La hostelería abre el nuevo año con malos humos: pierde 1.200 millones de euros

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El cigarro de media mañana a la intemperie para comentar el partido del domingo con el compañero de oficina tendrá pronto su versión nocturna.

Si se enciende la ley antitabaco que está liando el Ministerio de Sanidad, que desterrará la nicotina de todos los locales públicos, los mismos corrillos de brazos cruzados y bocas humeantes coparán las salidas de bares, restaurantes y discotecas.

Desde luego, eso no ha tenido una gran acogida entre los hosteleros. Sobre todo, entre los que poseen locales de más de 100 metros cuadrados, que se gastaron una media de 20.000 euros en instalar mamparas y sistemas de ventilación para separar a fumadores y abstemios, tal y como indicaba la ley de 2006. En total, el sector invirtió unos 1.200 millones de euros (ver EXPANSIÓN del 15 de octubre). Un dineral que ahora se lleva el viento. O, mejor, el humo.La Federación Española de Hostelería (FEHR), a la que están adscritos unos 50.000 establecimientos que hicieron las reformas descritas, reclamó a la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, una indemnización por las inversiones realizadas cuatro años atrás. El adjunto a la presidencia de la FEHR, José Luis Guerra, reaccionó indignado ante la negativa de la ministra: "Una decisión incomprensible e hiriente", "una banalización", "un desvarío", "tirar dinero a la basura", etcétera.

El pasado día 1, Jiménez afirmó que "menos del 1% de los locales habilitó zonas especiales para fumar. La reforma se hizo en su momento. Cuatro años más tarde no se puede hacer ningún tipo de planteamiento, como se me ha hecho, de indemnización".

Tribunales
Guerra no descarta hacer honor a su apellido y llevar esta discrepancia a los tribunales. "Jiménez dice que el dinero empleado en reformas es "insignificante" , pero para un pequeño empresario, una inversión de 12.000 euros es un gasto tremendo", señala a EXPANSIÓN.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) abrió otro frente cuando, en un comunicado difundido el 15 de diciembre, evidenciaba el "escaso respeto" que los hosteleros habían mostrado hacia la primera ley con un estudio de 976 locales públicos: el 10% de las pequeñas cafeterías prohibía fumar, el 37% de los restaurantes que aislaba la zona de fumadores lo hacía en contra de la ley; y el 85% prestaba más espacio del permitido a los fumadores.

"No es cierto", replicó Guerra a la acusación de OCU. "Hay algunos locales que no respetan la ley, pero no se puede culpar al sector hostelero en general. Quienes hayan incumplido las normas deben pagar, desde luego, pero lo que dice la OCU demuestra un desconocimiento total", remató.

Autónomos
Los autónomos también tienen algo que decir. Rosario Moreno, asesora jurídica de la Federación de Autónomos (ATA), afirmó a este periódico que la nueva ley "perjudica a un sector ya muy tocado por la crisis, sobre todo a los bares de copas. Además, los locales podrían haberse ahorrado las reformas si la norma hubiese prohibido totalmente el tabaco desde un principio, cuando se aprobó en 2006".Frente a los que sostienen que el endurecimiento planteado por Sanidad disminuirá el consumo de tabaco y las enfermedades que de él se derivan, Moreno sostiene que "la educación, y no la prohibición, es la mejor vía para conseguir beneficios sanitarios".

Como es lógico, los viciados están de morros. Javier Blanco, portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia, mostró una "total oposición" al anuncio del ministerio.

Andalucía y Madrid se rebelan contra la norma
Empiezan a alzarse las primeras voces autonómicas en contra del plan "antihumos" del Gobierno. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, manifestó el miércoles que el Gobierno andaluz pedirá a Sanidad que los locales que ya hicieron las reformas pertinentes en 2006 se "libren" de la prohibición total anunciada para 2010. "Se está conformando una norma y la posición que va a llevar la Junta al Consejo Interterritorial de Salud va a ser esa", afirmó Ávila, quien agregó que la Junta espera "convencer con esos argumentos a todos lo que tengan que pronunciarse sobre el tema, como son el resto de comunidades y el Gobierno de España".

Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, aseguró el lunes que "las prohibiciones no suelen dar buenos resultados" y que la nueva ley "es una restricción a la libertad individual". Según el consejero, la reforma debe ir acompañada de "una evaluación de los resultados de la ley antitabaco" actual y de una "memoria económica que evalúe el coste" de su aplicación. La Comunidad presidida por Esperanza Aguirre tiene experiencia en oponerse a la querencia por echar a fumadores de bares y restaurantes, pero sin éxito: hace un año, el TSJM tumbó el decreto antitabaco madrileño, mucho más permisivo que la ley estatal.