Los ayuntamientos se ven incapaces de hacer frente a los pagos solicitados por actividades hechas en fiestas. Su demanda se aplicaría en los actos difusores de la cultura que sean gratuitos o en los eventos benéficos.
10-05-2010 - ESTEFANIA MOLINER / Periódico Mediterráneo .- Un total de 45 de las 142 localidades de la provincia de Castellón, un 68%, están adheridas a los convenios de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que recogen la demanda a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) “de la tarifa 0 en todos los actos sin ánimo de lucro que organicen los ayuntamientos”. Una medida que “beneficiaría a las arcas municipales, sobre todo cuando estamos a punto de entrar en unas fechas en las que hay fiestas patronales y actos festivos en prácticamente la totalidad de la provincia, y que incidiría “en la difusión de la cultura, impulsando a los consistorios como difusores de esta cultura en cada uno de los pueblos”.
En estos términos se pronunció el secretario general de la entidad autonómica, José Antonio Redorat, desde donde se trabaja “en una negociación que atraviesa un momento delicado, aunque para nosotros la aplicación de la tarifa 0 en los supuestos apuntados es innegociable”. En este sentido también se pronunció la presidenta del mismo ente, Elena Bastidas, mostrando su “malestar por el retraso en la negociación, que conlleva una merma en los intereses locales y la cultura”.
Y es que Castellón no está dispuesta a pagar más dinero a la Sociedad General de Autores y Editores en concepto de derechos de autor por los actos festivos, como las verbenas, los pasacalles o los espectáculos en la calle que sean gratuitos; ni tampoco en los eventos que se realicen con fines benéficos y la recaudación se destine a ello, como matizó el secretario general de la FVMP.
OTRAS MEDIDAS // Las entidades que defienden los intereses de los ayuntamientos en este sentido también han planteado otras normas encaminadas a desgravar a los ciudadanos. Una de ellas, según explicó Redorat, es “la aplicación de una moratoria en las demandas judiciales presentadas contra los consistorios”. En la provincia, los ayuntamientos lastran cifras por actuaciones de hace 10 años a las que no pueden hacer frente. Entre ellos, destaca Benicarló, Vinaròs, la Vall d’Uixó y Ayódar. También se ha demandado una bonificación del 75% de la tarifa establecida en cada caso, para las localidades de menos de 5.000 habitantes; y del 50% para las que tienen más de 5.000.