Bruselas condenará a España por el céntimo sanitario que las autonomías cobran e

cotizalia.
El FROB no es el único asunto importante que España tiene pendiente en Bruselas. Según fuentes conocedoras de la situación, el Tribunal Europeo de Justicia va a declarar ilegal el céntimo sanitario que casi todas las comunidades autónomas (algunas desde 2002) cobran en el precio del combustible. El asunto va más allá de un nuevo varapalo a nuestro país por parte de la UE, ya que en teoría se podrían reclamar todas las cantidades cobradas indebidamente a los consumidores durante todos estos años.

El céntimo sanitario, llamado en realidad Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, comenzó siendo un céntimo que las autonomías cobraban  por cada litro de carburante para financiar la sanidad. Sin embargo, ahora alcanza 2,4 céntimos en toda España salvo Canarias y en algunas autonomías -Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña- llega a los 4,8.  La Comisión Europea instó al Gobierno en 2008 a suprimirlo por oponerse a la legislación comunitaria y, ante la negativa del Ejecutivo de Zapatero, presentó una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo.

Según las citadas fuentes, este recargo es incompatible con la Directiva de Impuestos Especiales, por lo que será tumbado con toda seguridad. Otra cosa es que el Gobierno busque un acuerdo político para poder mantener esta medida bajo otra fórmula, porque hay algo muy importante en juego: el modelo de financiación autonómica, que cuenta con los ingresos del céntimo sanitario.

"Probablemente, lo que harán será derogar el sistema actual y sustituirlo por un recargo autonómico al impuesto normal sobre las gasolinas, siguiendo el ejemplo del IRPF con las deducciones y los tramos regionales. Incluso es posible que Bruselas modifique la Directiva para permitirlo, pero depende del resultado de las negociaciones", explica un experto en derecho comunitario.

Una devolución de 5.000 millones

De esta forma, se salvarían esos ingresos futuros con que cuentan las comunidades según el nuevo modelo de financiación aprobado el año pasado. Pero existe otro problema muy importante: según la legislación vigente (y numerosas sentencias de los tribunales), cuando un impuesto es considerado ilegal por Bruselas, los contribuyentes que lo han pagado tienen derecho a que el Estado -o las autonomías en este caso- les devuelva las cuotas satisfechas indebidamente, aunque sólo las de los últimos cuatro años.

En el caso del céntimo sanitario, también sería así, y la cantidad que podría reclamarse alcanzaría los 5.000 millones de euros, según la patronal del transporte Fenadismer. Además, estamos hablando de un impuesto que han satisfecho millones de automovilistas en toda España, cuya devolución sería impracticable por el caos burocrático que provocaría. Ahora bien, precisamente los transportistas sí están decididos a recuperar lo pagado porque la gasolina es el principal gasto de su negocio. De hecho, ya a mediados del año pasado hubo una oleada de demandas ante los tribunales por este motivo, basadas en el expediente de la Comisión Europea, que pretendían evitar la prescripción de las cantidades abonadas en 2005.

Un ejemplo más del fracaso español en Bruselas

El céntimo sanitario es una muestra más de la desastrosa práctica legislativa española, que choca una y otra vez con Bruselas por la incapacidad de nuestros gobernantes -los actuales y los anteriores- de hacer lobby ante las instituciones comunitarias. "España nunca negocia con la Comisión y, además, aprueba leyes aunque sabe perfectamente que incumplen las normas comunitarias", según uno de los expertos consultados. "El problema principal es que casi todas las leyes importantes tienen que negociarse con las comunidades autónomas. Y bastante tiene el Gobierno con poner de acuerdo a las 17, como para encima contar con Bruselas: aprueba las normas en España, y si cuelan, cuelan", añade.

Esta forma de actuar de nuestro Ejecutivo es muy perjudicial para España en términos de imagen y de costes, porque se desperdician enormes recursos en defender cosas indefendibles que se podrían conseguir hablándolas previamente con las autoridades comunitarias.