Salgado cede ante Blanco y las constructoras: el Estado asume más riesgo para sa

cotizalia.La banca no financia la obra pública. Y el Gobierno quiere desatascar el grifo del dinero aunque sea a costa de disparar su riesgo. El anteproyecto de ley que regulará la financiación a las empresas concesionarias de obras públicas, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, no sólo otorgará avales del Estado para tranquilizar a los bancos en los créditos a las constructoras, sino que al tiempo permitirá a éstas titulizar la deuda contraída como vía de financiación. Estas opciones eran excluyentes en el borrador manejado hasta última hora por Economía. Sin embargo, las presiones de las constructoras y de José Blanco, con un plan de 15.000 millones entre manos que necesita cash, parecen haber calado en el Ministerio de Elena Salgado.

“En Economía tienen miedo a un credit-crunch como en el sector inmobiliario. Titulizar no deja de ser agrupar esa deuda en paquetes y vendérsela a inversores institucionales pero, en este caso, con la garantía de la Administración del Estado por un período de tiempo. No es una fórmula que esté muy extendida en España, pero ahora puede cuajar y tiene sus riesgos”, explican fuentes del sector. En román paladino, el Estado no sólo tendrá que responder ante la banca en caso de impago por parte de la constructora, sino ante quienes se hagan con los títulos respaldados por los derechos de cobro de la infraestructura. La preocupación de Salgado no es baladí: los avales que se ejecuten engrosarán su malherido déficit público.

A Blanco le preocupa menos el déficit. Tiene otros motivos de inquietud. La licitación de su Ministerio ha caído hasta septiembre un 45,7%, según las cifras de la patronal Seopan, tras pasar de 9.312 millones en 2008 a sólo 5.052 en el presente ejercicio. La banca no asume los riesgos que tomaba hace apenas dos años y frena el ritmo de los proyectos, un parón que al final afecta a los concursos que se convocan. Es más, en los últimos meses más de uno se ha declarado desierto. Un escenario que puede poner en jaque su proyecto estrella, el nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras, que nace con una dotación de 15.000 millones. Sin los bancos, será papel mojado. Y el inquilino del Ministerio de Fomento no se puede permitir semejante fiasco.

La primera medida que corteja Blanco es que el Estado garantice un pago mínimo al promotor que acometa una obra bajo el modelo de peaje en la sombra y que depende de la demanda. Si no se alcanzan las previsiones, el Ejecutivo complementaría los ingresos y sería compensado en los ejercicios siguientes, cuando la concesionaria obtenga beneficios. "Los pliegos de seis autovías de primera generación que saldrán a concurso en 2010 podrían beneficiarse de este nuevo modelo" explicaba recientemente a El Confidencial José Díaz-Caneja, director gerente del Foro PPP, que promueve la colaboración público-privada. En esta línea, el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprueba hoy recoge que las operaciones de crédito “podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos”, según reza uno de los últimos borradores. No se precisa el porcentaje que podrá avalarse, una de las claves para el sector.

Avalar el 80% de la deuda

“Contamos con que sea un aval parcial, pero para satisfacer a la banca debería alcanzar el 80% de la deuda contraída, como están haciendo países como Francia o Australia con sus infraestructuras. No está muy claro cómo pueden responder las entidades financieras si se les plantea un aval de, por ejemplo, sólo el 40%. Puede ser una ayuda si al tiempo se puede hipotecar la concesión, pero…”, esgrimen fuentes del sector. En el borrador que manejaba hasta hace unos días Economía se decía que “no podrá concederse el aval si el concesionario de obras públicas ha constituido una hipoteca sobre la concesión o si los derechos del crédito (…) se han incorporado a créditos negociables”. Según fuentes conocedoras del nuevo texto, esa restricción se ha eliminado.

En todo caso, sí se mantiene en el documento un límite al importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse: se queda en el 80% de las inversiones previstas en la concesión. Del mismo modo, los concesionarios tendrán que aportar un volumen de recursos propios que alcance al menos el 10% de las inversiones que se vayan a realizar. Más allá de estas exigencias, la otra de las preocupaciones que recorre el sector es el procedimiento que seguirá el Ejecutivo para conceder esos avales del Estado. “Está claro que no va a haber para todos y el anteproyecto no fija los criterios de concesión. Será un proceso selectivo en el que decidirá el  Consejo de Ministros”, subrayan estas fuentes.