Austeridad: los altos cargos cuestan 82 millones de euros

gaceta.

En España hay 77.000 puestos políticos. Cada ciudadano debe 566 euros por la deuda municipal. En nuestro país hay 2,6 millones de funcionarios, más de la mitad en las autonomías.
En los últimos tres años, en medio de una crisis económica que ha dejado en el paro a uno de cada cinco  españoles con posibilidad de trabajar y que ha provocado un drástico ajuste en los presupuestos familiares, el Gobierno no ha predicado con el ejemplo a la hora de aplicar el rigor en su gasto.

Durante este periodo a los máximos responsables del Ejecutivo de Zapatero se les ha llenado la boca con la palabra “austeridad”, pero la realidad muestra que  en ningún caso se ha practicado. A esto se añade la presentación de un plan de austeridad, con numerosos interrogantes, y que pretende ahorrar 50.000 millones sin más.

Los presupuestos de 2010, que según la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega están inspirados en la austeridad, han aumentado las partidas de gasto de personal un 2,3%.

El número de funcionarios no ha dejado de crecer, a medida que ha ido aumentando el paro en el sector privado,  y superan ya los 2,6 millones. Mientras, el de altos cargos supera alcanza los 409, sin que se haya producido recorte alguno con respecto a los tiempos de bonanza y sin que haya tomado ejemplo de los tímidos intentos de algunas comunidades de reducir su número y sus sueldo.

Ayudas y cargos

Los más de 400 altos cargos del Gobierno Zapatero, sin contar los asesores, cuestan 82 millones, lo que supone más de 200.000 euros anuales.

A todo este despilfarro, hay que añadir las subvenciones partidarias, excesivas y cuestionables que durante los últimos meses ha venido denunciando LA GACETA.

Los representantes políticos tampoco se han quedado descolgados de los excesos del Ejecutivo. Va a hacer un mes que terminaron las vacaciones de Navidad y nuestro Congreso no ha celebrado todavía ni una sesión plenaria. La primera tendrá lugar  ya entrado febrero y los ciudadanos cuestionan cada día más las prebendas, privilegios y chollos de los políticos.

El desmesurado gasto público poco tiene que ver con el servicio al ciudadano y con la mala gestión y la corruptela.

Absentismo

Las largas vacaciones no impiden que el absentismo sea norma habitual entre los políticos.

Las fotografías del Hemiciclo casi vacío son habituales y también las voces que piden listas abiertas. Para muchos es la única forma de acabar con una serie de desmanes que hace públicos en su libro La Casta, el periodista Daniel Montero. Entre estos privilegios se encuentra el de poder viajar a su antojo con cargo a las arcas del Estado, ya que disponen de cinco millones de euros al año para viajes en avión, tren o barco.

Aunque eso quizá no sea nada comparado con el coste de uno de los grandes vicios de nuestros políticos: los coches de lujo. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se mueve en un Audi A8 que cuesta 591.624 €. En realidad, está alquilado por la módica suma de 150.000 euros al año, (es decir, el precio de una hipoteca media) y sale, por supuesto, del bolsillo de los madrileños. El Audi es muy popular, ya que lo han elegido 14 de los 17 presidentes autonómicos.

El parque móvil del Gobierno andaluz, (con un cuarto de los parados que hay en España dentro de su comunidad), cuenta con 234 coches oficiales. Montero explica que sólo el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores que realizaron más de 850.000 kilómetros. Eso supone 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Y eso en la comunidad autónoma más pequeña de España. Por supuesto, todos esos vehículos generan multas que paga también el contribuyente y muchas de ellas con recargo.

En España hay más de 77.000 personas que viven de la política. El mayor descontrol se produce en los ayuntamientos, cuyos responsables son cargos administrativos-políticos que no legislan, sino que se dedican a administrar. Sin embargo, su capacidad de decisión sobre terrenos y urbanismo les ha convertido en poderosos funcionarios y un objetivo al que tentar. La cosa no sería tan grave si al menos gestionaran con un mínimo de eficacia, pero no debe ser así, porque cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.

Carrera política

En total hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Es decir, más de 77.000 privilegiados, contabilizando sólo altos cargos. En realidad, es tal el descontrol que no hay en España ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado. Y no sólo lo que cobran. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios en esas fechas y contribuyen a un montante total de 2.200.000 euros de gasto.

En España no existe una ley sobre los obsequios que pueden aceptar los políticos, mientras en otros países como EE UU pasan directamente al Estado. Aquí, sin embargo, hay políticos que se apropian de regalos que ni siquiera les corresponden: Carod Rovira se quedó con una lanza que un jefe indígena de Ecuador regaló al pueblo catalán.

Hacienda sólo retiene un 4,5% de las nóminas de diputados y senadores. Un régimen fiscal especial similar al de una ONG, aunque no hay nada más lejano: sin límite para las comidas de representación ni fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros. A algunos esto no les parece suficiente y se dedican a gastar el dinero público en prostitución. El concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente; el alcalde de Pinto, más de 10.000 euros en un reloj y en fiestas nocturnas.

Los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes para gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos. Por supuesto, todo libre de impuestos. La suma de estos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Cobran, además, 150 euros cada día si salen al extranjero y 120 si viajan por el país. El Congreso de los Diputados regala, además, una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que puedan viajar en taxi por Madrid. Y sus señorías también cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono.

Aunque el colmo del descontrol se encuentra en la política local y autonómica, porque cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin ningún control. Alcaldes de localidades de alrededor de 1.000 habitantes gozan de sueldos de 4.000 euros mensuales. En municipios más grandes, el sueldo también lo es: la alcaldesa de Marbella cobra más que el presidente del Gobierno. Esta semana se defendía de las críticas a los pluses de sus concejales, que suponen 73.000 euros al año.

Su salario, sumados los complementos de más de 9.500 euros, se queda en 85.920 euros, algo exagerado para un ayuntamiento que está en bancarrota. Pilar Sánchez ha defendido que se trata de trienios, algo reconocido, ha dicho, en el Estatuto de los Trabajadores.

Pagos innecesarios

La total despreocupación de los políticos respecto a la actual crisis queda en evidencia con el despilfarro del que hacen gala nuestros administradores.

La Generalitat ha sido investigada por pagar 729.000 euros en 2007 por informes superfluos  encargados a empresas cuando podía haberlos elaborado un funcionario. Y eso que las auditoras sólo analizaron 300 estudios de 2.961 que  encargó ese año. Entre ellos, un código de buenas prácticas en el sector cultural o una evaluación de la imagen del Gobierno catalán.

Los sueldos de los políticos electos cuestan a los ciudadanos 700 millones de euros anuales, la cantidad que indica Unicef para atender a las necesidades humanitarias de los afectados por situaciones de emergencia.