondo Local de 8.000 millones para obras. El Ejecutivo estima que se han creado 400.000 puestos de trabajo –de carácter temporal–. Pese a todo, cuando acaben las obras, el agujero financiero de los Ayuntamientos seguirá siendo el mismo, ya que padecen un problema de sostenimiento de los servicios básicos que prestan.

- El Gobierno se compromete a dotar un nuevo fondo con 5.000 millones para “proyectos verdes” en 2010.

Errores de Castro
- El presidente de la FEMP, Pedro Castro, desató un terremoto en la organización hace medio año, tras llamar “tontos de los cojones” a los “votantes de la derecha”. Los representantes del PP en la FEMP solicitaron la dimisión de Castro y plantearon un boicot al presidente saliendo de la organización.

- Castro nombró recientemente una comisión para negociar con el Gobierno la financiación autonómica en la que no están representados los 24.000 concejales del PP.

Para evitar el mal trago a Castro, el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, ha convocado directamente a los portavoces de los
partidos para no excluir a nadie.
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