Las empresas se agrupan contra los impagos de los consistorios

La incapacidad del ico para saldar la deuda de los consistorios con las pequeñas y medianas empresas sigue amenazando con una nueva oleada de despidos.

Una piscina climatizada, un campo de fútbol de césped artificial, un edificio multifuncional con un comedor para los niños del colegio más cercano, una oficina de correos, un hotel-escuela, un teatro de gran capacidad, un aparcamiento... Para el Gobierno del PSOE del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) estas instalaciones de lujo aún no tienen precio ni fecha de pago.

Pero, por su culpa, las 264 empresas que se encargaron de ejecutar las obras y de suministrar el material ven en peligro su supervivencia y la de los 2.000 empleos directos y de los 5.000 indirectos que generan, una situación que amenza con repetirse a lo largo y ancho de España a partir del próximo otoño.

Ante la impasividad de las autoridades, estos empresarios, y muchos otros a lo largo del país, se están organizando por su cuenta con movilizaciones y encierros, impidiendo el acceso a los ciudadanos a los edificios públicos construidos con capital privado. Asimismo, han enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, y preven manifestarse ante su residencia oficial el próximo 11 de septiembre.

Las compañías afectadas en Burguillos relatan que aún siguen sin cobrar 15 millones de euros, una cifra que ascendería a 30.000 millones de euros si se cuantifican todas las deudas contraídas por los alcaldes con el sector privado. Ante las soluciones fallidas de Zapatero, la sociedad civil está comenzando a organizarse por su cuenta para intentar capear la recesión y atajar un problema en el que aún no hay atisbo de solución. Por ejemplo, la Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos (AEPIM) lleva meses pidiendo que al Plan E se sume el Plan AMA –Antimorosidad de la Administración–.

Revolución de la sociedad civil
El ex presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, reconocía que los alcaldes prefieren tener a las pequeñas y medianas empresas como acreedoras, ya que el Estado les retendría la cantidad adeudada en pocos meses por medio de la Administración Tributaria, algo que no les compensa. A pesar de estas revelaciones, los empresarios van más allá del mea culpa oficial, y acusan a los alcaldes de urdir un complot de morosos gracias a la impunidad que permite la legislación actual.

Uno de los empresarios del lobby empresarial afectado por los impagos de Burguillos, reconoce que el alcalde de Santiponce –otra localidad de la provincia hispalense– reconocía que una treintena de pueblos de la zona se han puesto de acuerdo para no acogerse al plan de Zapatero, una revolución en toda regla para boicotear los créditos impulsados por el Gobierno central.

“Entre 2005 y 2006 ya empezaron a dejar de pagar”, aseguran fuentes del colectivo. “Hemos convocado encuentros, manifestaciones y nos vamos a plantear encerrarnos en el ayuntamiento si no nos hacen caso, o incluso bloquear la entrada a los edificios públicos hasta que nos paguen”, asegura uno de los afectados por las deudas de la empresa pública Burguillos Natural S.L., que ha sido ya declarada en concurso de acreedores por la justicia. El 99% del capital de esta empresa es propiedad del consistorio y el 1% restante a la Diputación provincial.

Según los afectados, este ayuntamiento hispalense también debe dinero a los bancos, a la Seguridad Social, a Hacienda, a los empleados de la empresa pública... Los empresarios también se quejan de que las resoluciones de los tribunales no surten efecto. Por ejemplo, Real de la Jara tiene una sentencia firme que le obliga a hacer frente a sus deudas. “Pese a esto siguen sin pagar”, remacha.

La línea ICO para cubrir las facturas impagadas por los ayuntamientos ha recibido casi 600.000 peticiones, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Sin embargo, sólo el 1,3% de las pymes pudo acceder a esta forma de financiarse, ya que los alcaldes siguen teniendo aún la última palabra, según reconocen fuentes oficiales. Las promesas electorales de los alcaldes han reventado la burbuja del sector público.

¡No puedo más!
“¡No puedo más!” Con esta expresión concluye una carta que ha recibido el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de uno de los empresarios que están sufriendo los incumplimientos de los ayuntamientos. “Como ciudadano, pequeño empresario (nacido de cero y en el seno de una familia de trabajadores) con ilusión de trabajar y seguir creciendo, solicito una ayuda urgente para el cobro de lo, que en justicia, es de esta empresa y sus trabajadores”, explica uno de los empresarios afectados. Griñán considera que no es un asunto de su competencia.                         expansion.com