El sector público tarda hasta dos años en pagar a las empresas

expansion.com              La administración retrasa aún más el pago de sus facturas. Los proveedores sanitarios sufren demoras medias de 232 días. El Ayuntamiento de Madrid abona una obra en 730 días.

La supervivencia del buen comerciante radica más en que le paguen que en vender. En plena hondonada económica y en un país de eminente raigambre morosa, los plazos de retribución de las facturas del sector público y de las empresas se han multiplicado. Se llevan la palma las autonomías y los ayuntamientos, verdaderos elefantes de piedra cuando de rendir cuentas se trata.
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No en vano, los ingresos de los consistorios se han desplomado, lo que ha colocado a las arcas locales al borde de la asfixia. Las corporaciones locales llegan a demorarse más de 800 días en el pago a las empresas con las que contratan. Es el caso de algunos pueblos de Andalucía, pero las capitales tampoco se libran.

De hecho, el Ayuntamiento de Madrid acaba de marcar un hito en los anales de la morosidad de las grandes urbes españolas, con el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid. Se trata de un imponente edificio que costará 9 millones de euros y que se irá pagando ni más ni menos que 730 días después de las certificaciones de las entregas de la obra, según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes implicadas. Esto es, como mínimo, 12 veces más tarde de los 60 días que estipula la ley.

Andalucía y Cantabria
Según el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, este edificio circular de 120 metros de altura será “un símbolo del Madrid abierto”, pero a la vez será un destacado representante del skyline de la morosidad pública.

Las autonomías también han aumentado con fuerza su retraso en el pago de facturas. El colectivo más afectado por la morosidad autonómica es el de los proveedores sanitarios. Estas empresas soportan tardanzas de hasta 485 días, como es el caso de Andalucía. Es decir, más de ocho veces por encima de lo legal.

Le siguen Cantabria (418 días) e Islas Baleares (401 días). La Comunidad Valenciana abona sus facturas 309 días después de la contratación, según los datos aportados por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). “Hay que destacar el esfuerzo de País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla, y es obligado hacer además una mención especial al caso de Galicia, [la única autonomía] que ha conseguido mantener plazos medios de pago legales de 60 días”, señalan fuentes oficiales de esta patronal sanitaria. El plazo medio en toda España es de 232 días. Nada menos que medio año tarde.

Las CCAA pagan 172 días tarde a los proveedores sanitarios, y 163 a los de la construcción

El problema es que luchar contra el gigante burocrático de la Administración Pública es una tarea propia de titanes. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a los entes públicos a pagar en 60 días. “Si no cumplen, el contratista ha de agotar obligatoriamente la vía administrativa y reclamar los intereses de demora para poder pleitear”, señala Pere J. Brachfield, uno de los mayores expertos en morosidad de España. “Al final, hasta al menos tres o cuatro años después del incumplimiento no se cobran los intereses de demora”, advierte Brachfield.

Algo parecido a lo que ocurre en la Sanidad les pasa a los proveedores de la construcción, que soportan retrasos de 163 jornadas. “Y los 223 días que tardamos en cobrar seguirán creciendo a igual ritmo que hasta ahora”, señala Luis Rodulfo, director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).

Tarde y con dudas
“Valencia y Andalucía pagan de pena”, subraya Rodulfo. “Hoy por hoy la gran duda no es ya el plazo, sino si te van a pagar o no”, se lamenta.

Hay casos excepcionales. Según Cepco, la administración central “paga bien”. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento asegura satisfacer a las constructoras de carreteras en 37 días. Eso sí, hay expertos que apuntan a una cifra mucho más alta, en el entorno de los 200 días, ya que contabilizan los reformados de las carreteras, entre otros aspectos.

La industria alimentaria no disfruta de 8.000 millones de liquidez por los impagos

El tercer sector más afectado por la epidemia de morosidad es la industria de la alimentación. Según los últimos datos del Banco de España –referidos a 2007–, el comercio de alimentación tiene un período medio de pago de 82 días, llegando a 85 días en el caso de la gran distribución.

“El desequilibrio de fuerzas” –32.000 empresas producen para un número reducido de grandes firmas de comercio– facilita que se incumplan los plazos, señalan desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). “Simplemente con que se exigiera el estricto cumplimiento de lo ya legislado, se devolvería a los sectores primarios y a la industria 8.000 millones de euros de circulante”, arguyen.

Por todos estos hechos, el Congreso ha aprobado, a iniciativa de CiU, una proposición de ley para obligar al sector público a pagar en 30 días y a las empresas en 60.

El problema es que si la ley se demora, 500 empresas proveedoras de la construcción quebrarán (antes de enero), y se sumarán a las 500 que ya lo han hecho por culpa de los impagos. En total, desaparecería el 20% del subsector, según Cepco. Todo ello a causa de los insaciables tentáculos de la morosidad.