El Gobierno rechaza tocar las sicavs pero negocia subir el IRPF a las rentas más

cotizalia.

Alivio para las grandes fortunas. El Gobierno rechaza alterar el régimen fiscal actual de las sicav (los vehículos de inversión preferidos de los altos patrimonios), a pesar de las propuestas encargadas en este sentido al Ministerio de Economía, y de la oferta de la izquierda parlamentaria de respaldar los Presupuestos Generales a cambio de una nueva reforma de los impuestos.

El Grupo Socialista en el Congreso descartó ayer negociar con IU e ICV una modificación de las sicav, pero dejó la puerta abierta a otra de las demandas de la izquierda: una subida del IRPF para los tramos más altos de renta. Pese a que todavía no hay cifras concretas sobre la mesa, Gaspar Llamazares señaló que se habían producido avances en la disposición del Ejecutivo a introducir una mayor progresividad en el sistema impositivo.

Cuando se anunció la reforma fiscal con la subida del IVA y del tipo de la base del ahorro, la vicepresidenta Elena Salgado ya advirtió que podía haber más novedades durante la tramitación parlamentaria. La primera etapa de la negociación en la Cámara finaliza este viernes, cuando se registrarán las enmiendas a la totalidad que piden la devolución de los Presupuestos. Por ello, los socialistas buscan un acuerdo de última hora que amplíe su abanico de alianzas parlamentarias.

El PSOE espera poder contar con los 6 votos del PNV, junto a quien ayer aprobó una iniciativa para blindar el Concierto Económico vasco, así como el respaldo del escaño de UPN y de Coalición Canaria. El Gobierno conseguiría así la mayoría absoluta de la Cámara, pero los socialistas no se conforman y pretenden que los Presupuestos obtengan un respaldo más amplio que en años anteriores. De este modo, esperan reforzar la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero y presentar las cuentas del Estado como un texto consensuado, útil para salir de la crisis.

El Grupo Socialista continuará negociando este miércoles con ERC, cuyo portavoz, Joan Ridao, advirtió ayer que ya tiene redactada la enmienda a la totalidad. Los republicanos, como IU e ICV, también reclaman cambios en fiscalidad, especialmente sobre las sicav. De momento, en lo único en lo que hay un principio de acuerdo es en el punto de partida de que hay que endurecer la fiscalidad de las rentas más altas para que asuman una mayor carga de la financiación del déficit público, tal como ha solicitado en numerosas ocasiones el ministro de Fomento, José Blanco.

La dificultad de tocar las sicav

La subida de impuestos a las sicav es una demanda tradicional de la izquierda, que considera un fraude de ley que se utilicen unos vehículos teóricamente de inversión colectiva para que individuos o grupos familiares con alto patrimonio eviten pagar impuestos. Las sicav, al igual que los fondos de inversión, sólo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, y sus partícipes no tienen que pagar nada en el IRPF por las ganancias obtenidas hasta que se salen definitivamente del vehículo; entonces deben pagar el tipo de las rentas del capital, del 18% actualmente y del 21% en 2010. Pero esto suele ocurrir después de muchos años, o incluso lo hacen sus herederos tras su fallecimiento.

El problema es que cambiar este régimen es muy complicado porque sólo hay dos opciones para ello         bien se endurece la fiscalidad de todos los productos de inversión colectiva, incluyendo a los fondos, que es lo que se recogía en un informe elaborado por los técnicos del Ministerio del que se hizo eco hace dos semanas El Confidencial y que causó un enorme revuelo en la industria; o bien se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para que las sicav no se consideren IIC si se supera un tope a la participación de un solo individuo.

Por otro lado, muchos de estos patrimonios huirían de España si se empeora su tratamiento fiscal, con rumbo a destinos más amistosos con estos productos, como Irlanda o Luxemburgo. De hecho, en las últimas semanas numerosos poseedores de sicav han estado estudiando posibles alternativas por si se confirmaba el endurecimiento de los impuestos.

¿Marginal al 48%?

La subida del IRPF para las rentas más altas también era una de las propuestas que tenía encima de la mesa el Ejecutivo, aunque en principio la había descartado. Esta subida se puede hacer mediante una elevación del tipo marginal del impuesto desde el 43% actual hasta niveles que podrían rondar el 48%, según expertos fiscalistas. Pero también se puede llevar a la práctica de una forma más sutil, con la supresión de las principales deducciones a partir de cierto nivel de renta, lo que en el fondo equivale a una subida del tipo efectivo que se paga.

En este sentido, Llamazares se refirió a la posibilidad de modificar la tributación de las rentas del capital (plusvalías, dividendos e intereses), aunque parece difícil que el Ejecutivo eleve todavía más el tipo del 21% anunciado en septiembre. Además, esta medida ya introducía progresividad, puesto que dejaba en el 19% los primeros 6.000 euros; hasta ahora, había un tipo único del 18% para estas rentas.

Otra de las demandas de los partidos de izquierda que está dispuesto a atender el Gobierno consiste en mantener la deducción de los 400 euros para las rentas más bajas, o introducir una medida similar para los que no han podido disfrutar de esta medida porque su salario era demasiado bajo. Asimismo, los socialistas están dispuestos a aceptar que no todo el mundo cobre por igual el al cheque-bebé de 2.500 euros por nacimiento, sino que se distribuya en función de la renta. De nuevo, no hay todavía ninguna concreción respecto a dónde se situaría el tope para tener derecho a estas deducciones y sólo hay un acercamiento de posturas en el principio de introducir progresividad en estas medidas.

Lo cierto es que la izquierda exige cambios profundos "en los ingredientes del pastel y no simples guindas", como explicó Joan Herrera, portavoz de ICV. Este grupo también plantea cambios en el IVA para que productos que disfrutan del tipo reducido o súper-reducido pasen al normal y viceversa, en función de criterios de necesidad o medioambientales. Es decir, que si el Gobierno quiere el apoyo de IU e ICV, deberá rehacer su previsión de ingresos y gastos.