cotizalia.El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha empezado a pasar factura a Gerardo Díaz Ferrán tres meses después de la ruptura del diálogo social. Según consta en los Presupuestos Generales para el año próximo, las transferencias a sindicatos y empresarios por participar en órganos consultivos y consejos se reducen un 9,4%, al pasar de 5,3 millones este año a 4,8 en 2010, cuando precisamente la parte del león de esa partida va a parar a CEOE. Sin embargo y a pesar a la crisis, el Ejecutivo no ha tocado un sólo euro de las transferencias destinadas exclusivamente a los sindicatos, que se mantienen en 15,8 millones.
Resulta irónico que el Ejecutivo incluya esta dotación como una transferencia a “familias e instituciones sin ánimo de lucro” dentro del programa 291M del Ministerio de Trabajo. No aparecía ninguna familia entre los agraciados cuando el BOE publicó el pasado 28 de enero el reparto de las subvenciones. De los citados 15,8 millones, CCOO obtuvo 6,4 y UGT casi 6,1, un 80% dentro de un largo listado de casi 60 organizaciones sindicales con subvención. El reparto no variará sustancialmente en el presente ejercicio. De los otros 5,3 millones a repartir, donde entra la patronal pero los sindicatos también pican, CEOE percibió 2,1 millones de euros, por los 1,2 millones de UGT y el millón de CCOO.
Este año, al reducirse esa dotación por representación, la aportación a los empresarios quedará casi con total seguridad por debajo de los dos millones de euros. Una situación paradójica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Trabajo se dirigió a mediados de julio a patronal y sindicatos para ofrecerles un incremento sustancial en las ayudas. La propuesta del departamento de Celestino Corbacho pasaba por la creación de una mesa de diálogo que trabajara en la elaboración de una ley de participación institucional que avalara los mayores desembolsos. De paso, se daba el empujón necesario para que CEOE firmara un acuerdo en el diálogo social con el deadline del verano fijado por Zapatero a la vuelta de la esquina.
Si cabía alguna duda de las intenciones del Gobierno entonces, fuentes próximas a la negociación confirmaban recientemente a El Confidencial que el Ejecutivo no se había vuelto a mostrar tan generoso y no había vuelto a poner sobre la mesa la discusión de esa ley, cuyo impacto no sería baladí. Durante las conversaciones de julio, el Gobierno llegó a plantear la posibilidad de triplicar las ayudas que actualmente perciben los agentes sociales en los dos próximos años, hasta alcanzar los 60 millones de euros en 2011. En total, UGT y CCOO sumarán este año 14,7 millones de euros en subvenciones, mientras que CEOE apenas dos. Trabajo deslizó a la patronal que se aumentaría la cuota que del total percibe los empresarios.
Unas finanzas condicionadas
En su conjunto, la reducción de las subvenciones a los agentes sociales es del 2,3%, al pasar de 21,1 millones de euros en 2009 a 20,6 millones en el próximo ejercicio. El Gobierno hace aquí el camino de regreso, después de que para 2008 se fijara un incremento del 2% para las ayudas, que pasaron de casi 20,7 millones a los 21,1. Para este año se congelaron las dotaciones. La afiliación constituye una fuente de financiación mínima para las organizaciones sindicales, que basan sus finanzas en las subvenciones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado. No en vano, según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, sólo el 15,8% de los ocupados españoles está afiliado a un sindicato.
El caso de CEOE es difererente. Fuentes internas de la patronal explicaron en su momento a este periódico que “las finanzas de la casa son modestas, pero lo último que necesitan en este momento son más subvenciones. El 95% de nuestro presupuesto tiene origen privado. Viene de las cuotas y las aportaciones empresariales, y sólo dos millones vienen del Ministerio de Trabajo. Además, se trata de dinero que se reparte entre las diferentes organizaciones de la patronal para llevar a cabo la representación institucional. Es un dinero finalista que aquí se conoce como los institutos, ya que es el dinero que se destina a estar cuando procede en instituciones públicas”.
La ley de participación institucional ya fue planteada por Jesús Caldera en la anterior legislatura cuando estaba al frente del Ministerio. No obstante, parece que hoy las prioridades son otras. Ayer se reunieron patronal y sindicatos con el objetivo de desbloquear la negociación colectiva, sin mayor acuerdo que constituir un grupo de trabajo.Los sindicatos acusan a la patronal de bloquear 1.500 convenios colectivos. CEOE aseguraba ayer que la negociación colectiva se está desarrollando con pautas similares a las de los últimos años, con el 73% de los trabajadores sujetos a convenios colectivos cubiertos.
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