Hacienda avisa de que el déficit de las autonomías supera las previsiones

cincodias.
Se ha convertido ya en un latiguillo de los miembros del Gobierno. Cuando los periodistas preguntan sobre el elevado déficit público, los representantes de la Administración Central recuerdan que las comunidades autónomas y ayuntamientos ya asumen más de la mitad del gasto público y, por tanto, también son responsables de reconducir las finanzas públicas.

Carlos Ocaña, durante unas jornadas fiscales organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PricewaterhouseCoopers, reclamó un gran pacto de Estado entre las distintas administraciones para reducir los números rojos. "No me atrevo a decir si mucho o poco, pero existen desviaciones", aseguró respecto al cierre presupuestario de las comunidades autónomas. Ello significa que el conjunto del déficit público en 2009, estimado en el 9,5%, fue superior al previsto, una cifra que Ocaña reconoce "insostenible".

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, a Efe que el Gobierno debe tener una mayor supervisión de las cuentas autonómicas y locales para controlar mejor el déficit. Nunca antes España había registrado -ni en porcentaje del PIB ni en cifras absolutas- unos números rojo de tal calibre. La extraordinaria situación explica la subida de impuestos -IRPF e IVA- para este año. Sin embargo, Ocaña, ante un auditorio formado por más de 700 profesionales del campo de la fiscalidad, aseguró que el Gobierno no se plantea subir más tributos.

Ahora, las reformas procederán del lado del gasto. A finales de este mes, el Consejo de Ministros aprobará una plan de austeridad para recortar costes en el seno de la Administración central. Un práctica que el Gobierno pretende que las comunidades imiten. En cualquier caso, el Gobierno central no puede imponer una línea política a los entes territoriales. La forma que tiene de presionar a los Ejecutivos autonómicos es a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a las comunidades a presentar planes económicos de reequilibrio si sobrepasan los límites de déficit. Cuando eso ocurre, Hacienda tiene potestad para prohibir la emisión de deuda autonómica. Sin embargo, el Gobierno también debe presentar su plan de reequilibrio ante Bruselas por superar, y con creces, el límite de déficit máximo que permite a la UE (3%).

España tiene de margen hasta 2013 para retornar al Pacto de Estabilidad. Misión que, a día de hoy, parece utópica. El Gobierno presentará su estrategía de reequilibrio a finales de enero. En este sentido, el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, José Manuel González-Paramo, afirmó ayer que resulta esencial que los países comuniquen y detallen "lo antes posible", planes ambicioso y creíbles de consolidación fiscal.
La presión fiscal cayó de nuevo en 2009

La presión fiscal agregada cayó en 2009 por segundo año consecutivo. Así lo defendió ayer el director general de Tributos, Jesús Gascón, que no se atrevió a cuantificar el descenso, ya que aún no dispone de todos los datos. La presión fiscal se obtiene de dividir los ingresos tributarios entre el PIB y, en 2009, la recaudación ha caído muy por encima de la actividad. Por lo tanto, las palabras de Gascón se cumplirán con toda seguridad. En 2008, la presión fiscal se situó en el 32,8% del PIB, cuatro puntos por debajo que en 2007.

Por otro lado, Gascón destacó el esfuerzo de Hacienda para cerrar convenios de doble imposición. Actualmente, se está negociando con una treintena de países. Ya existen 72 convenios firmados y, previsiblemente antes de cerrar el año superarán el centenar. Algunos de estos acuerdos se negocian paraísos fiscales y Gascón recordó que la OCDE supervisará que los pactos que firmen los territorios opacos se cumplan.

En cuanto a la Presidencia española de la UE, el director general de Tributos recordó que la propuesta para reformar la directiva del ahorro ya está encima de la mesa. Esta norma implica que los rendimientos que obtiene un no residente europeo en un Estado miembro por un depósito tributen en su país de residencia. Es decir, los intereses que un español logra por tener una cuenta abierta en Francia tributan según la legislación española. La reforma pretende extender la directiva a otros productos como los fondos y los seguros de vida. En los países de la UE donde existe secreto bancario -Austria, Luxemburgo y Bélgica- no se aplica esta ley y, en su lugar, estos Estados fijan una retención sobre los rendimientos para evitar intercambiar información bancaria.
La cifra

2,5% es el porcentaje de déficit, medido en términos de PIB, que el Gobierno ha fijado como objetivo para las comunidades autónomas este año. Por otro lado, los números rojos de los ayuntamientos no podrán superar el 0,4% del PIB.