Eleconomista.- El análisis: ¡Qué vergüenza! El paro ya alcanza cifras de 'admiración'.
Las previsiones optimistas que anunciaban un leve descenso del desempleo en el segundo trimestre del año no se han cumplido: según la EPA, el paro ha aumentado en 32.800 personas a pesar de haberse creado en el período 82.700 puestos de trabajo, lo que indica que el sistema económico no es capaz de absorber el incremento vegetativo de la población activa.
Las cifras globales -4.645.500 parados- son insoportables, e impropias de un país desarrollado. E indican que el estallido de la burbuja inmobiliaria, que está en el origen de un porcentaje relevante del desempleo global, no ha dado paso a otras actividades empresariales capaces de permitirnos recuperar el pulso.
Lo grave del caso es que nada indica que estemos cerca de punto de inflexión. Más bien al contrario: el ajuste de 15.000 millones de euros y las políticas generales de austeridad impuestas tanto al poder central -que ha reducido y retrasado muy significativamente la inversión pública- como a los autonómicos, consecuencia de la controvertible decisión de Bruselas de acelerar brutalmente la convergencia hacia la estabilidad presupuestaria, podrían devolvernos incluso a una situación de recesión.
De hecho, no se espera que el crecimiento económico sea significativo en el segundo semestre del año. Por añadidura, los ajustes que se han impuesto los países "grandes" de la UE -Alemania ha decidido someterse, sin verdadera necesidad para ello, a una reducción del gasto de 80.000 millones en tres años- dificultan el despegue de nuestro sector exterior, ya que ha caído la demanda de nuestros principales clientes.
Despilfarro autonómico
Llegados a este punto, habría que preguntarse si se está haciendo desde el gobierno, desde las instituciones en general, todo lo posible. Ciertamente, y puesto que no quedaba más remedio, se ha arbitrado el ajuste, que ha impuesto severos sacrificios a funcionarios y pensionistas y que tendrá su continuidad en los Presupuestos próximos.
Sin embargo, no se advierte que haya cambiado la mentalidad de los gestores públicos, ni que se hayan acometido suficientes recortes en las burocracias y en los gastos superfluos. Rajoy aportó esta semana un dato significativo e indignante: las comunidades autónomas mantienen más de 180 embajadas en el extranjero, sin contar las representaciones de unas comunidades en otras (todas tienen sede en Madrid).
No hace falta decir que de momento no se ha considerado ni un solo recorte de este despliegue. Y la reforma administrativa a la baja que está llevando a cabo el Gobierno no pasa de simbólica: no ha habido un auténtico recorte, ni siquiera en los Departamentos que están en realidad vacíos de contenido después de la descentralización que ha provocado la formación del Estado de las Autonomías.
Ineficiencia política
No hay mayor enfermedad en un país desarrollado que la lacra del paro. Familias arruinadas, jóvenes sin oportunidades, mayores con experiencia aparcados en una esquina porque sus sueldos son insoportables para empresas que no crecen porque el entorno económico es mustio.
En España, actualmente, la cifra de paro entre los jóvenes oscila el 40%; en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía roza el 30%.
Los datos, vergonzosos, incomparables con cualquier otro país desarrollado, aunque haya sido más golpeado de manera directa por la crisis, habla de la gravedad ya no solo de la ineficacia de este Gobierno, sino incluso de la mentalidad que ostenta y exporta.
Mientras la nueva generación de españoles intenta sobrevivir entre el mileurismo y el paro y el resto de sectores de población directamente dañados por la crisis busca subsistir "tirando" como puede de subsidios y economía sumergida, la evidencia es clara y huele a tomadura de pelo.
¿Un nuevo sistema caciquil?
Parece como si se quisiera hacer extensivo el esquema caciquil del siglo XIX y exportarlo de determinadas regiones a toda España: la paz social se compra a cambio de un mero "flotador" que permita no caer en la miseria pero, en aras de eso, sacrificamos el futuro y el desarrollo.
Que nuestros jóvenes puedan progresar, tengan acceso a mejores puestos de trabajo, potenciar la investigación y apoyar a las pequeñas y medianas empresas que recojan el testigo de aportación al PIB que ha perdido, por ejemplo, el sector de la construcción.
Y que en general, consigamos transformar un país que tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo junto con una de las tasas de productividad más bajas en un país 'normal'.
Demasiados costes políticos
Sin embargo, corregir estas 'anormalidades' posiblemente tendría un coste excesivo: a priori, para el propio Gobierno, que sobrevive con un cuadro macroeconómico que causa vergüenza ajena en el exterior -se ha dicho muchas veces, si Zapatero o Salgado fueran directivos en el sector privado, hace mucho tiempo que estarían en la cola del INEM-.
A posteriori, para el global de la clase política: habría que buscar un relevo a estos 'Zapateros' y 'Rajoys' que ya por no aparentar, no aparentan ni que trabajan.
Pero, a fin de cuentas esto es España: que nada cambie, que todo siga igual. Que no exista el relevo. Y que cuando en 2016, tras haber perdido seguramente en el camino a un par de generaciones de licenciados, doctorados y posdoctorados brillantes que tendrán que sobrevivir más que vivir, se repita el ciclo.
Una casta política mediocre
Que vengan los relevos "naturales" de esta casta política mediocre y que todo permanezca de la misma manera: buscando el voto fácil, 'alimentando' a los satélites habituales de perpetuación del poder -como a esos sindicatos que representan sólo al 20% de los trabajadores y que convocan huelgas con la misma capacidad de programación que un ejecutivo convoca una reunión o los grandes focos de poder político autonómicos-.
Las reformas estructurales -la laboral está en candelero- se acometen con una tibieza impropia en una situación de verdadera emergencia nacional. La Ley de Economía Sostenible, que incluía un catálogo de medidas poco coherente pero sin duda útil, está en el limbo. Y la incapacidad de los partidos para conseguir consensos valiosos, que antepongan el interés general a los electoralismos rampantes, constituye una desgracia para este país, que ha de ser imputable a la incapacidad y a la mediocridad de una clase política incapaz de estar a la altura de los tiempos.
Es desesperante, en fin, comprobar que la escasísima confianza que inspira este gobierno no sea mucho menor que la inspira el principal partido de la oposición. Con estos mimbres, es claro que tendremos que ser los ciudadanos quienes salgamos por nuestro propio pie del atolladero.
Y es lamentable y bochornoso que sea así: a fin de cuentas, a estos políticos les pagamos -mucho- para que resuelvan estos problemas. Y no lo hacen y ahí siguen: ¿cree usted que seguiría cobrando en su empresa pese a no hacer bien su trabajo... o haciéndolo rematadamente mal?
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