El Gobierno propone que becarios de postgrado y empleadas del hogar coticen a la

cotizalia.
No descarta "posibles modificaciones parciales" en las cotizaciones sociales
 El Gobierno apuesta en su documento de propuestas para reformar el sistema de pensiones por extender a los becarios de postgrado y a las empleadas del hogar la cotización a la Seguridad Social, y no descarta "posibles modificaciones parciales" en las cotizaciones sociales.

En el primer caso, el Ejecutivo justifica la ampliación de la cotización a estos colectivos por la necesidad de una "generalización de la acción protectora", que demanda "extender la posibilidad de cotizar al sistema de Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores de la actividad económica".

Asimismo apuesta, en términos generales, por mantener las actuales cotizaciones sociales, ya que están en la media de los países de la UE-15 y no han sido un "obstáculo" a la creación de empleo en la época de bonanza, aunque no descarta introducir "posibles modificaciones parciales".

En este capítulo, también plantea la posibilidad de modificar la cotización por contingencias profesionales, de modo que los trabajadores con empleos más seguros asuman parte de los costes generados por su compañeros con empleos con una siniestralidad más alta.

En este sentido, el Ejecutivo considera que, con el ánimo de simplificar y atenuar diferencias, debería determinarse una tarifa de cotizaciones en la que existan "tres o cuatro tipos de cotización, minorándose en la medida de lo posible los tipos más elevados".

Asimismo, indica que debe considerarse si algunas bonificaciones deben recaer en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) o en el de la Administración de la Seguridad Social por atender más a la prolongación de la vida laboral que al desarrollo de políticas activas de empleo, como es el caso de aquellas destinadas al mantenimiento en actividad de los mayores de 59 años con antigüedad en su puesto.

SACAR LAS PRESTACIONES SANITARIAS Y SOCIALES DEL SISTEMA.

Por otro lado, el Gobierno propone que para la culminación de la separación de fuentes, sería necesario, en primer lugar, separar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la política de pensiones y prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social de las prestaciones sanitarias y sociales financiadas por el Estado, de forma que éstas "se desvinculen por completo" del sistema.

Del mismo modo, aboga por que el Fondo de Reserva y las diferentes reservas de la Seguridad Social se constituyan en una sección presupuestaria independiente, sin perjuicio de las oportunas transferencias de dotaciones, o, "cuando proceda, a la financiación con cargo al Fondo de la parte prevista del déficit del nivel contributivo del sistema".

El Ejecutivo también plantea una "reflexión" sobre si deben ser las cotizaciones sociales las que soporten el gasto por la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, o si se debe "transitar" hacia un modelo basado en impuestos o mixto, para lo que se podría contar con el apoyo durante la primera década de las reservas generadas por la gestión de contingencias profesionales en las Mutuas.

También en la línea de la separación de fuentes, el Gobierno entiende que debería estudiarse la elaboración de una nueva Ley General de Seguridad Social, que se ceñiría a las prestaciones vinculadas al nivel contributivo, dejando la asistencia sanitaria, los servicios sociales y la atención a la dependencia a otras leyes específicas.

El nuevo texto partiría de la consideración de todas las contingencias protegidas como obligatorias y universales, eliminando, "con toda la gradualidad y prudencia necesarias", el carácter voluntario de la mutualización de prestaciones.

REVISAR LA COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS.

Por otro lado, el documento aprobado por el Gobierno incluye la revisión de la cotización de los autónomos, según lo acordado con el colectivo, para que se adecuen a los rendimientos reales del ejercicio profesional.

A continuación, plantea que en los casos de ruptura familiar de los cónyuges que han colaborado con la aportación de su trabajo al mantenimiento de negocios familiares, y que en muchas ocasiones se ven en edades avanzadas sin ninguna carrera de cotización, sería necesario reconocer, mediante decisión general, la cotización a la Seguridad Social durante un periodo de tiempo que permitiera a una persona poder depender más de su trabajo y de sus derechos que de rentas y prestaciones compensatorias o derivadas.

Asimismo, el Ejecutivo plantea acordar con los autónomos si el régimen de ayuda familiar es una ventaja o un inconveniente para los cónyuges que colaboran con negocios familiares, en muchos casos sin plenitud de derechos.

"Una modificación legislativa que permitiera modalidades de cotización pensadas para las jornadas parciales debería posibilitar que cuando los dos cónyuges colaboran en el negocio o explotación, lo normal sea la cotización de ambos, y no la excepción", precisa.