La oposición critica las irregularidades en la gestión de la clausura de la cadena.
Los costes laborales y de asesoría jurídica derivados del cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ascienden a 144,1 millones de euros, según explicó ayer el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, en la comisión de control de RTVV de Les Corts. No obstante, matizó que «habrá que esperar a su total extinción para conocer el coste del proceso».
Los grupos de la oposición criticaron que estos costes no contemplan «el precio de no disponer de una televisión pública en valenciano» y reprocharon que no se contempló la posibilidad de «redimensionar» la televisión autonómica.
Císcar afirmó que cuando se toma la decisión de cerrar «es porque difícilmente se pueden hacer más ajustes». Añadió que si no fuese así, no se hubiera «tomado la molestia de hacer un ERE, contrato programa, asumir la deuda o hacer nueva ley».
Asimismo, anunció que «muy pronto se presentará un plan estratégico del sector audiovisual, consensuado con el sector, que contemplará ayudas y medidas para que este sector pueda salir adelante».
El socialista Josep Moreno defendió que «el dinero de las nóminas durante 6 meses, de la luz, el agua y todos los gastos fijos son costes del cierre porque la empresa no produjo nada», como también lo es «la devaluación del valor del patrimonio», y explicó que todo eso suma 220 millones de euros». Además acusó al Consell de «negligencia» por tomar una decisión -la del cierre- sin tener idea del coste que iba a suponer.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, criticó el enchufismo, las irregularidades en la gestión y se preguntó si tan mal está el Consell para no disponer de los 40 millones que costaba readmitir a los trabajadores.
Ignacio Blanco (EU) denunció que al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le dio «un ataque de autoridad» y aseguró que el cierre de RTVV fue una «decisión política y tomada en caliente», pues si el motivo fuese realmente económico se sabría de antemano el coste total del cierre.
Císcar rechazó culpar a nadie, y defendió que no se trataba de 40 millones, sino que el coste por mantener abiertas la radio y la televisión era de 110 millones anuales, algo que la comunidad, hoy en día, no se puede permitir.
Fuente: agencia EFE