España, en el punto de mira internacional: el Gobierno no puede controlar el déf

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La economía española ha vuelto a captar la atención de la prensa internacional. Los esfuerzos de España para controlar el déficit público y cumplir con los requerimientos de Europa para 2012 se ven perjudicados por la poca influencia que tiene el Gobierno central sobre el gasto, según publica hoy el diario The Wall Street Journal. Los expertos consideran que nuestro país no se recuperará hasta dentro de una década de una recesión económica que ha generado un alto nivel de desempleo, tal y como recoge  el Daily Telegraph.

 

Los ingresos del Ejecutivo español se dispararon durante los años de la burbuja inmobiliaria, pero el colapso del sector provocó una drástica reducción en los impuestos cobrados, lo que ha llevado a que las previsiones del déficit de España, que tenía un superávit del 2%, se sitúen en el 10% este año. De cumplirse, sería el tercer país con mayor déficit de la Unión Europea, en términos porcentuales, por detrás de Reino Unido y de Irlanda, según la información del WSJ.

 

El Gobierno aprobará los presupuestos el próximo sábado. Entonces dará a conocer los detalles sobre sus planes para reducir el gasto de la Administración central en tono a un 4,5% y la subida de impuestos alrededor de un 1% del PIB, para intentar contrarrestar los efectos en el gasto público que han tenido las medidas contra la crisis y el incremento de las prestaciones por desempleo. La más importante es que la factura del desempleo se convierte en la partida más importante del gasto público. Hasta el punto de que el año próximo el Estado destinará a este fin 38.876 millones de euros.

 

La Comisión Europea ha dado a España hasta 2012 para reducir su déficit al 3% del PIB, tal y como está establecido para los países de la zona euro. Pero el Gobierno –excluyendo al Sistema Público de Pensiones- tiene muy poco control directo del gasto público: tan sólo un tercio, el resto depende de las administraciones autonómicas y locales, por lo que el Ejecutivo sólo puede trazar unas líneas generales. Tal y como explica Rafael Doménech, del BBVA, “lo que los gobiernos regionales y municipales hagan es más importante” que las medidas que ejecute la Administración central.

 

Las autonomías efectuaron el 36% del gasto público en 2008 y son responsables de gestionar servicios básicos como la educación o la salud y, según el WSJ, han tenido que absorber el gasto que ha supuesto el acceso a estos servicios de los más de 4 millones de inmigrantes que han llegado a nuestro país en los últimos nueve años. Por otra parte, los municipios han visto incrementar los costes de servicios como el cuidado de niños y mayores, que deberían estar proporcionando las autonomías, hasta unos 6.000 millones de euros. Todo ello ha ocasionado que, incluso en los años de bonanza económica, las comunidades y los ayuntamientos han sufrido déficits presupuestarios.

 

El nuevo presupuesto pretende remediar este problema aumentando las transferencias con 11.000 millones adicionales entre 2009 y 2012. Pero la agencia de rating S&P ha dicho que los recursos extra tendrán poco efecto en el déficit de las comunidades.

 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido ha cumplir con el plazo que le ha dado la Comisión. Sin embargo, el WSJ subraya que Francia y Alemania han incumplido los requerimientos de la Unión Europea y no han sido castigadas y muchos economistas independientes han asegurado que el ratio de endeudamiento de nuestro país le da margen para controlar el gasto público.

 

Por otro lado, el Daily Telegraph se basa en el informe de Acuña & Asociados para destacar que la economía española  seguirá contrayéndose y que el desempleo alcanzará el 25%, una cifra comparable con la de la Gran Depresión. Según el diario, los 420 euros que recibirán los parados una vez que se les termine el subsidio por desempleo, no evitarán que se produzca una crisis social.

 

Además, según el estudio de Acuña, el 75% de las empresas constructoras dedicadas a la edificación de viviendas en España desaparecerá en 2013, momento a partir del cual la actividad comenzará a recuperarse y el sector alcanzará la mitad de su volumen actual.