El gasto llegará al 17% del PIB, sin cambios

cincodias.
El Banco Central Europeo (BCE) ha calculado en su último informe económico el coste de la no reforma del sistema público de pensiones en la zona euro, manejando estadísticas de la agencia comunitaria Eurostat. En el caso español, si las pensiones cuestan ahora algo más del 8% del Producto Interior Bruto, dos puntos menos de lo que gasta la UE a 27, este porcentaje se dispararía hasta el 17% en el horizonte de 2060. La causa fundamental para que este coste se duplique descansa en el envejecimiento progresivo de la población, un problema que afecta de forma desigual a los distintos países miembros.

El porcentaje de población mayor de 65 años pasará en este periodo de tiempo del 17% actual al 30%, según los cálculos de los expertos. La población mayor de 80 años se triplicará. En la Europa a 27 ahora viven aproximadamente 495 millones de personas y se calcula que dentro de 20 años habrá 26 millones de personas más.

Estos mismos cálculos fijan la población en España para el año 2060 en 52 millones de personas. Ahora, cada dependiente está sostenido por cuatro que trabajan. A futuro, aumentará en un 100% la tasa de dependencia. Es decir, que cada jubilado será mantenido por dos trabajadores, lo que puede contribuir a que el actual sistema de protección social se convierta en insostenible para las cuentas públicas de España y de otros muchos países.

Según los estudios del Banco Central Europeo y de Eurostat, hay países dentro de la Unión que juegan con mayores ventajas que otros. En España, Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Holanda, Rumanía e Irlanda, el envejecimiento de la población hará que el gasto destinado a pensiones suba el 7% del PIB en los próximos cincuenta años. Habrá un segundo grupo de países en los que el coste del envejecimiento será elevado, pero estará por debajo de este porcentaje. Se trata de Bélgica, Finlandia, la República Checa, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania y Hungría. Y luego está un tercer grupo de países que afrontan con mayor desahogo este reto del gasto público ligado al envejecimiento, pues aumentará por debajo del 4% en este mismo periodo: Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia.

Del reparto a la capitalización

En el caso de los últimos países que se han incorporado a la UE opera también como ventaja el hecho de que hayan pasado de un sistema de reparto a otro de capitalización. En todo caso, todas las naciones han modificado de una u otra forma los criterios para decidir cuándo y bajo qué condiciones se accede a la pensión. Los consejos de los organismos europeos para hacer frente a este problema y conseguir un equilibrio razonable pasan por reformas de calado en el sistema de pensiones, el aumento de la productividad y el empleo y por garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En todo caso, como asegura el informe del Banco Central Europeo de enero, el mayor crecimiento económico es el que puede disolver los cuellos de botella que aparecen cuando se mira al futuro en el ámbito de la protección social.

Consenso político

La reforma del sistema de pensiones no tiene demasiados secretos, aunque sí encierra problemas si se afronta sin consenso político. Este es el sentir general en la mayoría de los países, no sólo en España, algunos de los cuales han ensayado ya incentivos a la prolongación de la vida laboral y al fomento de la natalidad. En el primer caso, la Comisión Europea ha lanzado propuestas como, por ejemplo, extender la vida laboral hasta los 70 años ampliando la dotación de las pensiones, una oferta que puede resultar atractiva dependiendo de cada profesión y, sobre todo, teniendo en cuenta que la esperanza de vida, al menos en la zona euro, va a ser cada vez más elevada.

Esperanza de vida y 'cheques bebé'

Se calcula que en los hombres va a pasar de los 77 a los 85 años y en las mujeres de los 83 a los 89, según pone de manifiesto el informe del Banco Central Europeo. Para aumentar la tasa de natalidad también se han adoptado algunas decisiones, algunas de ellas de dudosa eficacia. Países como España han recurrido al llamado cheque bebé, dotado con 2.500 euros por nacimiento.

Cobertura de dependencia

Los países escandinavos van más avanzados en este terreno, pues siempre han practicado políticas que han posibilitado mantener índices de reposición de natalidad suficientes como para que la población activa esté en condiciones de atender una cobertura de dependencia adecuada. Además, han desarrollado una política de servicios sociales que posibilita la conciliación y por eso estos países tienen tasas de actividad laboral femenina prácticamente iguales a la de los hombres. El informe de enero del BCE compara el momento de la zona euro y el de Estados Unidos. En la primera, los derechos devengados por pensiones supusieron en 2008 4,8 billones de euros, lo que representa el 80% de la renta bruta disponible de los hogares o el 11% de los activos de los hogares mantenidos principalmente en fondos de pensiones. En EE UU, los seguros de vida y los activos por pensiones alcanzaron en 2008 los 10,4 billones de dólares, lo que se corresponde con el 98% de la renta bruta disponible de los hogares americanos o en torno al 16% de los activos de los mismos.
El Fondo de Reserva, un seguro sólo efímero

Desde el año 2000, España cuenta con un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, y nutrido del superávit que atesoran las cuentas del sistema al cierre de cada año. Con la inminente inyección de otros 2.000 millones de euros, el fondo alcanzará los 62.000 millones de euros. Un colchón monetario destinado a cubrir el pago de las pensiones en el hipotético caso de que la Seguridad Social incurra en déficit, cosa que no ha ocurrido. De hecho, las cuentas del sistema han demostrado una fortaleza única, conservando un superávit del 0,81% a cierre de 2009 (8.500 millones de euros).

Un margen, sin embargo, que ya se ha visto reducido por la recesión y que podría seguir resintiéndose. Por eso, si a comienzos de 2009 el Ministerio de Trabajo aseguraba que el actual sistema de pensiones mantendría el equilibrio hasta 2025, la Seguridad Social admite ahora que la crisis podría acelerar el proceso, haciendo que entre en déficit en 2022.

Una fecha ya apuntada por el ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, en la presentación del informe de pensiones de Unespa, patronal de las aseguradoras. Sea en esta o en la anterior fecha, desde Trabajo estiman que la hucha de las pensiones garantizaría cinco años más de equilibrio desde la aparición del déficit, por lo que en todo caso, el modelo en vigor caducaría como tarde en 2030.

Incrementar dos años la cotización, y en consecuencia, reducir otros dos la percepción de las pensiones, ahorraría al Estado unos 16.800 millones de euros anuales, según cálculos de este diario. Semejante reforma, calculan en la Seguridad Social, garantizará las pensiones por otros 40 ó 50 años, informa J. Portillo
Hacia la separación de fuentes

Uno de los objetivos desde hace años es la separación de fuentes de financiación. El complejo sistema actual implica que las cotizaciones sociales sirven tanto para financiar las pensiones contributivas como las asistenciales y las mínimas. La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ordenó al Gobierno la paulatina separación de fuentes, de forma que las cotizaciones sirvan sólo para financiar las pensiones contributivas mientras que los llamados "complementos a mínimos" (aportación adicional que se hace para que algunos colectivos alcancen la pensión mínima sin haber cotizado para ello), lo hagan mediante el Presupuesto estatal, es decir, vía impuestos.

En 2009, último año cerrado, estos complementos a mínimos aún son financiados por cotizaciones en un 60%, mientras que las aportaciones del Estado cubren el 40% restante.

La separación de fuentes permite un sistema saneado en el que cada pensión tiene un origen claro de su financiación sin que se produzcan atajos como hasta ahora. El mandato del Pacto de Toledo sitúa el año 2013 como el último ejercicio en el que deben estar separadas completamente las fuentes de financiación.