Los técnicos de Salgado recomiendan que los empresarios paguen menos impuestos p

expansion.Mientras que el discurso oficial del Ejecutivo se mantiene inmutable, los mandos intermedios de Economía reconocen en público la necesidad de emprender reformas y de asumir recortes de gasto.

Las reticencias del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a impulsar grandes reformas en el mercado laboral suscitan recelos en el Gobierno. Desde la vicepresidencia económica crecen las voces favorables a un cambio de tratamiento en la fiscalidad que pesa sobre el trabajo. Esto es, en la carga de impuestos (vía cotizaciones sociales) que soportan los empresarios a la hora de contratar.

El subdirector general de Análisis y Modelización de Economía, Luis González Calbet, cree que “en materia fiscal no se debería desincentivar la oferta de trabajo”. España es uno de los países de la OCDE con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social más altas (el tipo es del 23,2%, el más elevado tras Francia, Italia y Hungría). González Calbet, que participó en el VII Congreso Nacional del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en A Coruña, argumentó que una rebaja de esta carga tributaria “podría tener un efecto importante en la reducción del desempleo”.

La rebaja de las cotizaciones fue uno de los baches del diálogo social este verano. En opinión de los sindicatos y el Gobierno, esta reivindicación histórica de la patronal CEOE pondría en peligro la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Pero no es la primera vez que los técnicos de Elena Salgado hurgan en esta herida.

Los ‘halcones’
El nuevo director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía, Ángel Estrada, fue coautor –justo antes de entrar en la vicepresidencia económica– del último y aireado informe del Banco de España sobre el mercado laboral. En él, además de un cambio en la fiscalidad de las empresas, se pedía una modernización de los mecanismos de revisión salarial, cambios en la negociación colectiva, las prestaciones por desempleo o en la representatividad de los sindicatos. Una batería de propuestas que se acerca a las de la patronal.

Éste no es el único problema de la economía nacional. La discusión sobre cuándo saldrá España de la crisis ha ocultado otro debate más importante: cómo lo hará. Algunos elementos de la actividad, como las arcas públicas, precisan de una operación quirúrgica a fondo para volver a surtir de confianza al resto de agentes. Entre 2007 y 2009, la Administración ha disparado el déficit en 11,4 puntos del PIB, de los cuales, 6,2 puntos, unos 62.000 millones, corresponden a gasto estructural, según Luis González Calbet.

“El crecimiento del gasto de la última década sólo es sostenible con avances nominales del PIB del 7%”, alerta González Calbet. En el departamento técnico de Elena Salgado tienen claro que “con la retirada de los estímulos fiscales no se va a resolver el problema del déficit”. Por eso, González Calbet abogó en A Coruña por “adecuar el gasto público a una situación distinta” y “discutir la capacidad de crecimiento de la economía española” porque “posiblemente no será igual”. Como tampoco será igual el músculo recaudatorio de Hacienda.

De este modo, el técnico de la vicepresidenta económica se une al coro de voces económicas y políticas que urgen un nuevo planteamiento en torno al gasto público para salir de la crisis.

Parches
España debe enfrentarse a un severo ajuste de sus cuentas públicas si quiere mantener los servicios básicos de su Estado del Bienestar. El subdirector de Análisis de Economía argumenta que existen “factores ajenos al ciclo económico”, como el envejecimiento de la población y su influencia sobre la sanidad o las pensiones, que engordarán todavía más el gasto permanente del Estado. Un déficit estructural de 62.000 millones de euros es equivalente a casi toda la recaudación anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La subida de impuestos planeada por el Gobierno, con la que espera recaudar 10.900 millones de euros, supone tan sólo una cataplasma para una fuerte sangría de gasto. “No se va a resolver por sí sólo el saldo público” sin “medidas a largo plazo”, concluye González Calbet. El diagnóstico del departamento técnico de Salgado coinciden con el de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el propio Banco de España, que insistentemente piden al Gobierno una reforma de las pensiones, el mercado laboral y su Estado del bienestar para adecuarlo al futuro.

A fin de cuentas, los ajustes reclamados llegan en un momento en el que la recaudación de las principales figuras tributarias españolas se desploman con fuerza.