cincodias.CiU abrió ayer el camino para que la Ley de Morosidad inicie su tramitación parlamentaria en la primera quincena de febrero. Esta decisión se toma una semana después de que la proposición de ley impulsada por CiU, que pretendía reducir de forma progresiva el plazo máximo de pago entre empresas hasta 60 días (en la actualidad son 90) y el pago entre empresas y administraciones hasta 30 días, fuera vaciada de contenido por el Grupo Socialista, que presentó enmiendas a la práctica totalidad de la proposición.
Esta estrategia responde, según los nacionalistas catalanes, a la necesidad del Ejecutivo de recuperar la iniciativa en la lucha contra la morosidad a través de los artículos relativos a este asunto en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
Dichas enmiendas provocaron la presentación de un recurso por parte de CiU ante la Comisión de Industria, que ayer fue retirado. El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, justificó esta decisión para no retrasar el debate del anteproyecto de ley, que de este modo iniciará su tramitación a comienzos de febrero.