La Eurocámara quiere poner en marcha un nueva línea de financiación para pymes

cotizalia.El Parlamento Europeo (PE) se pronunciará este martes sobre la creación de una nueva línea de financiación para microempresas. Este instrumento está diseñado para impulsar las iniciativas de los emprendedores en condiciones más vulnerables y apunta maneras para su entrada en vigor de forma urgente. Sin embargo, la dinamización empresarial de las pymes sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea (UE). Poco más de un año después de la creación de Ley europea para la pequeña empresa, el sector insiste en se ha hecho muy poco para que se cumplan sus directrices, entre las que están la reducción de las trabas administrativas y la lucha contra la morosidad.

 

El Parlamento Europeo se reunirá esta semana en Estrasburgo para discutir entre otros temas sobre la creación de un nuevo instrumento financiero para la creación de microempresas. Este instrumento debería entrar en vigor en enero de 2010 por un periodo de cuatro años. La propuesta de la Eurocámara tiene por objetivo facilitar la concesión de microcréditos a trabajadores que han perdido su empleo, o corren el riesgo de perderlo, y que quieren establecer su propio negocio.

 

Esta iniciativa otorgará préstamos de hasta 25.000 euros a pequeñas empresas de menos de 10 empleados cuyo volumen de negocios no sea superior a los dos millones de euros. También está dirigida a desempleados que quieran hacerse autónomos y no tengan acceso a los servicios bancarios tradicionales.

 

Los eurodiputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE consideran que se debe abrir una línea de financiación independiente y específica para poner en marcha este instrumento, que debería contar con un fondo de 150 millones de euros. Según las estadísticas de la Unión, el 99% de las empresas de nueva creación son PYMES, y un tercio de ellas son creadas por personas desempleadas.

 

Ley europea para las pymes, en saco roto

 

Mañana martes la Eurocámara también acogerá la presentación del informe de la Comisión Europea (CE) sobre la Ley europea para la pequeña empresa, que será presentado por el comisario de Empresa e Industria, Günter Verheugen. Hace ahora poco más de un año la Unión puso en marcha la Ley europea de la Pequeña Empresa (Small Business Act). Pero en la práctica, la patronal europea considera que las administraciones nacionales han puesto muy poco de su parte para hacerla efectiva, por lo que hay que reforzar el acceso a la financiación e impulsar la innovación. En especial, faltan acciones que permitan luchar contra la morosidad y reducir las trabas burocráticas para emprender una pequeña compañía.

 

En esta línea, durante la presidencia española de turno de la UE, que dará comienzo el próximo 1 de enero de 2010, se seguirá trabajando sobre la Ley de la Pequeña Empresa para Europa con tres prioridades: el acceso a la financiación, la simplificación administrativa y la entrada a los mercados. En materia de empleo, España asegura que prestará especial interés a las personas más vulnerables y tratará de limitar la pérdida de empleos.

 

Por el momento, España no está entre los países que más esfuerzos ha hecho para desarrollar esta ley, a excepción de Cataluña, que ya ha adoptado un plan para aplicarla. Algunos compromisos similares a la Ley europea para la pequeña empresa se contemplan en la Ley de Economía Sostenible que presentó recientemente el Gobierno. El desafío reside nuevamente en que se cumplan los objetivos que marca la regulación para superar los obstáculos que permitan la dinamización empresarial.

 

Ya a finales de septiembre de 2009 tanto el BCE como la CE constataban un empeoramiento del acceso a las condiciones de acceso a los préstamos para las pymes. En concreto, un 33% de las pequeñas empresas europeas que pidieron financiación notaron un endurecimiento de las condiciones. El resultado es fruto de una encuesta realizada a 6.000 pequeñas y medianas empresas de la zona euro. En cuanto a las causas valoradas que indujeron estos cambios, el 54% de las PYMES apuntaron el deterioro de las perspectivas económicas, el 33% al aumento de los gastos y el 32% a las garantías requeridas.