Trabajo baraja elevar la edad legal de jubilación y bonificar más su retraso

cincodias.El paquete de actuaciones que persiguen el cambio de modelo productivo incluye, según ha anunciado el Gobierno, incentivar la ampliación de la vida laboral para asegurar el futuro de las pensiones. Trabajo afronta ahora la posibilidad de conjugar esta opción con la de retrasar la edad legal de jubilación. Dos medidas simultáneas que han caracterizado las reformas de los sistemas de pensiones que se han acometido en la mayoría de países europeosCambiar el sistema de pensiones y la posibilidad de afrontar una reforma laboral han sido dos de los principales debates económicos que han enfrentado a las fuerzas políticas y a los agentes sociales durante el último año. Hace unos días, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados que finalmente se acometerán ambas cuestiones. Aunque la decisión supone un cambio de postura sobre lo que su equipo venía defendiendo, José Luis Rodríguez Zapatero matizó el giro dado para reafirmarse en su posición original. Ni la reforma laboral rebajará el coste del despido -como reclamaban sus defensores-, ni el sistema de pensiones peligra, por lo que las modificaciones en este ámbito no serán estructurales.

"Incentivaremos la ampliación de la vida laboral", avanzó el presidente como línea maestra de la iniciativa. Poco después del apunte de Zapatero, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, recomendó, además, retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, admitió ayer que "lo razonable" es efectuar cambios para "hacer sostenible el futuro del sistema".

Y el ejemplo está cerca. La combinación de las dos medidas antes citadas conforma la columna vertebral de las reformas del modelo de pensiones que se han articulado en Europa. La bonificación a quien permanezca más tiempo en el mercado de trabajo ha sido la más común, 12 estados de la Unión Europea la han aplicado en los últimos años, según un informe elaborado por el Banco de España. Éste también muestra que la mayoría de quienes apostaron por la citada actuación adoptaron paralelamente un retraso de la edad de jubilación.

En España, la edad legal en la que se abandona el mercado laboral está marcada en los 65 años, pese a lo cual, la edad media efectiva de retiro se sitúa en los 63,5 años. El problema es que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida provocan que se dispare el número de años durante los que se cobran las pensiones, mientras que se mantiene estable el periodo de cotización. Para solucionarlo, países como Alemania han elevado recientemente la edad legal hasta los 67 años. Otros, como Dinamarca, han optado por ligar la cifra al incremento que experimente la expectativa de longevidad.

Seguir trabajando más allá de la edad límite ya es posible de forma voluntaria. De hecho, en España ya se está incentivando esta práctica en las dos modalidades posibles. Por un lado, reduciendo la cuantía de la pensión a quien abandone el mercado laboral antes de esa edad y, por otro, aumentando la prestación a los que continúen trabajando hasta los 70 años como máximo. Los expertos, sin embargo, consideran que aún hay margen para mejorar los incentivos, línea en la que, según adelantó Zapatero, están trabajando en el Gobierno.

"Si una persona se retira antes de los 65 años -puede hacerse desde los 61- se le aplica un coeficiente de reducción, una penalización, del 7,5% -o del 6% si han cotizado más de cuatro décadas- por cada año menos trabajado", explican los técnicos de CC OO. "Este sistema resulta neutro para las cuentas de la Seguridad Social", explican, "la gente paga menos tiempo las cuotas, pero cobra una prestación inferior". Sin embargo, para los que deciden continuar con su empleo, la bonificación por cada año extra es del 2% (del 3% si han trabajado más de 40 años). "Del mismo modo", continúan en CC OO, "podría aumentarse el suplemento que se les paga luego, ya que cotizan más años y recibirán menos tiempo la pensión".

"Tanto el retraso de la edad legal de jubilación como el modelo de incentivos que se plantea son reformas paramétricas, de poco calado", expone María Jesús Valdemoros, directora del departamento de Economía del Círculo de Empresarios. En su opinión, el sistema pensiones español necesita reformas estructurales que modifiquen el coste de estas rentas. "Las medidas planteadas no harían más que retrasar el problema", aduce Valdemoros. El Círculo defiende, en su lugar, que se obligue a crear un fondo individual de capitalización que complemente al sistema público.

Desde el Banco de España, cuyo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha sido uno de los principales valedores de la reforma del sistema, defienden que nuevos incentivos al alargamiento de la vida laboral retrasarían 18 meses la fecha de jubilación media. El informe de la entidad sugiere, además, otras posibles modificaciones, como la ampliación del periodo con el que calcular la cuantía de la pensión, utilizando el total de la vida laboral, en lugar de hacerlo sobre los últimos 15 años.

Propuesta al Pacto de Toledo

Aunque la decisión final quedará en manos de la Comisión del Pacto de Toledo, el Ministerio de Trabajo está preparando un documento en que incluyen las propuestas referentes a la edad de jubilación y la bonificación de su retraso, según revelan fuentes sindicales. La Comisión lleva cerca de un año escuchando a expertos, técnicos, políticos y agentes sociales, a fin de marcar el guión de las nuevas reformas que deberán acometerse en el futuro.

Pese a que el mensaje que ha venido transmitiendo el Gobierno es que el sistema de pensiones "está muy sano", lo cierto es que diversos organismos económicos nacionales e internaciones, incluso el propio Consejo de Ministros europeos de Finanzas (Ecofin) han recomendado al Ejecutivo que acometa cambios para garantizar su viabilidad futura.

El problema no es exclusivo de España. "La vieja Europa" verá cómo la edad media de sus ciudadanos asciende a los 45 años en 2025, frente a los 34 de Brasil o los 39 de Estados Unidos, destaca un estudio de La Caixa. Por, eso, el informe de la caja advierte que la mayoría de países de la UE deberá afrontar en los próximos años políticas que aseguren el futuro de sus mayores.
Un modelo con fecha de caducidad: 2030

Las cuentas de la Seguridad Social suponen una excepción a la regla y concluirán el año con un superávit de unos 7.000 millones de euros. Pese a ello, y al seguro que supone el creciente Fondo de Reserva -la denominada hucha de las pensiones- el progresivo envejecimiento de la población hace que el actual modelo de pensiones peligre a largo plazo. La fecha en que comenzará a desestabilizarse se encuentra en torno a 2030. "Queremos que el sistema sea sostenible los próximos 30 años", explicó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en Tele 5. "Este sistema no es sostenible si los activos empiezan a los 16 y acaban a los cincuenta y pico años", agregó. "Deberemos abordar cambios pensando en esa sociedad de 2030", advirtió.