Baleares cierra su sector comercial a la entrada de nuevas empresas

expansion.com.La Directiva de Servicios europea "es una de las principales amenazas para el modelo comercial vigente en las Islas Baleares". Esta alerta forma parte de la exposición de motivos de la nueva ley con la que el Gobierno insular pretende adaptar, a su manera, la norma comunitaria.

Ésta es la primera ley regional tramitada sobre la base de la norma de Sebastián

Frente al espíritu liberalizador que proclama Bruselas, el Ejecutivo del socialista Francesc Antich recuerda que "de manera reiterada y constante, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ha proclamado la posibilidad de que los poderes públicos puedan delimitar el principio constitucional de la libertad de empresa". En otros términos, no está por la labor de abrir su mercado a la nueva competencia.

El Gobierno ha apostado por una ley estatal de mínimos que evite, lo máximo posible, la disputa de poderes con las comunidades, auténticas gestoras del comercio minorista. Y la respuesta no se ha hecho esperar. La norma balear será la primera tramitada en un parlamento autonómico sobre las premisas propuestas por el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y su espíritu se aleja bastante de la liberalización prometida por el Gobierno.

No es casual que la ley balear dedique sólo 12 líneas en más de 40 páginas a la "simplificación administrativa", porque el resto es un galimatías para las empresas. Instalar un nuevo establecimiento en el "modelo comercial mediterráneo" de Baleares se antoja una carrera de obstáculos.

Se primarán asuntos como el gasto de energía, el control de emisión de gases y la contratación laboral

Hasta ahora, no se podía abrir ninguna tienda en Baleares que sobrepasara los 250 metros cuadrados en municipios de menos de 3.000 habitantes, o las de más de 1.300 metros en Palma. Estas limitaciones han sido sustituidas por un régimen de autorización autonómico "que suprime, con "carácter general", la ley de Sebastián" para los establecimientos que superen los 700 metros en Mallorca, los 400 en Menorca y los 200 en Ibiza. Es decir, impone la supervisión política a los formatos medianos y grandes.

Hasta ahí, la letra grande de la ley, porque en la pequeña, el nivel burocrático gana complejidad. El control político a la apertura de comercios tiene dos niveles: el primero municipal, porque sólo se podrán implantar en "suelo urbano consolidado". Es decir, como ocurre en la mayoría de comunidades, el planeamiento urbano será un método de limitar la expansión comercial. El segundo nivel de control es autonómico.

Las empresas, antes incluso de saber si podrán abrir, deberán presentar ante el Gobierno regional los siguientes documentos: una memoria descriptiva, con un visado colegial que especifique todas sus características, distribución y oferta; un certificado energético, que corrobore el ahorro y eficiencia del local; los planos generales con toda la distribución general de local; y la tipología de la contratación laboral y los compromisos con colectivos de difícil inserción.

Después, una Comisión Interadministrativa valorará el proyecto, dando prioridad a los elementos técnicos como la incidencia en el tráfico; la contaminación acústica; la emisión de gases; el consumo de energía; la generación de residuos; la dotación de una plaza de parking por cada 35 metros cuadrados, etc.

Una comisión interadministrativa supervisará y valorará todas las nuevas aperturas

Finalmente, en el plazo máximo de seis meses y previo pago de una tasa, las empresas recibirán una respuesta. La prueba no parece fácil, sobre todo, para aquellas medianas sociedades que busquen la expansión de su negocio.

Las claves
Fusión Eroski-Caprabo
El antiguo Servicio de Defensa de la Competencia "integrado ahora en la Comisión Nacional de la Competencia" ya advirtió en 2007 de la excesiva concentración del modelo de comercio minorista en Baleares, con motivo de la fusión entre Eroski y Caprabo.

La integración de ambas empresas le otorgaba el 42,8% de la cuota de mercado de las islas. Incluso, sobrepasaba el 50% en Alcudia, Calvia y Pollensa; el 60% en Felanitx; y el 80% en Andratx. No obstante, entre las condiciones para la fusión, Competencia no incluyó desinversiones. Una nueva ley restrictiva, en Baleares o en cualquier otra comunidad, podría favorecer todavía más los intereses de los operadores ya implantados, como reitera el órgano que dirige Luis Berenguer.

Modelo mediterráneo
En Baleares hay 19.800 empresas comerciales, lo que representa el 21% del sector privado, según el Consejo Económico y Social regional. Un 45% de estas tiendas no cuentan con trabajadores asalariados y otro 45% posee entre 1 y 5 trabajadores. El tamaño medio se sitúa entre 120 y 190 metros cuadrados. La ley, por tanto, protege este tipo de formatos, que el Gobierno balear define como "modelo mediterráneo".