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El Gobierno hizo ayer saltar por los aires su propia reforma de pensiones. Tras remitir a Bruselas su propuesta sobre qué teclas estaba dispuesto a tocar para garantizar la sostenibilidad del sistema público, finalmente Moncloa decidió apretar el detonador y borrar las medidas clave propuestas.
Al menos las borró del documento que presentó en España, pero a ojos de la Comisión Europea, lo propuesto por Zapatero sigue ahí a la hora de valorar el plan de ajuste de la economía española.
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El Gobierno, así, ha conseguido que la UE examine unas medidas que luego retiró a ojos de la opinión pública nacional logrando, eso sí, el efecto de globo sonda y de cómo reaccionarían los agentes sociales ante una reforma de las pensiones que posiblemente ya haya calculado. Lanzado el test público, ya tiene camino avanzado.
La primera de las decisiones frustradas es la de ampliar en diez años el periodo de cálculo de la pensión, esto es, elevar de 15 años a 25 años el periodo de referencia para calcular la pensión futura.
Esta novedad acercaría a España al resto de socios de la UE "donde el valor de la paga de retiro se liga a toda la vida laboral", aunque, eso sí, tiene un elevado coste social.
Según la estadística de Trabajo -con datos de 2006- sólo el 16% de los trabajadores ha acumulado carreras de cotización tan altas. De acuerdo a esta foto fija, 2.957.000 trabajadores cumplirían el nuevo requisito, sin menoscabo de que el resto pueda ir pedaleando más años en el mundo laboral y, por tanto, conseguir también llegar a esa meta en el futuro.
Mención aparte merecen los 2.470.700 empleados de jornada reducida que hay en España, y que cotizan exclusivamente por hora trabajada. Para ellos, reunir los 25 años citados conllevaría un sobreesfuerzo aún mayor, para muchos imposible.
Recorte de pagas
La segunda medida sobre las que el Ejecutivo ahora reniega, pero que Bruselas ya ha visto, es sobre otra idea polémica. La intención del presidente era elevar "en dos años", durante la década de 2020, "el número mínimo de años para obtener una pensión". Es decir, para acceder a la paga de retiro mínima contributiva habría que demostrar 17 años "y no 15 años" cotizados. De nuevo, esto pone contra las cuerdas a los individuos con carreras de cotización más débiles. De acuerdo a los datos oficiales, sólo tienen una pensión contributiva asegurada cerca de seis millones de trabajadores.
Pese a todo, según constata la redacción de Moncloa, Zapatero estaba dispuesto a explorar esa zanja lo máximo. Un objetivo loable a ojos de Bruselas, pero con más víctimas de las toleradas. El impacto para las personas que no logren alcanzar los 17 años cotizados es decisivo: de recibir una pensión contributiva media de 741,62 euros al mes, pasarían a tener unos ingresos próximos a los 336 euros mensuales, una pérdida de poder adquisitivo que los sindicatos no iban a pasar por alto fácilmente.
En las próximas horas, el Ejecutivo deberá aclarar cuál de sus tres propuestas para reformar el sistema de pensiones presentará ante la Comisión de Toledo, donde realmente se han de acordar los cambios los cambios: la presentada el viernes por Salgado (que incluía elevar la edad de retiro a los 67 años y un programa ambiguo de cambios); la enviada a la UE ayer (y que se ha analizado en estas líneas), o, si por el contrario, aún queda otra oleada de cruces de papeles, pronósticos, proyectos y «ejemplos» de cómo reformar el sistema en el futuro.
Mucha presión
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