El Gobierno valenciano desobedece a Montoro y se expone a ser intervenido

El Gobierno valenciano exigirá al Ministerio de Hacienda 230 millones de euros en compensación por la implantación del impuesto estatal sobre depósitos bancarios, aprobada el pasado viernes, que anula los impuestos autonómicos.
 
Se trata de un órdago más de Alberto Fabra a Montoro, quien no cuenta a Valencia entre las tres comunidades a las que debe compensar con unos 400 millones en total por tener este impuesto antes que el Gobierno.

Lo cierto es que la Generalitat tiene su impuesto en vigor desde el pasado 1 de enero, lo está cobrando -67 millones en el primer cuatrimestre- y ha rechazado la petición expresa del Ministerio de retirarlo, realizada el pasado martes en la primera reunión de la comisión bilateral creada para evitar llegar al Tribunal Constitucional.
 
Fabra ha decidido quemar todas sus naves en los 10 meses que quedan de legislatura, ante la evidencia de que con el actual modelo de financiación autonómica su Administración es inviable y el PP está abocado a perder la Generalitat.

En Valencia se habla abiertamente de la posibilidad de ser intervenidos, situación que el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, considera que sería "un error tremendo". Sin embargo, no va a hacer nada por evitarlo porque considera que ha cumplido con creces sus obligaciones hasta "tocar hueso" en el recorte de gasto, y afirma que es Montoro quien no cumple su promesa de reformar el sistema de financiación autonómica.


Plan de estabilidad sin recortes

De hecho, a pesar de la reciente advertencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, instando a Moragues a realizar nuevos ajustes porque se está desviando del objetivo de déficit, la Generalitat ha presentado al Ministerio un nuevo plan de estabilidad financiera (PEF) para 2014 que no prevé recortes y fía el cumplimiento del objetivo del 1 por ciento a una transferencia extraordinaria del Estado, no retornable, de cerca de 1.000 millones de euros.

Esa cantidad en relación al PIB valenciano equivale a un 1 por ciento de déficit, es decir, que si no llega, la Comunidad Valenciana terminaría el año con un desfase presupuestario del 2 por ciento.
 
Pero Valencia no solo no recorta, sino que acaba de reinstaurar los complementos y sexenios que quitó en 2012 a unos 15.000 empleados de Sanidad y Educación y se dispone a inaugurar un hospital en Llíria (Valencia), cuyas obras había paralizado. También estudia sumarse en 2015 a la rebaja del IRPF en el tramo autonómico, que no tendría una repercusión inmediata en las cuentas de la Generalitat. Todo ello, de cara a las elecciones.
 
La rebelión de Fabra viene motivada por la negativa de Montoro a cambiar el sistema de financiación autonómica después de la reforma fiscal. La Generalitat se había marcado como objetivo que entrase en vigor con carácter retroactivo el 1 de enero de 2014, pero todo indica que no estará hasta, al menos, 2016.

Fabra considera que intentar cubrir con nuevos recortes el desfase de "más de 1.000 millones" anuales entre los gastos sociales y las transferencias del Estado tendría un gran coste político para al final lo lograr el objetivo.

Por ello, el objetivo es convencer a Rajoy de que habilite un "fondo de compensación" para comunidades infrafinanciadas. Un fondo que no sea otro préstamo, ya que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) está solucionando los impagos pero ha disparado la deuda y los gastos financieros, hasta el punto de que parte de cada ronda del FLA que se aprueba la retiene el Ministerio para cobrarse intereses de los primeros préstamos.

Fuente: elEconomista