Feito, 'cerebro' económico de CEOE, sugiere que sobran la mitad de ayuntamientos

cotizalia.“No podemos comprar ni una bomba de agua de 500 euros para el camión de bomberos, hoy nos han cortado la luz en la Casa de Cultura… Es un milagro que paguemos la nómina a los empleados municipales”, aseguraba amargamente ayer en el Diario de Jerez el alcalde de Barbate, Rafael Quirós, para quien la deuda de 60 millones que arrastra la localidad gaditana es el equivalente a estar en quiebra. Una gota en el océano de la problemática municipal, que desde CEOE se cortaría por lo sano. “Las Administraciones Públicas se tienen que encoger. Los ayuntamientos se tienen que reducir e incluso algunos que desaparecer. España tiene el doble que Francia”, aseguró José Luis Feito, responsable económico de la patronal.

Para el prestigioso economista, no tiene ningún sentido y sólo es un caldo de cultivo para las ineficiencias que “un término común tenga cuatro ayuntamientos”. En este sentido, la reducción de consistorios permitiría realizar “ajustes de personal público y no tener que recurrir a los incrementos de tasas municipales que estamos viendo”. En el fondo, la crítica de Feito enlaza con la necesidad de poner freno al dispendio de las diferentes administraciones: “En los últimos meses, con el Plan E y demás, parece que cualquier gasto público genera empleo y es bueno, pero cómo afrontar su reducción es una de las dos decisiones vitales, junto al mercado de trabajo, que debe afrontar nuestra economía”.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2008, hasta 4.861 de los 8.112 ayuntamientos dados de alta tienen menos de 1.000 habitantes, el 60% del total. Paradójicamente, estos municipios sólo acogen un millón y medio de ciudadanos, el equivalente al 3,2% del total de la población. El análisis por comunidades autónomas revela situaciones llamativas. Por ejemplo, Castilla y León cuenta con 2.248 ayuntamientos, de los que 1.979, un 88%, tienen menos de 1.000 habitantes. Sólo ocho municipios agrupan el 58,65% de la población. Una relación de fuerzas que ya ha suscitado propuestas para racionalizar la estructura municipal en la región.

“En León hay una enorme concentración de municipios. Hay 1.400 pueblos y 211 ayuntamientos. El principal problema es que las corporaciones no están cumpliendo con la Ley de Régimen Local, al no desarrollar las obligaciones que ésta les encomienda, como la traída de aguas, el alumbrado o el alcantarillado. Son tareas que están asumiendo las juntas vecinales, que no están para eso. ¿Por qué? Por falta de recursos. La realidad es que el 53,5% de los municipios estudiados –un total de 185- soportan un gasto de personal que supera el 20% de sus ingresos. En algún caso llega hasta el 41%”, explica a El Confidencial Javier Collado, directivo en una pyme leonesa y uno de los fundadores de Proyecto León, iniciativa independiente que nació hace un año para impulsar la racionalización del gasto y mejorar los servicios en la región.

Alcaldes al paro

“Al final se va casi todo en sufragar los salarios de alcaldes, concejales y secretarios del ayuntamiento. Y ése, que sería el principal beneficio de una reducción de ayuntamientos en forma de ahorro de costes, también es el obstáculo más importante para resolver el problema", explica Collado, en clara alusión a los intereses políticos que se verían afectados. "Hemos propuesto una nueva distribución que pasaría por dejar el número de consistorios en 51. Si hacemos eso, nos sobran 160 alcaldes y otros tantos secretarios de los ayuntamientos, que son funcionarios”, zanjó. Esa apuesta también permitiría que los ayuntamientos tuvieran más población dependiente de ellos –y más capacidad de negociación ante la Diputación-, así como mejores servicios, lo que ayudaría a evitar la despoblación de estas comarcas, expone la propuesta.

Claro que Feito no se hace ilusiones sobre cualquier avance en la racionalización del gasto. Durante unas jornadas de Ganvam celebradas en la sede de CEOE, dejó claro que “la primera ley de los economistas es que los recursos son escasos y los fines múltiples, mientras que la primera ley de los políticos es negar la primera ley de los economistas”. De hecho, consideró “notable que el ministro de Economía no sea economista”. Entre las medidas propuestas por Elena Salgado para recortar el gasto público destaca su anuncio de que se eliminarán organismos públicos para reequilibrar las cuentas del Estado. Probablemente para Feito haría falta más. “Esta crisis económica pasa una vez cada cien años. Es como cuando una sociedad entra en guerra. A veces tiene a Churchill a mano. A veces no”, dijo.

A alcaldes como Quirós, en Barbate, les preocupa más que ni siquiera han tenido acceso al Plan E, “dado el problema estructural que tenemos con la Seguridad Social, a la que debemos casi 30 millones de euros”. Un lastre que no sólo sufre Barbate. Quirós asegura que pedirá árnica a través de la Mancomunidad, “aunque estamos encontrando muchísimas trabas por parte de los interventores y los técnicos de la administración. Ellos no tienen gente a la puerta pidiendo trabajo y vales para comida”. La Fundación Alternativas, poco dudosa, abogaba en un informe en 2009, también para frenar la corrupción inmobiliaria, por “un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas”.