cincodias.Los populares defienden un recorte del crédito de 10.000 millones La vicepresidenta Elena Salgado no tendrá que mover una coma a los Presupuestos estatales de 2010 que hace dos semanas salieron del Congreso. El PP, CiU, ERC e Iniciativa registraron ayer su veto en el Senado, lo que supone un varapalo político para el Gobierno, pero también un respiro para Hacienda.El triunfo del veto, que se formalizará con toda seguridad en el pleno de la Cámara Alta del 14 de diciembre, no será ninguna sorpresa para el PSOE. Tanto es así, que este partido se limitó a registrar ayer una veintena de enmiendas técnicas a los Presupuestos, que no podrán salir adelante. La más importante de ellas, la que concede cinco años a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que devuelvan al Estado los anticipos que han recibido a cuenta, ya está incluida en la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que ayer tarde también recibió el veto del Senado, aunque podrá ser levantado la semana que viene en el pleno.
Los argumentos expuestos por el senador del PP Francisco Utrera para vetar los Presupuestos son similares a los que su grupo defendió hace dos semanas en el Congreso. El PP considera que la actual coyuntura económica no necesita ni subida de impuestos ni aumento de gasto corriente, pues son dos variables que "influirán en el agravamiento" de la crisis.
Utrera considera que las circunstancias exigen medidas más firmes de política fiscal que prioricen los gastos públicos indispensables por sus efectos anticrisis, al tiempo que mantengan iniciativas complementarias anticíclicas, reduciendo los gastos improductivos. Dichas medidas deberían ir dirigidas a la creación de empleo y a la financiación de las reformas estructurales, mantiene.
En su enmienda de veto, el PP incorpora como elemento distorsionador de los Presupuestos el aumento en casi un 9% del gasto no financiero del Estado y recuerda que la carga por el pago de intereses de la deuda pública sufre un incremento superior al 33% en las cuentas de 2010. Tampoco está de acuerdo con la política presupuestaria que soporta el ajuste y que afecta, sobre todo, a las partidas de I+D, subvenciones al transporte, turismo, comercio y pymes, política exterior y defensa.
En sintonía con las enmiendas que los populares defendieron en el Congreso, también proponen incluir en los Presupuestos un acuerdo de no disponibilidad de gasto por importe de 10.000 millones de euros. Sólo precisan las partidas por importe de poco más de 3.000 millones donde deberían hacerse los recortes y que afectan a las transferencias de capital a empresas públicas, gasto corriente incorporado al capítulo dos y supresión de la Vicepresidencia tercera, junto a los ministerios de Igualdad y Vivienda.
El hecho de que CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa hayan decidido también dar la espalda en el Senado a los Presupuestos anticipa que éstos serán vetados y, por tanto, devueltos al Congreso en las mismas condiciones en las que salieron de la Cámara Baja para ser definitivamente aprobados antes de Nochebuena.
Freno provisional a la financiación
En medio de la zozobra política que rodea la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, el Senado decidió también vetar ayer los dos proyectos de ley que regulan la nueva financiación autonómica. El PP y CiU sumaron sus votos al veto propugnado por el Bloque Nacionalista Gallego, lo que hizo que naufragaran provisionalmente ambas iniciativas en la comisión general de comunidades autónomas de la Cámara Alta.
El Gobierno podrá superar este revés la semana que viene en el trámite de pleno ya que los grupos que ayer vetaron en comisión ambos proyectos de ley no alcanzan la mayoría absoluta. La vicepresidenta Salgado defendió las ventajas del nuevo modelo de financiación que, en su opinión, garantiza las prestaciones sociales básicas al incluir una aportación extra de 11.000 millones. No convenció a los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, que anticiparon su rechazo, pese a su abstención en el Consejo de Política Fiscal donde el Gobierno sometió a aprobación el nuevo sistema en julio.
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