El BdE aplicará mano dura a las Cajas que en junio de 2010 no se hayan saneado

cotizalia.
No habrá periodo de gracia a partir de julio de 2010. Esa es la fecha tope que se ha fijado el Banco de España para que las Cajas de Ahorro con problemas de solvencia aborden su saneamiento durante el primer semestre el próximo año, bien mediante la fusión con otra u otras entidades, o a través de alguna vía intermedia como son los Sistemas de Protección Institucional (SIP), tan en boga en las últimas fechas.

De acuerdo con fuentes próximas al antiguo banco emisor, “el sector está advertido. El primer semestre del año tiene que servir para arreglar la situación de aquellas 10 a 15 Cajas con problemas que se consideran insalvables y que no pueden seguir independientes”. Quien se resista a ello “recibirá la misma medicina que Cajasur”, en palabras del gobernador Miguel Angel Fernández Ordóñez, aludiendo al ultimátum de cinco días otorgado recientemente a la caja cordobesa para que aceptara de una vez por todas su fusión con Unicaja.

La amenaza era la intervención inmediata, “un proceso complicado, peligroso y de final incierto”, según las fuentes, “que no gusta en absoluto a la autoridad de supervisión, pero con el que puede resultar imprescindible amagar para torcer la mano de quienes se niegan a reconocer su situación”. La intervención significa la convocatoria de la Asamblea General, el apartamiento del Consejo de sus funciones y la apertura de expediente disciplinario a los administradores.

Una amenaza demasiado fuerte con la que desde la plaza de Cibeles están dispuestos a “convencer” a los cajeros renuentes al cambio de estatus. Toda la filosofía del proceso está impregnada por el trauma provocado por el caso Caja Castilla-La Mancha (CCM). La cúpula del Banco ha aprendido que “el tiempo es un factor fundamental, y dejar pasar el tiempo es apostar a que se pudra el problema y se haga más difícil su solución”.

En la plaza de Cibeles no ha gustado a nadie la solución dada al embrollo de la caja castellano manchega, que ha devenido en “un ente hermafrodita, con una caja pequeña y saneada, otra más grande y quebrada y un banquito”. Se trata de evitar a toda costa repetir la experiencia. De ello se encargará la dirección general de Supervisión que comanda Jerónimo Martínez Tello, el encargado de amagar con la “medicina” de Cajasur a los renuentes y, llegado el caso, utilizar las provisiones como arma disuasoria.

Preocupación por la proliferación de los SIP

La sensación, sin embargo, es que el verdadero enemigo de los planes de un Banco de España decidido a afrontar de una vez el saneamiento del sistema financiero, condición sine qua non para la recuperación económica, no son los responsables de las cajas sino la clase política autonómica, los Gobiernos de aquellas Comunidades que se niegan a perder su cajita, concebida como un instrumento de poder. Como se afirmaba ayer en este diario, “la realidad es que los procesos en marcha en el sector de Cajas se encuentran ahora mismo paralizados por razones políticas”.

Preocupación adicional en el Banco de España son ahora las soluciones alternativas, tipo SIP, que están aflorando por doquier y que permiten, de momento, dar esquinazo a ese trauma que para tanto cajero con mando en plaza supone la obligación de fusionarse. Para las fuentes citadas “como norma general y salvo excepciones, las SIP parecen triquiñuelas para ganar tiempo, asunto que preocupa en el Banco, al margen de que, además, puedan ser prácticas de colusión de mercado, que podrían ser denunciadas, en algún caso al menos, por Bruselas”.
En el seno del banco emisor está ganando peso una corriente de opinión adversa a la proliferación de este tipo de fórmulas. ¿Un acuerdo de este tipo entre varias cajas es suficiente, por ejemplo, para solicitar las ayudas del FROB? Y ¿qué pasaría con esas ayudas si dentro de año y medio se rompieran los compromisos asumidos por las entidades firmantes de ese SIP? “En el Banco de España hay cada vez más voces alertando de los riesgos de esta fórmula”, sostienen las fuentes.